Declaración de la Comisión Económica del PS frente al segundo paquete de medidas del Gobierno

Declaración de la Comisión Económica del PS frente al segundo paquete de medidas del Gobierno


Diferentes organizaciones están emitiendo sus opiniones respecto a las políticas sanitarias y económicas de Gobierno y bienvenidas sean. Es necesario que estas opiniones sean emitidas y escuchadas. Estamos frente a una situación inédita, donde no hay verdades absolutas. Esto no lo resuelve sólo un Presidente y un par de Ministros, menos en situaciones de baja confianza del Gobierno. Se requiere de las ideas, de la acción colectiva y también, de más participación real de los directamente involucrados: alcaldes, Colegio Médico, especialistas sanitarios, representantes de trabajadores -como la CUT y otras- y de empresarios de distintos tamaños de empresa, organizaciones políticas y de la sociedad civil. Sentimos gran ausencia de aquello, como  asimismo, que pasan los días,  y se sigue privilegiando lo económico por sobre lo sanitario, sin que  se perciba un rumbo claro en las políticas, ni la agilidad requerida en la implementación de las soluciones prioritarias.

 LA ESTRATEGIA SANITARIA ES CONFUSA Y POCO ÁGIL

La dimensión sanitaria debe presidir el enfoque de la crisis por sobre lo económico, que en estos momentos debe ponerse al servicio de lo primero.   La estrategia del Gobierno -en el supuesto que exista- con la enigmática definición de cuarentenas parciales por áreas territoriales, con flexibilizaciones de comunas que entran y salen, parece errática y de gestión lenta, siendo desconocida por la población. No se sabe a que apunta. La información requerida no es transparente ni lo suficientemente abierta y disponible, especialmente para las comunidades científicas cuyo aporte en estos momentos es muy necesario para un virus desconocido a nivel global.

Existe un cierto “tufillo triunfalista” que no se condice con la realidad de los números: Chile alcanzó a 36 días de la pandemia la suma de 5.546 contagiados de Covid-19 e Italia a los mismos días tenía 3.858 contagios y sabemos adónde ha llegado. Con el agravante que ellos entran a una época cálida y nosotros al invierno.

La CEPS   frente a esta situación propone la puesta en marcha de un plan de shock estricto y ágil que a lo menos incorpore los siguientes elementos:

a) Gratuidad total de los exámenes PCR con subsidios del Estado (la información disponible actual para tomar medidas tiene fuertes sesgos);

b) Protección del personal sanitario y de todo el personal que funciona en la red de abastecimiento, con estándares básicos, a cargo de los empleadores (rol de la DT y las Mutuales);

c) Control o banda de precios de productos básicos para la crisis;

d) Reducción del uso del dinero en efectivo, fomentando las transacciones on line, complementado con la extensión de la cuenta RUT para transacciones, sin cobro por transacción por parte del BancoEstado;

e) Reconversión inmediata del aparato productivo nacional para enfrentar la producción de insumos para la crisis y de las innovaciones relacionadas (ventiladores, etc.) con el apoyo directo de CORFO, SERCOTEC y BancoEstado;

f) Fomentar la conexión on line y gratuidad temporal de las comunicaciones para sectores mas vulnerables;

g) Sanciones ejemplificadoras a transgresiones de la cuarentena, abusos de precios y acaparamientos.

h) Prever posibles situaciones de fallecimientos masivos y su gestión; e

i) Implementación de una adecuada política de ingresos, continuidad del empleo y endeudamiento. Este último tema, por el rol sustantivo que juega en la complementación de cualquier estrategia sanitaria, se trata con mayor detalle a continuación.

NO SE ESTÁ GARANTIZANDO UN INGRESO MÍNIMO A LOS MÁS VULNERABLES

 El primer paquete de medidas económicas del Gobierno ni el segundo, resuelven, adecuadamente, el sostenimiento de los ingresos de los sectores más vulnerables. El primero resuelve “parcialmente” la situación de los asalariados formales y al resto, le otorga un bono de aproximadamente $50.000 por una vez (que aún no se distribuye). En el segundo paquete se habla vagamente sobre el tema, sin precisar medidas, diciendo que se asignaran US $2.000 millones de reasignaciones presupuestarias (“desvestir un santo para vestir a otro”), presupuesto que ya está sufriendo reasignaciones por el 2% constitucional para los requerimientos del sector salud en primer paquete económico, lo que es totalmente insuficiente. El sostenimiento de los ingresos de los sectores vulnerable es es un aspecto demasiado importante en el tratamiento de las crisis para tratarlo de esa forma, además, requiere destinar recursos frescos para ello.

 Los sectores vulnerables sin una respuesta adecuada son: los trabajadores cuentan propia, los asalariados informales, los cesantes, los jubilados con pensiones precarias. Estamos hablando del orden 5, 4 millones de personas, de los cuales 1,6 millones son adultos mayores, población en riesgo.

Es preciso una política clara al respecto con: bases de una solución para estos sectores bien definidos, soluciones que sean reales, conocidas por toda la población, así como sus mecanismos de distribución. No debe prestarse para clientelismos en épocas de urgencias. Los riesgos sociales de no abordar bien esta situación son muy altos (aumento de la delincuencia, asaltos a supermercados, hambre). Es urgente, se requiere implementar ya. Este es uno de los eslabones más débiles de la estrategia.

La CEPS, como otras organizaciones, han sido insistente en una Renta Básica de Emergencia temporal para estos sectores, con base en líneas de pobreza de los hogares y su número de integrantes, usando el mecanismo de los municipios. El Registro de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, con información de aproximadamente el 80% de los hogares, posibilita hacerlo rápidamente y es una información por compartir con los Municipios para su rápida implementación.  Complementariamente, la situación de los jubilados con pensiones precarias se puede solucionar transitoriamente, concentrando los incrementos que estaban pensados para tres años en 2020 y con una ley corta que complemente transitoriamente las jubilaciones precarias autofinanciadas con APS.

Cabe señalar que otros países están destinando entre 12 y 20 puntos del PIB para enfrentar la pandemia. Chile está destinando en torno a los 2,5 a 3 puntos de recursos frescos del PIB con estos fines. El resto son reasignaciones, créditos temporales tributarios, etc.  Se puede hacer bastante más.

EL SISTEMA FINANCIERO DEBE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN Y EL ENDEUDAMIENTO REQUIERE DE SOLUCIONES REALES

Es bienvenido en el segundo paquete económico del Gobierno la presencia de recursos para engrosar el sistema de garantías y facilitar el involucramiento de la banca en la emergencia, aminorando el riesgo que debe traducirse en baja de tasas y aumento de disponibilidad de crédito. Sin embargo, produce grandes dudas la falta de resguardos en materia de tasas de interés de éste y la apertura a empresas grandes en su utilización en su utilización (hasta 1 millón de UF de ventas, la definición de MIPYMES van hasta 100 mil UF), que puede llevar a que el esfuerzo del Banco Central de bajas tasas termine en manos de grandes empresas con financiamiento barato y las MIPYMES sigan con problemas de financiamiento a tasas altas.  Las autoridades financieras y la banca deben entender que estamos en tiempos de emergencia y que no caben ciertos comportamientos para “la normalidad”.

No es lo mismo una pequeña empresa sin financiamiento, que, en quince días o un mes, quiebra; respecto a una gran empresa, frente a esa misma situación, que tiene espaldas financieras y capacidad de resistencia mucho mayor. La oportunidad, agilidad y pertinencia del financiamiento juegan un rol relevante para que las empresas puedan pasar la crisis, sostener el empleo y reemprender posteriormente.

Nuestra propuesta para incorporar liquidez y apoyo al sostenimiento y recuperación productiva se orienta:

– Segmentar por tramos de tamaño de empresa el uso de garantías con condicionantes de tasas máximas y montos de crédito, no sólo de proporción a garantizar (que es lo que actualmente trae el Fondo).

-Concentrar los esfuerzos del BancoEstado durante la emergencia en el financiamiento a MIPYMES y a personas. Que las empresas grandes usen la banca privada.

-Complementar el esfuerzo del BancoEstado (BEME) con SERCOTEC, FOSIS, INDAP para atender unidades económicas informales.

– Revisión urgente de la normativa del FOGAPE, que posibilite operaciones de refinanciamiento; y garantizar carteras en lugar de operaciones individuales para dar más agilidad al proceso, con definiciones claras de las operaciones individuales a dar cobertura (tasas y montos límites de crédito, elegibilidad, etc.).

-Estandarizar algunos parámetros de las soluciones   para todos los bancos en materia de suspensión de pagos (recalendarización: hasta cuantos meses, no recargo de tasas de interés, seguros y comisiones dos veces, etc.), reprogramaciones, repactaciones, consolidaciones de crédito de distintos orígenes y nuevos créditos, para deudas de pequeño monto. Esto facilitaría mucho el automatismo del proceso y la agilidad de las soluciones.

La banca debe entender que este no es el momento de ganar plata, sino de sostener una situación durante la emergencia, para lo cual su concurso es imprescindible.

 Los recursos para enfrentar estos desafíos están, se requiere decisión, agilidad y desapego al modelo para poder hacerlo. Es necesario entender que en una situación de pandemia como la que tenemos las limitantes ideológicas en el accionar puede significar muchas vidas de diferencia. Hoy se requiere de un Estado activo que no dude en defender los intereses de la ciudadanía y que actúe con energía frente a los abusos de quienes intentan hacer ganancias ilícitas lucrando con las angustias de nuestros compatriotas.

 ¡¡Juntos le ganamos al Virus!!!

Coordinación

Comisión Económica PS- CEPS

La situación de las mujeres en tiempos de pandemia

La situación de las mujeres en tiempos de pandemia


Las mujeres hemos estado históricamente en una situación de desigualdad, lo cual se ha traducido en diferentes ámbitos de la vida cotidiana: en el sistema laboral, educacional, de pensiones y en cuanto a las víctimas de violencia, entre otros.

En el ámbito laboral, se expresa en la precarización de sus empleos, muchos de ellos se encuentran en la informalidad y son mal remunerados, sin contratos de trabajo, sin pagos de la seguridad social y sin seguro de cesantía, entre otras dimensiones. Para el caso de Chile, el trabajo informal es del 30,4%, sin embargo, si se observa según género, 26,3% son hombres y 31% mujeres. Esto demuestra que la mayor parte del trabajo informal es femenino. Por otra parte, en nuestro país la brecha salarial en función de género sigue siendo alta, alcanzando valores por el sobre el 20%.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que las mujeres son quienes, en una proporción muchísimo mayor, desempeñan las tareas domésticas en el hogar y el cuidado de terceras personas. Es importante destacar que las personas que no están trabajando por razones familiares permanentes – por ejemplo el cuidado de un enfermo- son en un 97% mujeres.

En cuanto a las pensiones, según el último informe de la Superintendencia de Pensiones, las mujeres reciben 39% menos de pensiones que los hombres. De esta manera, la jubilación promedio de las mujeres chilenas es sólo de $176.856.

Otro de los ámbitos más complejos y desoladores es la situación de violencia que viven a diario muchas mujeres. Al menos un tercio declara haber sido víctima de violencia alguna vez en su vida. Y, en el caso más extremo, como son los femicidios, en lo que va del 2020 ya son 10 los femicidios consumados y 27 los frustrados. En esta misma fecha del año pasado eran 11 los femicidios consumados, lo cual nos comprueba que la violencia de género está lejos de erradicarse.

La desigualdad que se expresa en el ámbito laboral, de pensiones y en las víctimas de violencia demuestra sólo una parte de lo que viven las mujeres a diario. Y, todas estas desiguales se han visto acentuadas con la crisis que hoy atraviesa nuestro país y el mundo a propósito de la pandemia declarada por el Covid-19.

En el caso de los trabajadores con empleos precarios, una de las labores más invisibilizadas y que han quedado en una situación de desprotección mayor, ha sido la de las trabajadoras de casa particular. Una gran parte de ellas no tiene contrato de trabajo ni seguro social, y para proteger su propia vida, no han asistido a sus lugares de trabajo desde que comenzó la pandemia. Es indudable que el Estado debe hacerse cargo de esta situación de precariedad y desprotección que afecta en gran medida a las mujeres.

Por su parte, y en el contexto del aislamiento social que estamos viviendo, muchas personas están desarrollando otras formas de trabajar, fundamentalmente mediante el teletrabajo. Sabemos que son las mujeres quienes realizan, en mayor medida, las tareas domésticas al interior de los hogares. El contexto de teletrabajo lleva consigo la precarización de las mujeres, teniendo muchas veces que lidiar con las labores domésticas al interior del hogar, el cuidado de terceros y el mismo teletrabajo.

Finalmente, y lo más complejo de la situación de precariedad que viven las mujeres en el mundo, y particularmente en nuestro país, es la realidad de las víctimas de violencia al interior de sus hogares. El aislamiento social y el “quédate en casa”, para muchas mujeres, se ha convertido en un infierno, en la convivencia a diaria con su agresor. La ONU ya se pronunció por el aumento de la violencia doméstica ante el escenario del coronavirus e hizo un llamado a los gobiernos a mirar detenidamente el alza de las denuncias a propósito de la violencia al interior de los hogares. Ante esto, el Ministerio de la Mujer debe actuar rápido y reforzar las medidas que vayan en el sentido de proteger a las mujeres que hoy están siendo víctimas de violencia de género. Para esto, al menos, se deben tomar las siguientes medidas: aumentar la inversión en los servicios de ayuda en línea y facilitar la comunicación con las mujeres víctimas de violencia; establecer sistemas de alertas; reforzar las casas de acogida para que las mujeres no tengan que convivir con su agresor; ampliar las campañas comunicacionales dirigidas a prevenir la violencia y a informar los canales que tienen las mujeres para hacer denuncias seguras.

Los costos de esta pandemia no la deben pagar las y los trabajadores, no la pueden pagar los más pobres, no la pueden pagar las mujeres que hoy viven un infierno en el lugar que debiera ser el más seguro para ellas, sus casas. Nuestro imperativo ético mínimo es forzar a que el Estado otorgue bienestar y asegure dignidad para quienes hoy pasan momentos difíciles.

Juventud Socialista realiza diálogos sobre derechos en contexto de crisis

Juventud Socialista realiza diálogos sobre derechos en contexto de crisis


Frente a la cuarentena por coronavirus decretada en diversas comunas del país, la Juventud Socialista comenzó un ciclo de conversatorios en línea para mantener el contacto directo con la militancia y entregar un espacio de difusión a los temas que más preocupan a la población por estos días.

La primera actividad fue en torno al “Derecho al Trabajo en contexto de crisis”. En la instancia participó la abogada laboral y militante del Partido Socialista Wendoling Silva, quien durante una hora conversó con la vicepresidenta de la JS, Evelyn Pino, para resolver inquietudes de las y los militantes sobre sus situaciones laborales.

El conversatorio, que contó con más  de 100 espectadores en línea, se desarrolló en el marco del polémico dictamen de la Dirección del Trabajo en el que señalaban a los empleadores que se habilitaba la posibilidad de suspender el pago de remuneraciones, debido a que en el contexto de la cuarentena no se podía entregar el trabajo convenido.

La abogada Wendoling Silva criticó la medida y advirtió que las y los trabajadores deben estar muy atentos durante este período de emergencia sanitaria ante temas como los despidos. Por otra parte, la Juventud Socialista declaró que la determinación de la DT “se aleja totalmente de la protección que debería ofrecer el Derecho del Trabajo, poniendo el costo del abuso y el sacrificio patrimonial del lado de las trabajadoras y trabajadores de Chile”.

El segundo conversatorio abordó el “Derecho a la Salud” y contó con la participación de la ex ministra Soledad Barría, quien resolvió inquietudes de las y los jóvenes sobre prevención y cuidados ante el contagio del coronavirus. En el espacio se relevó la importancia de defender este derecho en una Nueva Constitución, que contemple un seguro universal y solidario de salud que asegure el acceso a una atención de calidad para todas las personas.

Finalmente, la ex ministra enfatizó en que muchos de los problemas sociales que deja en evidencia la crisis sanitaria, deberán abordarse en una Nueva Constitución para el país.

Los conversatorios sobre derechos en contexto de crisis se seguirán realizando durante el tiempo que permanezcan activas las cuarentenas y serán anunciados a través de las redes sociales de la Juventud Socialista.

Partidos de oposición presentan propuesta en materia económica para enfrentar el coronavirus

Partidos de oposición presentan propuesta en materia económica para enfrentar el coronavirus


Chile está enfrentando la crisis sanitaria más importante del último siglo, la que mal manejada se puede transformar en la crisis laboral y económica más grave de nuestra historia. Hoy la máxima prioridad de todos debe ser la salud de las personas y eso requiere que las familias puedan quedarse en sus casas, sin el agobio de no poder llegar a fin de mes. También es imprescindible que una vez pasada la crisis sanitaria, sus trabajos no hayan desaparecido. Eso, tal como ha sucedido en otros países, se requiere un plan fiscal proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda.

El momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas y chilenos, sus representantes y autoridades por lo que llamamos a que el Gobierno abra un diálogo franco con representantes de trabajadores y trabajadoras, asociaciones gremiales y todas las fuerzas políticas del país, con especial atención a las necesidades que han puesto sobre la mesa los municipios, para impulsar un plan económico que permita extremar políticas de testeo, control, cuarentena y aislamiento, haciendo prevalecer el sistema público y la solidaridad en las acciones de salud, ya que la desigualdad en el acceso, profundiza las diferencias, y que evite la especulación en los insumos. En ausencia de políticas públicas ambiciosas los brotes van a seguir y la crisis económica será más profunda.

Para salvar vidas, otorgar protección para las familias de Chile y cuidar la economía se necesita:

  1. Resguardar los ingresos de las familias a través de una Renta Básica de Emergencia, Seguro Familiar u otro Proponemos un programa de rentas a toda la población que se quede sin ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y los trabajadores de Chile y sus familias debiendo el Estado garantizar que ninguna familia vivirá esta pandemia sin ingresos para vivir dignamente.
  1. Aliviar los gastos de las familias a través de la postergación de pagos y prohibición de corte de los servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria. A su vez la postergación, sin intereses, de cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras contraídas con Bancos e instituciones financieras, casas comerciales, Es indispensable que durante este período de estrechez económica las familias no deban destinar sus ingresos al pago de deudas o servicios de utilidad pública y el sector privado debe contribuir en ello. Para evitar inflación, se debe realizar durante la crisis y de manera transitoria, el control de precios, tarifas y medidas contra el acaparamiento de productos claves de primera necesidad y combustible de forma transitoria.
  1. Proteger a las PYMES, empleos y economía, evitando una recesión más profunda y duradera, por lo que proponemos el ingreso con urgencia de un Proyecto de Ley de apoyo estatal a las empresas en período de crisis. Éste debe incluir préstamos con aval del estado a todas las pequeñas y medianas empresas.
  1. Cuidar los empleos prohibiendo el despido de trabajadores y trabajadoras y de ser necesario, salvando empresas estratégicas o de importancia para el país de la quiebra, evitando efectos negativos en el resto de la población mediante inyección de recursos a cambio de adquisición por parte del Estado de participación en el mayor valor de dichas empresas rescatadas.

Un plan de estas características requiere un financiamiento sin precedentes en la economía chilena, para lo que creemos nuestro país, por sus ahorros y condiciones de endeudamiento, está preparado. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso agresiva nuestra capacidad fiscal y el Gobierno contará con nuestro apoyo legislativo para llevarlo adelante, aumentar la deuda y hacer mayores retiros de los distintos fondos que tiene el Estado. La actual posición de Chile permite endeudarse para reducir los costos sociales de la crisis sanitaria. Una vez pasada ésta, es necesario un nuevo pacto fiscal progresivo para reducir el mayor déficit fiscal que se generará. Pero si no se actúa con audacia hoy, el gasto futuro será mayor y vendrá acompañado de dolorosos costos sociales.

Hacemos este llamado con ánimo propositivo, pero de carácter urgente, para que el Gobierno no pierda un segundo más e impulse una respuesta del Estado, en que se pueda representar a todas las fuerzas políticas y sociales del país, en beneficio de las personas, garantizando el correcto resguardo de la salud y el bienestar de millones de chilenos, que hoy está en sus manos.

Por último, saludamos a los y las trabajadoras de la salud que ponen en riesgo su integridad todos los días en beneficio de la población y exigimos se priorice y garantice su protección.

Firman,

Carlos Maldonado, presidente Partido Radical

Álvaro Elizalde, presidente Partido Socialista

Heraldo Muñoz, presidente Partido por la Democracia

Catalina Pérez, presidenta Revolución Democrática

Gael Yeomans, presidenta Convergencia Social

Javiera Toro, presidenta Partido Comunes

Luis Felipe Ramos, presidente Partido Liberal

Guillermo Tellier, presidente Partido Comunista

Jaime Mulet, presidente Partido Federación Regionalista Verde Social

Camilo Lagos, presidente Partido Progresista

Fuad Chahín, presidente Partido Demócrata Cristiano

Senadores socialistas pidieron medidas urgentes y directas para los casi 3 millones de trabajadores sin contrato

Senadores socialistas pidieron medidas urgentes y directas para los casi 3 millones de trabajadores sin contrato


La totalidad de la bancada de senadores socialistas sostuvo una reunión virtual con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para pedirle que el Gobierno considere medidas más contundentes y urgentes en el nuevo plan económico que prepara el Ejecutivo para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 y que su eje sea el trabajador.

-Queda de manifiesto que el primer plan fue insuficiente. Un bono de $50 mil no va a dejar tranquila a la gente, ni a cuidar su salud, puesto que estos sectores de la población van a seguir necesitando generar nuevos ingresos;

-Es necesaria una nueva iniciativa, robusta, de forma de evitar no sólo el impacto sanitario sino una eventual crisis social de sectores más pobres. El eje del nuevo plan debe ser el trabajador;

-En ese sentido, nuestra gran preocupación es que se tomen medidas concretas y urgentes para trabajadores sin contrato, como informales e independientes;

-Debemos avanzar en una renta o ingreso garantizado para los sectores más pobres, tomando en cuenta que la pandemia no ha llegado aún a estos grupos de la población, que podrían ser los más castigados sanitaria y económicamente;

-Solicitamos una revisión urgente del primer plan. Nuestra impresión es que las medidas de apoyo planteadas para las pymes no están funcionando ni son suficientes para la magnitud de la crisis;

-Por último, demandamos transparencia en origen de recursos, traspasos, acciones e implementación del nuevo plan. La población requiere la máxima transparencia sobre respecto de qué harán los poderes del Estado para combatir esta crisis.