El Ingreso Familiar de Emergencia requiere urgente refuerzo en monto y cobertura de hogares, entrega inmediata y automatización de los mecanismos de acceso. La situación de crisis no admite dilación.

El 23 de mayo el Gobierno inició la distribución a 499 mil hogares de la primera de tres cuotas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), señalando que el resto (1,2 millones) al cual se accederá mediante postulación vía Web estaría llegando el 10 de junio. En total estaría beneficiando 4,9 millones de personas.

La CEPS considera que los aportes o transferencias en dinero constituyen el vehículo más importante de apoyo económico a los hogares en situaciones de pandemia, evitando las salidas de las personas a trabajar por necesidad, posibilitando mantener la cuarentena en el período de mayor contagio (entrada del invierno).

Se hace evidente que los bancos no están llegando oportunamente con créditos a las pequeñas empresas lo que implica que sus trabajadores podrían no estar disponiendo de su salario. El sector informal que representa el 30% de la fuerza de trabajo no tiene acceso a subsidios de cesantía y crédito; mientras, el desempleo formal crece aceleradamente, con precaria cobertura.

Sabemos, además, que las transferencias monetarias activan la demanda de la economía local, mantienen el flujo de ingresos de los pequeños negocios de barrio y son sanitariamente menos riesgosas que otras medidas.  Por lo que, analizado el Ingreso familiar de Emergencia y por el importante rol que puede jugar en esta situación, estimamos que su formulación en materia de montos, cobertura de hogares, oportunidad en su entrega y mecanismos de acceso deben ser revisados a la brevedad.  Con su diseño actual no está a la altura de la situación enfrentada.

1. Cobertura insuficiente. EL IFE dice estar dirigido al 60 % de los hogares más vulnerables. Estos según la última CASEN albergan aproximadamente al 65% de la población nacional, equivalente a 12,5 millones de personas. Sin embargo, el IFE estaría llegando sólo a 4,9 millones. Existe un gran número de exclusiones previstas en la postulación que habla de una exacerbada focalización. Mientras que el Gobierno plantea una cobertura de 1,7 millones de hogares, en el 60% más vulnerable hay, aproximadamente, 4,3 millones de hogares. Se está dejando en los hechos a una gran cantidad de familias por fuera de este apoyo, que en estos momentos están realmente mal. Estimamos que se debería cubrir, a lo menos, la totalidad del 60% de los hogares más vulnerables.

2. Monto reducido y decreciente en el tiempo. El subsidio por persona va decreciendo en el tiempo, desde $ 65 mil en el primer mes a $ 45,4 mil, en el tercer mes, lo que no tienen lógica alguna ya que la situación de empleo no va a mejorar entre mayo y agosto y corresponde a los peores meses de la pandemia. No da lo mismo la oportunidad en que se entregan los recursos, las situaciones más críticas no esperan. El monto per cápita de $ 65 mil es muy inferior a una línea de extrema pobreza por persona que alcanza a $ 110 mil.  Con el agravante que con los requisitos de postulación que la autoridad calificará, sólo los hogares del Grupo 1 recibirán completamente el subsidio; los del Grupo 2, lo harán en un 50%; y los del Grupo 3, en un 61%.  Nuestro planteamiento es que el subsidio se mantenga parejo en el tiempo, durante los tres meses prorrogable, que a lo menos alcance a $ 320 mil por hogar y que no discrimine por grupos o tipologías de hogares.  

3. Mecanismos de acceso complejos. Sólo 499 mil hogares recibieron el subsidio en automático, todo el resto deberá postular hasta el 30 de mayo y sino alcanza a hacerlo durante ese corto tiempo, pierden la primera cuota (lo que parece bastante injusto para un derecho social).  El otorgamiento automático corresponde fundamentalmente a los hogares en extrema pobreza que ya recibieron el bono Covid-19. En otras palabras, el 89% de los hogares “elegibles” [1] debe postular allegando antecedentes y la postulación es sólo vía Web.  Es necesario recordar que existe más de un 40% de hogares que no tiene acceso a internet y que, entre los adultos mayores, sobre 70 años (eventuales candidatos al subsidio), la alfabetización digital es baja y también la escolaridad formal. [2] El Estado tiene gran cantidad de información en el Registro Social de Hogares y otras bases de datos administrativos y lo más probable es que la tendencia sea al deterioro de la situación registrada en la información que ya se tiene, por lo que no cabe insistir en su actualización que sólo retrasa y complejiza la postulación. Estimamos que el apoyo se debiera otorgar automáticamente al 60% de los hogares más vulnerables, sin necesidad de postulación, por los tres meses, eliminando fechas topes de postulación que hagan perder beneficios.   

La situación de crisis exige actuar ahora en proporción y con la oportunidad requerida. Los recursos están para ello, sólo se requiere voluntad política para mejorar la ayuda a los sectores más vulnerables.  

Coordinación Comisión Económica

 Partido Socialista

[1] Hasta 60% de vulnerabilidad en el Registro de Hogares

[2] El  de los mayores de 60 años 32% tiene educación básica incompleta o no tiene educación formal.

La obstinación del Gobierno cuesta vidas.

La pandemia del COVID-19 fue anunciada hace cinco meses y Chile ha tenido un tiempo para prepararse que países del hemisferio norte no tuvieron. Sin embargo, hemos asistido a un manejo que da prioridad al funcionamiento de la economía, que sólo ha buscado mitigar la propagación de la epidemia con una actitud especulativa, buscando un contagio progresivo de la población, sin prevención eficaz, centrado en lo hospitalario, subutilizando la atención primaria de salud (APS), con carencia de participación y transparencia, y con una cuestionada comunicación de riesgo.

Vemos con tristeza la explosión de contagios, el consecuente copamiento de los servicios de cuidados críticos en hospitales y clínicas en la RM, y un lamentable aumento en el número de muertes por COVID-19. Así, llegó de forma tardía la cuarentena total en el Gran Santiago y estamos presenciando medidas desesperadas de reconversión de camas de pediatría para adultos, uso de ventiladores de pabellones, órdenes de ampliación de camas en el sector privado, traslados de pacientes graves a regiones con menos presión asistencial para hacer frente a esta realidad. Todo esto es necesario, pero insuficiente. Al mismo tiempo, crecen los contagios en otras regiones del país. Vienen tiempos difíciles.

Llamamos al gobierno a implementar una estrategia para avanzar hacia la supresión* de la epidemia en todo el país, evitando contagios que son prevenibles. Llamamos a ampliar la cuarentena total a todos los centros urbanos con transmisión comunitaria del país hasta lograr controlar la epidemia según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a priorizar la protección a los equipos de salud. Así también a implementar medidas económicas y sociales necesarias para que las personas puedan quedarse en casa, evitando criminalizar a quienes hoy, por desesperación, no pueden cumplir la cuarentena total.

Junto a lo anterior, la OMS y expertos en Chile han indicado que la estrategia medular de control de la epidemia es el testeo masivo, con rastreo de contactos y aislamiento en condiciones que garantizan su cumplimiento, llamando a la Atención Primaria a asumir un rol central. Damos cuenta de la urgencia de implementar estas medidas en el país. Si bien, el testeo ha aumentado, la capacidad de escalar la respuesta ha sido tardía, a la APS no se la ha otorgado un rol central, el rastreo de contactos ha sido insuficiente, los aislamientos de casos se han vulnerado, y no se cuenta con residencias sanitarias con capacidad para recibir a todas las personas contagiadas que no tienen las condiciones para aislarse en sus hogares.

De igual forma, es urgente lograr una adecuada comunicación de riesgos que genere confianza en la población para guiar su actuar, lo cual supone transparencia de la información y trabajo colaborativo con la sociedad civil, recuperando experiencias altamente exitosas del país, como la campaña contra el cólera y la influenza H1N1. Hasta ahora la transparencia ha sido insuficiente, tanto en la entrega de datos como en los procesos de toma de decisiones, no permitiendo a la comunidad científica ni de la salud ayudar en anticipar el comportamiento local de la epidemia. En cambio, el gobierno ha centrado su actuar en búsqueda de pequeños logros comunicacionales que han terminado generando señales confusas a la población, tales como el “retorno seguro” y la “nueva normalidad”.

Interpelamos a la autoridad para asumir su responsabilidad política, reconociendo y enmendando las deficiencias en las estrategias emprendidas, implementando con humildad un liderazgo moderno y basado en un verdadero dialogo con todos los sectores sociales y políticos.

No queda tiempo. No queda margen de error

Comisiones de Salud
Partido Socialista
Partido por la Democracia
Revolución Democrática
Partido Comunista
Federación Regionalista Verde Social
Convergencia Social
PRO
Partido Humanista
Comunes
Partido Liberal
Partido Demócrata Cristiano

*Supresión, tomado del inglés “suppression” se refiere a la estrategia tal de mantener un muy bajo nivel de casos (Ro menor a 1) hasta que se genere una vacuna o tratamiento efectivo, a diferencia de una estrategia de “mitigación” que consiste en una menor intensidad de medidas, permitiendo contagios, hasta que se alcance una inmunidad poblacional (70%). Ver: Ferguson et al. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, Imperial College COVID-19 Response Team, London, 2020.

Los presidentes de los partidos de la Convergencia Progresista solicitamos al Gobierno que deje de improvisar con anuncios como la entrega de 2.5 millones de cajas de alimentos a comunas vulnerables, sin la debida planificación logística, creando demoras en la concreción de esta ayuda, y con declaraciones confusas sobre quiénes serán los destinatarios de esta ayuda de emergencia. Creemos que en el Gobierno primó el ansia de mostrar un logro comunicacional, por encima de una solución eficiente que permitiera ir en auxilio de las familias más necesitadas en cuarentena.

La alimentación no es un bien cualquiera, sino que es el piso para la vida humana. Más aún, nuestra vida en sociedad se basa en que hay mínimos requerimientos de subsistencia que deben estar cubiertos. Sin eso, empiezan a aflorar conflictos difíciles de controlar, como los que se vivieron en las comunas de El Bosque y La Pintana, tras el anuncio de las cajas y la exigencia de los vecinos por recibirlas. Hoy hay miedo al hambre en nuestro país.

Por ello, el Estado debe acudir cuanto antes a resolver esos requerimientos básicos, eligiendo las vías más eficientes, y no generando expectativas como lo que vimos esta semana pasada con la cadena nacional del Presidente de la República.

Chile tiene un prestigio internacional bien ganado en la lucha contra la pobreza. Parte de ello se basa en una focalización adecuada de los recursos, y un sistema de protección social que permite identificar a las personas más vulnerables. Dicho sistema se ha utilizado durante diversos gobiernos para ayudar a las personas, con bonos por ejemplo. El Gobierno prefirió un artefacto comunicacional en vez de utilizar la institucionalidad ya conocida, que incluye los municipios y otras instituciones que atienden a los chilenos y chilenas más necesitados.

Llamamos al Presidente a corregir cuanto antes estos errores y a preferir otro camino. Hay dos alternativas posibles que se pueden explorar. La primera es transferir fondos adicionales directamente a las familias de las personas vulnerables en cuarentena, para que no tengan que salir a buscar su sustento diario, violando el confinamiento. Una segunda alternativa es un programa de vales de alimentos o “food stamps”, consistente en transferencias electrónicas a beneficiarios de bajos ingresos, o sin ingresos, de montos que se depositan en tarjetas de los beneficiarios, para adquirir alimentos en supermercados y almacenes participantes del programa.

Ante el anuncio gubernamental de entregar, en los próximos días, 2,5 millones de canastas de alimentos y elementos de limpieza, los partidos que integran Convergencia Progresista (PS-PPD-PR) señalan lo siguiente:

1.- El Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo fiscal para ayudar a la ciudadanía en tiempos de cuarentena. Si las familias vulnerables tienen cómo subsistir, entonces van a respetar las cuarentenas, evitando así una propagación mayor de contagios. No estamos por la irresponsabilidad financiera, pero se debe abrir la billetera fiscal en un momento de emergencia, para entregar recursos adicionales. Se anunciaron 17 mil millones de dólares en ayuda y no se ha gastado ni el 1% de esos recursos. Paralelamente, se debe considerar a las personas por sobre el 60% del Registro Social de Hogares, llegando así a la clase media y a los independientes, que han visto mermados sus recursos dramáticamente en los últimos meses.

2.- La forma más rápida y eficiente, validada internacionalmente, para ayudar a los sectores más vulnerables, es la entrega directa de recursos, y no el reparto de cajas de alimentos. Una alternativa es –como lo propusimos en una declaración de la Convergencia Progresista el 3 de abril—el establecer programas de vales de alimentos, como existen en otros países que operan en forma descentralizada, y que protegen a las personas de las alzas de precios.

3.- La entrega de canastas de alimentos, en todo caso, no puede generar una línea burocrática paralela a la estructura municipal. Por ello creemos fundamental incluir en la planificación y distribución de las cajas de alimentos a los alcaldes y municipios. Sólo de esta forma la medida poseerá pertinencia y sentido de urgencia con realidad territorial. El desconocimiento de los contextos locales podría significar desórdenes y situaciones no deseadas en la entrega de dichas ayudas.

4.- Finalmente, y en lo sucesivo, pedimos al Gobierno no realizar anuncios mientras no exista un diseño y planificación previa de las medidas, incluyendo una coordinación con los alcaldes. Lo que vimos ayer en televisión, con aglomeraciones en oficinas municipales de personas exigiendo sus cajas de alimentos o protestas en comunas de Santiago, son una clara manifestación de la angustia que vive la gente, agravadas por estas acciones gubernamentales desprolijas.

Santiago, 19 de mayo de 2020

Ante la crisis sanitaria, económica y social que actualmente está viviendo nuestro país, como Partido Socialista de Chile declaramos que:

1.- Los anuncios realizados por Sebastián Piñera el pasado 17 de mayo fueron irresponsables, sin coordinación con los municipios, sin plan de acción y sin detalles de entrega a la ciudadanía. Esta evidente improvisación no se condice con la urgencia que demandan cientos de miles de familias chilenas que están sufriendo los efectos de la crisis.

2.- Reiteramos que el Ingreso Familiar de Emergencia es insuficiente para enfrentar esta crisis, por cuanto discrimina y excluye a una gran cantidad de personas que hoy han visto reducidos sus ingresos. Además, es decreciente en el tiempo. El dinero que se utilizará en cajas de alimentos podría perfectamente haber sido destinado al Ingreso Familiar de Emergencia.

3.- Rechazamos el actuar del Gobierno frente a la violencia policial para controlar las protestas que se han desarrollado. En particular, objetamos la forma como ha actuado el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. No se puede reprimir el hambre.

4.- Declaramos nuestro apoyo irrestricto al alcalde de El Bosque, Sadi Melo, quien está a cargo de una comuna popular del sector sur de la Región Metropolitana que ha sufrido los duros embates de esta crisis, y donde los vecinos y vecinas se han manifestado por falta de alimentos.

5.- Estamos viviendo un momento muy complejo. Muchas personas no tienen lo mínimo para subsistir al verse afectados sus ingresos desde hace varios meses. El Gobierno ha actuado con indolencia ante la cruda realidad que están viviendo miles familias.

6.- Finalmente, reiteramos la necesidad de una Renta Básica de Emergencia, que sea permanente durante la pandemia, y que permita a las personas vivir con dignidad durante la crisis sanitaria.

COMISIÓN POLÍTICA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 19 de mayo de 2020