Fidel Espinoza presenta proyecto de ley para transparentar rotulación de productos lácteos

Fidel Espinoza presenta proyecto de ley para transparentar rotulación de productos lácteos


El parlamentario PS por el Distrito 25, Fidel Espinoza Sandoval, ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca transparentar y mejorar la información hacia los consumidores de lácteos chilenos en dos aspectos centrales: cuáles están hechos con leche reconstituida –polvo más agua- y cuáles no corresponden a leche nacional, tal como se encuentra transparentado en el mercado de la carne.

El proyecto cuenta con el apoyo de diez parlamentarios de diferentes bancadas, entre ellos los socialistas Marcos Ilabaca, Emillia Nuyado y Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud; el RN Bernardo Berger; los DC Iván Flores y Daniel Verdessi; la titular de la Comisión de Agricultura, Alejandra Sepúlveda, y el independiente René Saffirio, entre otros.

Espinoza indicó que es urgente mejorar la regulación que se refiere a la información hacia los consumidores cuando se trata de leche reconstituida, ya que esa información no se contiene en la cara principal del producto ni tiene un tamaño adecuado que se pueda leer. Además, no se explica claramente al consumidor qué significa la expresión “reconstituida”. En el caso del queso laminado que se vende en Chile, no existe obligación de informar cuando la materia prima son piezas importadas que se procesan en Chile, pero su origen no es nacional,  lo que afecta la información oportuna y veraz con que debe contar el consumidor al momento de comprar el producto.

“Lo que queremos con este proyecto de ley es que se realicen modificaciones concretas al Reglamento Sanitario de Alimentos que permitan establecer como medidas obligatorias cuándo un producto lácteo es reconstituido o no, para que el consumidor pueda saber qué es lo que está comprando”, aseguró, agregando que “la idea es que en cada envase de leche o queso que se vende en supermercados aparezca rotulado expresamente su procedencia. Esta diferenciación permitirá que la leche nacional, una de las mejores del mundo, sea valorada por las plantas y su precio llegue al nivel que realmente tiene”.

El parlamentario detalló que en los últimos años aproximadamente el 30% de los productores han desaparecido, registrándose en el caso de Osorno y Llanquihue -principales zonas lecheras del país- el cierre de más de 20 lecherías. “Esta iniciativa permitirá mejorar ostensiblemente la situación crítica que hoy vive la industria lechera, donde grupos económicos mayoritarios son los que determinan los precios, afectando a los medianos y pequeños productores”.

El diputado PS afirmó que espera que en las Comisiones de Salud y Agricultura, donde será debatido, tenga un pronto trámite. “He conversado con los presidentes de ambas instancias, quienes están muy de acuerdo con esta iniciativa. De hecho,  ambos son firmantes del proyecto”, finalizó el parlamentario.

Diputado Manuel Monsalve: “Emplazamos al gobierno a colocarle urgencia a los proyectos de ley sobre infancia”

Diputado Manuel Monsalve: “Emplazamos al gobierno a colocarle urgencia a los proyectos de ley sobre infancia”


El Jefe de Bancada del PS, Manuel Monsalve, criticó al gobierno luego de que este citara a una serie de personalidades a conformar una comisión para protección de la infancia. Al respecto, el legislador Socialista dijo que “el Presidente Piñera no está haciendo bien las cosas” y agregó: “Por ello, emplazamos al gobierno a colocarle urgencia a los proyectos de ley sobre infancia que están en tramitación”.

Elñ legislador PS sostuvo que “tenemos el mayor interés de avanzar rápido en los temas de infancia. Todo Chile sabe que se requiere urgencia para resolver, por ejemplo, la situación del Sename y queremos dialogar y llegar a acuerdo. Pero para que eso suceda, las cosas tienen que hacerse bien y el gobierno del Presidente Piñera está haciendo mal las cosas, impidiendo que podamos avanzar con la rapidez que el país quiere”.

Según Monsalve, “Es difícil llegar a acuerdo cuando se constituyen comisiones cuyo principio es la exclusión. Primero, no se considera a los presidentes de las comisiones de Constitución y de Familia, de la Cámara de Diputados. Si todos sabemos que los principales proyectos para resolver los temas de infancia, que son crear el Servicio Nacional de Protección para los niños vulnerados o el sistema de atención para los infractores de ley se tramitan en estas comisiones”.

“¿Qué valor puede tener una comisión donde están excluidos los presidentes de las comisiones, donde los proyectos se van a tramitar? En segundo lugar, ¿Cómo se puede llegar a acuerdo en comisiones designadas?. Es a los socialistas a quienes nos corresponde representar en esa instancia. No le corresponde al Presidente Piñera, elegir qué socialista nos representa”, recalcó el Jefe de Bancada PS.

Frente a este escenario, Monsalve afirmó: “Quiero decirle al gobierno del presidente Piñera que no hay que perder el tiempo. En el gobierno pasado se tramitó la ley que crea el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, se impulsó el proyecto para modificar las atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y crear la Defensoría de la Niñez, que durante años, se sabe que hay que reformar el Sename y ya hay dos proyectos de ley que están el Congreso”.

“Presidente: si usted quiere demostrar preocupación por los niños y quiere mostrar acuerdos, ese acuerdo se toma en el Congreso. Emplazamos al gobierno a colocarle urgencia a los proyectos de ley y en conjunto con la presidenta de la Cámara, Maya Fernández y la bancada de diputados socialistas, estamos dispuestos a que las comisiones sesionen todos los días si es necesario para tratar estos temas con la urgencia que se requiere”, comentó el parlamentario PS.

La erradicación del lucro sí es un pilar de la reforma


Por Isabel Allende, senadora PS por Valparaíso

 

Que a una institución de educación superior se le prohíba lucrar significa que la misma no podrá retirar sus utilidades o ganancias, sino que deberá reinvertir sus excedentes en fines educacionales, siendo el principal de estos, la mejora en la calidad de la enseñanza impartida.

Desde la creación del nuevo sistema de educación superior instaurado por la dictadura, las principales regulaciones del mismo (DFL N°1 de Educación de 1980, LOCE -dictada un día antes de la vuelta a la democracia en 1990- y Ley General de Educación de 2009) han establecido la obligación de que las universidades sean corporaciones sin fines de lucro.

Entonces, si es que desde 1980 toda nuestra legislación prohibía el lucro, ¿por qué dichas normas fueron infringidas por ciertas instituciones, las que generaron utilidades y ganancias que fueron a parar al bolsillo de sus dueños? Ello porque, precisamente, los controladores de dichas universidades sin fines de lucro eran sociedades de inversionistas o grandes empresas. Por consiguiente, si tenemos controladores cuyo fin es maximizar sus utilidades, es claro que los mismos invierten en educación sólo con el objeto de conseguir sus objetivos de lucro.

De esta manera, se daba la contradicción que una corporación sin fines de lucro era controlada por otra persona jurídica que sí lo tenía, configurándose con esto un conflicto de interés. Ello abrió una puerta para que la educación superior fuera vista como un negocio para diversos “emprendedores”, trayendo consigo la proliferación de universidades de dudosa calidad, la aparición de diversas carreras que no tienen un campo laboral futuro, y el endeudamiento de miles de jóvenes.

Por esto es que no puede subvalorarse -como lo hace el gobierno de Piñera y parlamentarios oficialistas- que el artículo 63 de la nueva ley de educación superior fuera eliminado por el Tribunal Constitucional, ya que es parte del corazón de la reforma, en conjunto a la calidad y la gratuidad.

Debido al fracaso de las normas que prohibían el lucro desde antaño, la nueva ley propuso un sistema regulatorio que garantizaría la fiscalización de la misma, para lo cual era elemental que los controladores de las instituciones de educación superior no tuvieran fines de lucro, y así no generar incentivos que permitiesen que se persiga el mismo, entendiéndose por controladores, quienes tienen“el poder para asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o para elegir a la mayoría de los directivos o, designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos”.

Esperaremos el fallo del TC para saber qué pasos tomar para garantizar el término del lucro. Reponer la disposición puede ser una alternativa, mejorando eso sí, la restricción de participación de toda entidad con fines de lucro en el sistema educacional, armonizándolo con la sentencia del Tribunal. Otra opción es plantear una reforma que incluya en la carta fundamental la prohibición del lucro. A su vez, no descartamos plantear nuevamente el establecimiento de figuras penales que sancionen con cárcel a quienes retiren utilidades de las universidades, lo cual se ha realizado por años, pese a que ha estado estrictamente prohibido por la anterior legislación.

Rescatando la soberanía popular


Por Alfonso De Urresti, senador socialista por Los Ríos

Lo del Tribunal Constitucional no es nuevo. Sus fallos casi siempre terminan estando al servicio del orden político hegemónico. Como demostración ahí está su actuación frente al proyecto de reforma laboral del anterior Gobierno, donde a partir de un requerimiento de Chile Vamos declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación.

Luego frente a la iniciativa de interrupción del embarazo en tres causales, la magistratura resolvió suprimir del párrafo del artículo 119 ter el concepto “en ningún caso”, que significó ampliar la objeción de conciencia desde el plano individual al institucional, facilitando que hoy varias clínicas y hospitales hayan comenzado a negarse a ejercer esta prestación a las mujeres que lo solicitasen.

Finalmente en el caso del Sernac, a través de un control de constitucionalidad obligatorio y rutinario, declaró al margen de la Constitución las nuevas facultades de sanción y normativa que había aprobado el Parlamento, desprotegiendo aun más a los consumidores frente al comercio y las empresas.

La actual carta magna -hecha en dictadura y que en democracia aun muchos se niegan a cambiar por una nueva- genera un TC cuya principal razón de ser es aumentar el poder de los conservadores de siempre, que buscan ganar por secretaria lo que pierden en el legítimo debate democrático que se realiza en el Congreso. Salgado y Atria lo dicen muy bien al destacar que “su finalidad no es destrabar, sino entorpecer el proceso político… para impedir que se modifiquen nuestras estructuras legales más característicamente neoliberales”.

Un grupo de senadores socialistas hemos presentado un proyecto de ley que busca eliminar la facultad de control preventivo de los proyectos de ley que hoy ejerce el Tribunal y por primera vez hacer procedente la acusación constitucional en contra de sus magistrados por infringir la Constitución.

Hoy el TC ha repuesto, en los hechos, la figura de los “senadores designados”. Lo que busca nuestra moción es rescatar el respeto a la soberanía popular alojada en los representantes elegidos para integrar el Congreso.
La nueva administración ha enfatizado su interés de avanzar en acuerdos con la oposición. Pues aquí tiene la oportunidad, apoyando esta moción, de dar una señal clara de su vocación democrática y de respeto por el soberano.