Convergencia Progresista debate su propuesta económica con ministro de Hacienda en encuentro virtual

Convergencia Progresista debate su propuesta económica con ministro de Hacienda en encuentro virtual


Presidentes de la coordinación política -que integran el PS, PPD y PR- destacaron voluntad del titular de la cartera de acoger las ideas sugeridas para hacer frente a la crisis económica a causa de la situación sanitaria.

Un encuentro virtual realizado esta tarde permitió a los presidentes de Convergencia Progresista –que integran los partidos de oposición PS, PPD y PR- plantear al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, su propuesta económica para hacer frente a la crisis que está generando la pandemia de covid-19 en Chile y el mundo.

En la conversación, que fue calificada como positiva por los tres timoneles de oposición, se analizó el documento dado a conocer públicamente el viernes pasado, y que consiste en medidas concretas económicas para las familias chilenas, sus ingresos y sus emprendimientos, donde se considera, por ejemplo, un subsidio al empleo y un seguro familiar.

“La reunión con el ministro fue positiva y de ánimo constructivo. Duró cerca de una hora. Se mostró muy receptivo a la propuesta PPD-PS-PR y manifestó que hay varias coincidencias con lo que él está evaluando para un paquete adicional de medidas económicas. Le manifesté que lo importante es poner a las personas primero; es decir, cómo ayudar a quienes más sufrirán con esta pandemia; a los trabajadores, a las personas que trabajan por cuenta propia, clase media, Pymes, sin dejar de lado a grandes empresas que proveen empleos”, dijo el presidente del PPD Heraldo Muñoz.

El ex canciller agregó que “expresé que estamos abiertos a considerar diversos instrumentos y políticas públicas, y que el progresismo tiene como brújula a los más vulnerables. Hablamos de que nuestra propuesta es seria, bien fundada, y con consideraciones concretas de fuentes de financiamiento. Es decir, es la hora de hacer las cosas bien, en serio y pensando en el corto plazo sin arriesgar los plazos más largos”.”

En tanto, Carlos Maldonado, timonel del PR, agregó que “el ministro valora la propuesta que hicimos, lo dijo varias veces, que era bien construida, concreta, con medidas factibles y con la orientación correcta, que es auxiliar ahora a las personas que se han visto privadas de sus ingresos, por la crisis sanitaria y el aislamiento social. En ese sentido, ojalá que las palabras que él (Briones) ha vertido se traduzcan en medidas acordes a dicha valoración”.

“Habrá que ver los anuncios que el gobierno haga concretamente. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos propuesto medidas bien trabajadas y concretas, la hemos puesto a disposición de la autoridad económica para que las considere y ojalá las implemente. Es imprescindible que la gente que está sufriendo, que tiene menos recursos, empleos informales e ingresos más inestables, efectivamente vea que la sociedad en su conjunto, y en este caso el Gobierno, está haciendo el máximo esfuerzo”, recalcó el dirigente radical.

Finalmente, Álvaro Elizalde, presidente del PS, añadió que “lo importante aquí es que el gobierno debe asumir el desafío que implica un gasto fiscal mayor para proteger adecuadamente a las personas. Hay una situación sanitaria compleja, eso está teniendo un impacto en la economía y lo importante es minimizar los costos sociales del frenazo económico, y por eso hemos planteado cómo proteger a los trabajadoras y trabajadoras, sus ingresos, y hemos señalado cuánto cuesta cada una de las medidas que hemos planteado y cuál es la forma de financiamiento”.

“Aquí no se trata sólo de hacer una declaración genérica de principios, sino una propuesta específica, estudiada por nuestros economistas que da cuenta de nuestro compromiso social y que se traduce en concreto en iniciativas para la protección del empleo y de los ingresos, abarcar tanto a los trabajadores formales como los informales, a los sectores vulnerables, pero también llegar a la clase media”, concluyó el timonel del PS.

Convergencia Progresista presenta propuesta en materias económica y social para enfrentar crisis por Covid-19

Convergencia Progresista presenta propuesta en materias económica y social para enfrentar crisis por Covid-19


El momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida y el bienestar de todas y todos. Lo más relevante hoy, es la forma en la cual se enfrentará esta pandemia y sus consecuencias.

Sabemos que el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una recesión; no sólo en Chile, sino a nivel global, la mayor desde la segunda guerra mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda.

Sin duda, la prioridad es la salud y el bienestar de la población. Ello implica enfrentar decididamente las consecuencias de la crisis sanitaria e impedir que se agraven aún más las dificultades que el país y su gente arrastran.

Chile puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para endeudarse. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso agresiva nuestra capacidad fiscal. Son estos los momentos en que el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas.

En cuanto a la salud, se deben ocupar todos los recursos económicos fiscales que sean necesarios para masificar testeos, disponer de respiradores, proteger a los/as trabajadores/as de la salud y otorgar atención gratuita para pacientes de COVID19. 

Medidas económicas: En el ámbito económico, las medidas anunciadas hasta hoy por el gobierno son un paso positivo, pero completamente insuficiente, tanto para dar ese respaldo significativo que necesitan las personas, como para evitar la fuerte caída en la actividad económica. El programa de protección presentado hasta ahora es incompleto, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores por cuenta propia.

La realidad es que de los casi US$12 mil millones anunciados, sólo 4.500 son gasto real. O sea, un 1,5% del PIB. Estamos ante una crisis de las que ocurre una o dos veces en el siglo, por lo cual hay que actuar con decisión. Perfectamente se puede llegar a un 5% del PIB, en el entendido que esos recursos no son sólo gasto fiscal, sino que también garantías, para que la economía y en particular el sistema crediticio, funcionen.   

Proponemos un programa de rentas a toda la población que se quede sin ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y los trabajadores de Chile y sus familias.

Las personas primero: En primer lugar, nos preocupa que todos/as los/as trabajadores/as (formales e informales) queden cubiertos con un ingreso mensual digno. Para lo anterior, proponemos las siguientes medidas: 

El Estado de Chile es el único en condiciones de aportar recursos a todas las personas que han perdido sus ingresos normales. Ello podrá hacerse a través de dos vías:

  • Un seguro familiar. Este beneficiaría a todas las familias cuyos ingresos provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato de trabajador/a de casa particular. El aporte será proporcional al número de integrantes del hogar: $126.000 por cada miembro. Dado que la familia promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas recibirían sería de $390.000 al mes. Estimamos que alrededor de 1.700.000 hogares deberían recibir el seguro familiar, por lo que su costo mensual sería de US$ 790 millones aproximadamente. Para acceder a este seguro, las familias deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares (ya cubre al 74% de la población), y así constatar que ningún miembro de la familia tiene un trabajo formal (exceptuando trabajo de casa particular). El seguro será preferentemente recibido por la mujer del hogar en cuestión y distribuido por BancoEstado a través de la cuenta RUT.
  • Un subsidio de desempleo. En línea con lo propuesto por el gobierno, deben aportarse ya los US$ 2.000 millones para que todos/as los que pierdan o vean suspendido su trabajo formal, mantengan su ingreso, de acuerdo con las reglas de este seguro. Adicionalmente, proponemos que el Estado complemente con recursos del subsidio de desempleo los niveles de ingresos de los trabajadores en las empresas que, por razones justificadas y con acuerdo de sus sindicatos, no puedan pagar la totalidad de sus salarios durante la emergencia.

Contribución del sector privado: Es indispensable que durante este período de estrechez económica las familias no deban destinar sus ingresos al pago de deudas o servicios de utilidad pública. Algunas de estas empresas ya han accedido a postergar sus cobros. Es indispensable que los bancos sigan el mismo camino, de manera uniforme, postergando el pago de deudas para todos sus clientes sin cobro de tasas adicionales.

Precios y Tarifas: Además de asegurar el ingreso económico a los/as trabajadores/as, se deberá resguardar lo siguiente:

  • Cuando sea necesario, establecer de manera transitoria la fijación de precios de alimentos y bienes básicos y esenciales. 
  • El gobierno debería considerar ampliar medidas de distribución (como las de JUNAEB), o establecer programas de vales de alimentos como existen en otros países que operan en forma descentralizada, y que protegen a las familias de las alzas de precios.
  • Congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, incluyendo internet. Asimismo, instamos a que las compañías de acceso a internet puedan rápidamente movilizar infraestructura y recursos para dar mayor acceso a quienes aún no pueden estar conectados.

Para asegurar lo anterior, se hace indispensable tener una relación coordinada, directa y transparente desde el nivel central hacia el nivel local. La acción municipal será clave para implementar los planes especiales de apoyo hacia las personas. 

Financiamiento: El costo de las dos medidas señaladas al inicio, sumadas, alcanza, aproximadamente, a 1,9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de seguro familiar. Si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2,58 puntos del PIB), monto completamente financiable con los recursos que el Estado dispone o puede acceder. Bastaría con asignar menos de la mitad de lo disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, consideramos conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento, entre los que se encuentran la adquisición de deuda externa, la venta de bonos del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio constitucional) y la reasignación presupuestaria.

PYMES: Es necesario crear condiciones para que la banca otorgue facilidades efectivas a las PYMES y empresas afectadas, no sólo para la renovación de sus créditos, sino que también para la ampliación de esos créditos. 

La banca debería ofrecer créditos considerando, al menos, 120 días de gracia, con tasas de interés de entre el 0,5% a 1% y con un plazo de pago de, a lo menos, 48 meses. A su vez, deberá considerar la reprogramación de créditos sin el cobro de intereses, de un mínimo de tres meses, lo que podrá ser extendido en caso que se prolongue la crisis. 

La banca tiene el deber social de reaccionar rápidamente para que el crédito llegue efectivamente a las miles de empresas que lo necesitan.

Se debe considerar la creación de un fondo de garantías gigantes (tipo FOGAPE) que permita garantía estatal cercana al 85%.

Estamos en un momento crucial donde se requerirá una implementación administrativa eficaz. Desde el progresismo estamos dispuestos a colaborar para que los planes se ejecuten en la práctica en el menor tiempo posible.

Finalmente, Chile debe contar con un plan contundente que responda a las necesidades de las personas pensando en los difíciles momentos que no sólo nuestro país está viviendo, sino que el mundo entero. Nos comprometemos a apoyar un plan semejante al propuesto, con sentido de unidad nacional.

Heraldo Muñoz

Presidente Partido Por la Democracia

Carlos Maldonado

Presidente Partido Radical

Álvaro Elizalde

Presidente Partido Socialista

Santiago, 03 de abril de 2020

Presidente del PS: “Nos opondremos a toda iniciativa que implique impunidad en derechos humanos”

Presidente del PS: “Nos opondremos a toda iniciativa que implique impunidad en derechos humanos”


El senador Álvaro Elizalde denunció que “el Gobierno pretende legislar de contrabando, aprovechando la emergencia generada por el COVID-19, para consagrar la impunidad en delitos de lesa humanidad en nuestro país”. 

El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, criticó la propuesta de Sebastián Piñera para ordenar a la coalición de Gobierno ante el rechazo de la ley de indultos por parte de parlamentarios de Chile Vamos.

Al respecto, Elizalde señaló que “el Gobierno pretende legislar de contrabando, aprovechando la emergencia generada por el COVID-19, para consagrar la impunidad en delitos de lesa humanidad en nuestro país”.

“Sebastián Piñera ha tenido serias dificultades para ordenar al oficialismo que, en los hechos, se ha transformado en un sector obstruccionista que ha impedido que se avance más rápido en la aprobación de iniciativas fundamentales para enfrentar la emergencia”, aseguró el senador por el Maule.

“El proyecto de indultos siempre contempló que las penas alternativas sólo se aplicarían a los grupos de riesgo, excluyendo los delitos más graves”, recordó Elizalde, agregando que “para enfrentar el desorden del oficialismo, liderado por sectores nostálgicos de la dictadura, el Gobierno ha resuelto ahora promover la impunidad en nuestro país”.

“Los socialistas nos opondremos a toda iniciativa que implique impunidad en derechos humanos”, finalizó el timonel del PS.

Declaración de senadores socialistas frente al anuncio de Piñera de postergar hasta noviembre alza de planes de isapres

Declaración de senadores socialistas frente al anuncio de Piñera de postergar hasta noviembre alza de planes de isapres


La bancada de senadores socialistas reitera lo que manifestó el día de ayer: “el gobierno, en uso de sus facultades extraordinarias, podía establecer el congelamiento del precio del alza en los planes de ISAPRES”.

El actuar de las  aseguradoras no ha estado a la altura en el grave contexto de la pandemia y crisis sanitaria que vive el país, nuevamente la ciudadanía percibe una agustiante sensación de abuso en su actuar.

El Presidente Piñera, en vez de ejercer las facultades constitucionales de su cargo, alcanza una modesta prórroga de 3 meses con la industria privada, después de la cual se consolidará el alza. Queda la impresión de que el interés público y el de los chilenos queda permanentemente postergado en favor del interés de lucro o, como ocurrió con la vergonzosa resolución de la Dirección del Trabajo de este gobierno que afectó a millones de trabajadores, al cariño y buena voluntad de los empresarios.

La situación de debilidad de las familias chilenas producto de esta crisis sanitaria y prontamente económica, se prolongará por un buen tiempo,  por lo que creemos que sería importante que esta postergación dure al menos un año, mientras se discute la reforma de fondo al sistema. Esta reforma más profunda ha sido vetada en su avance por el mismo grupo político que sostiene al gobierno.

Existe un criterio que los socialistas vamos a defender en todas las medidas que se tomen en esta crisis y es que el bienestar de las y los chilenos está primero. No puede el interés de lucro de unos pocos, vencer el interés público y el deber de proteger a nuestro país en estos momentos de tanta necesidad.

Es necesaria una profunda reforma al sistema de salud, que regule de buena forma al sector privado y que fortalezca al sector público, hagámoslo con calma y responsabilidad, pero no posterguemos más esta discusión. Los socialistas vamos a empujar con fuerza el proyecto presentado por el vicepresidente del Senado, senador Rabindranath Quinteros, que busca suspender por un año el alza para discutir la reforma de fondo y tratar también ahí el abuso que se produce con la integración vertical entre las clínicas y la industria, fuente inagotable de aumento de precios que deben asumir los usuarios del sistema. La reforma a las ISAPRES y a la integración vertical de sus clínicas serán el foco de la reforma de fondo. La sociedad chilena no tolera más abusos, menos en este contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Ese es el camino serio para enfrentar esta discusión.

Senadores Montes y Elizalde presentan proyecto para que Banco Central juegue rol más activo en la crisis

Senadores Montes y Elizalde presentan proyecto para que Banco Central juegue rol más activo en la crisis


Se trata de una reforma constitucional que le permitiría otorgar o financiar créditos para el Estado en caso de alerta sanitaria.

Con el fin de que el Banco Central pueda tener un rol más activo en las medidas económicas para hacer frente a la crisis generada por la propagación del Covid-19, los senadores socialistas Carlos Montes y Álvaro Elizalde presentaron un proyecto de reforma constitucional a las facultades del instituto emisor.

Montes explicó que “la iniciativa amplía las facultades del Banco Central para obtener, otorgar o financiar créditos al Estado en casos de alerta sanitaria decretada y con acuerdo del Presidente de la República como la que enfrenta el país”.

En la actualidad, el instituto emisor solamente tiene esas prerrogativas “en caso de guerra exterior o peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional”, tal como consigna la Constitución.

Montes plantea que, de aprobarse esta reforma, “sería posible que el Banco Central pudiera comprar bonos a la Tesorería General de la República y que se paguen a 20 años o más, para financiar una renta básica nacional por tres o cuatro meses para todos los trabajadores”.

 La iniciativa también fue suscrita por el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien aseguró que “es necesario responder, rápida y eficientemente, ante el grave impacto económico y social de la emergencia sanitaria, que puede devenir en una verdadera pandemia social. Esta moción permite que el Banco Central actúe para proteger el empleo, asegurando el sustento de los trabajadores y sus familias, al posibilitar el financiamiento de iniciativas como la renta básica nacional, entre otras”.