Senador Letelier: “Dictamen de la Contraloría sobre Codelco atenta contra convenios de la OIT”


Como un hecho grave, en el cual “se atenta contra los convenios suscritos con la OIT y los derechos históricos de los trabajadores”, calificó el senador PS Juan Pablo Letelier el dictamen de la Contraloría General de la República que, a juicio del legislador, cuestiona el marco normativo de Codelco, asimilándolo a un servicio público, y “coloca límites a las empresas públicas en sus procesos de negociación colectiva”.

El documento del organismo contralor establece que “las estipulaciones convencionales que autoriza la legislación laboral como expresión del principio de la autonomía de la voluntad dentro de las relaciones laborales privadas regidas por el Código del Trabajo conllevan, necesariamente, una libertad de disposición patrimonial de la cual carecen quienes administran recursos públicos, como ocurre en el caso de Codelco”.

Es decir, el escrito limita a las empresas públicas para establecer en sus negociaciones colectivas principios distintos a los establecidos en el Código del Trabajo, lo que es un punto que afectaría no sólo a Codelco, sino a otras compañías del Estado.

“Esto deja en desigualdad de condiciones a las empresas públicas al momento de enfrentar sus negociaciones colectivas”, aseguró el senador Letelier.

Desde la cuprífera han señalado que Codelco es una empresa que tiene como finalidad maximizar los excedentes para el Estado de Chile, para lo cual tiene un marco normativo que la asimila a una empresa privada, permitiéndole competir con otras compañías.

Codelco anunció que impugnará el dictamen, que según el presidente del directorio de la Estatal, Oscar Landerretche, “pone en cuestión todo el modelo de gestión que hemos tenido en Codelco”.

Senador Quinteros: “necesitamos alcanzar un acuerdo político transversal para avanzar en la Agenda de Descentralización”


El senador Rabindranath Quinteros manifestó su satisfacción por la votación efectuada en la comisión de Constitución del Senado, lo que a su juicio significa un nuevo avance para el proyecto de ley sobre Fortalecimiento de la Regionalización.

La Comisión rechazó, por unanimidad, las modificaciones que había introducido la Cámara de Diputados y con esto la Sala del Senado, hoy o mañana, podrá pronunciarse definitivamente sobre ellas y dar paso a una Comisión Mixta que resuelva las diferencias entre ambas cámaras.

Al fundamentar su voto, el senador Quinteros insistió en la necesidad de alcanzar un Acuerdo Político transversal para aprobar en este período los diversos proyectos que forman parte de la Agenda de Descentralización y de esta manera posibilitar la elección de gobernadores regionales el 2020 o el 2021.

A pesar de ser partidario de realizar la elección este año, reconoció que “ya no hay tiempo para despachar adecuadamente los diversos proyectos y hacer la elección este año, por lo que he impulsado un acuerdo en que todos los sectores nos comprometamos, al menos, a aprobar todas las reformas durante los meses siguientes de manera que la elección de gobernadores regionales no tenga posibilidad de marcha atrás, cualquiera sea el gobierno que se elija en noviembre próximo” manifestó el senador Quinteros.

DECLARACIÓN PÚBLICA


DECLARACIÓN PÚBLICA

El Partido Socialista de Chile rechaza categóricamente la nota emitida esta mañana por una radioemisora, y que otros medios han replicado, que cuestiona el cumplimiento de las obligaciones tributarias por nuestra organización. Se trata de una nota que, a partir de información jurídicamente errónea, busca instalar una sospecha de ilegalidad completamente inexistente. Al respecto, se debe precisar lo siguiente:

1.- Es absolutamente falso que el PS haya eludido impuestos.

2.- El PS, por iniciativa propia, solicitó el año 2005 al Servicio de Impuestos Internos (SII) aclarar aspectos tributarios de la restitución de sus bienes incautados por la dictadura. Producto de lo anterior, el SII emitió el Oficio N° 4.335, de 2005, que indica algo completamente distinto a lo expuesto en la nota.

3.- El dictamen señalado reitera un criterio histórico del SII: todas las personas, naturales o jurídicas, incluyendo los partidos políticos, deben pagar impuestos. Resulta, por tanto, falso sostener que se haya generado alguna especie de excepción ilegal o ilegítima especialmente aplicable a nuestro partido.

4.- Sin embargo, respecto de un aspecto específico, el SII agrega que estarán exentos del impuesto de primera categoría los intereses de los instrumentos a que hace referencia dicho dictamen, salvo los obtenidos por las empresas, lo que por definición no es un partido político, pues estas instituciones destinan íntegramente las eventuales rentas obtenidas al financiamiento de sus actividades.

Lo anterior no es una excepción para el PS, es una norma de general aplicación. La ley rige para todos por igual y eso es algo que todos debiéramos saber, especialmente los medios de comunicación.

Tanto es así, que se ha aplicado el mismo criterio a otras entidades de la misma naturaleza en diversos pronunciamientos del propio SII.

MESA DIRECTIVA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 15 de mayo de 2017.

DECLARACIÓN PÚBLICA


DECLARACIÓN PÚBLICA

1.- Los recursos financieros de que dispone el Partido Socialista, provienen de las indemnizaciones que nuestro partido recibió, en reparación y compensación por los centenares de bienes que nos fueron requisados y expropiados ilegalmente por la dictadura de Pinochet.

2.- La gestión financiera de dicho recursos ha seguido un camino de creciente transparencia autorregulada.

Primero, el año 2003 se creó una comisión de patrimonio responsable de administrar y conservar esos recursos con independencia de la Mesa Directiva del Partido.

Con posterioridad, la gestión de los fondos fue mandatada a una entidad financiera externa, encargada de adoptar las decisiones de inversión, con indicaciones de privilegiar instrumentos de renta fija.

Nunca un dirigente o militante de nuestra organización se ha visto beneficiado personalmente por dichas inversiones. Efectivamente, aunque haya sido una práctica legal, constituyó un error realizar determinadas inversiones que fueron terminadas en su oportunidad.

3.- En la actualidad los recursos del partido son administrados por una entidad financiera a través de un mandato especial de administración de valores. Se ha establecido además la prohibición de informar de los detalles de las inversiones a la mesa directiva.

La totalidad del patrimonio financiero del Partido Socialista de Chile está actualmente invertido en instrumentos de renta fija nacional. Por tanto, nuestro partido no tiene inversiones en acciones ni en el extranjero. Además las decisiones de inversión las adopta el administrador financiero externo y no el partido.

4.- A pesar de haber ceñido siempre nuestra gestión financiera al cumplimiento de la ley, la nueva dirección del Partido ha resuelto elevar los estándares regulatorios con criterios más exigentes de transparencia. Para ello haremos públicas las nuevas instrucciones del mandato de administración de nuestro patrimonio.

5.- Esta declaración es para informar a nuestra militancia y a los chilenos, pues el reportaje emitido anoche por una estación de televisión, fue construido sobre la base de información fragmentada y desactualizada, lo que ha inducido a confusión en la opinión pública, y además se ha prestado para descalificaciones, entre otros, de Sebastián Piñera, con evidentes intenciones de aprovechamiento político y electoral, quien acaba de hacer su declaración de patrimonio con letra chica y ocultándole información a los chilenos.

MESA DIRECTIVA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 11 de mayo de 2017.

Columna Senadora Allende: “Nabila y la justicia para las víctimas”


El respeto de los derechos fundamentales, la libertad de información y la transparencia son un pilar básico de todo régimen institucional. La reforma procesal penal trajo como novedad que los juicios fueran públicos. De esta manera, la ciudadanía podría controlar la actividad jurisdiccional, dejando ésta de ser secreta como lo era anteriormente.

Pero en ciertas ocasiones, estos derechos se ven confrontados con el respeto a la intimidad, la privacidad y la honra de los intervinientes de los procesos, lo cual se agudiza cuando se trata de las víctimas, las cuales, en determinadas oportunidades, son sometidas a intensos interrogatorios donde exponen su vida privada, situación que ocurrió en el juicio por el delito cometido contra Nabila Riffo.

El juicio de Nabila marcó un antes y un después en materia de exhibición de los juicios orales. Dicho proceso fue transmitido casi por cadena nacional por los medios de comunicación, entre los que se encuentran matinales, noticiarios, diarios, los cuales fueron parte de la exposición pública de la vida de Nabila. Ella, quien fuera víctima de unos de los peores delitos cometidos contra una mujer en nuestra historia criminal, llegando incluso al borde de la muerte, en el proceso es una vez más victimizada al relatar con detalle los acontecimientos de la madrugada del 14 de mayo, siendo acosada por las contrainterrogaciones de la defensa, a la cual ella contestó, de una manera acertada: “¿Qué tiene que ver mi vida sexual con lo que me ha pasado?.

Creemos firmemente que el interés mediático formulado en torno al caso no puede justificar el daño cometido contra la intimidad de Nabila, la cual nuevamente se vio expuesta a un proceso intenso que se vio masificado por los medios.

La libertad de expresión es fundamental, pero debemos avanzar hacia una correcta regulación de ésta cuando se pone en riesgo la integridad de una víctima, como sucedió en este caso.

El Poder Judicial reaccionó ya en torno a esto, comprometiéndose a no televisar en su canal web la declaración de las víctimas. Pero bajo esta situación, los legisladores también debemos tomar acciones para mejorar las normas que regulan el tema.

El Código Procesal Penal establece restricciones a la publicidad de los juicios orales, dentro de las cuales se encuentra la intervención de los medios de comunicación. Creemos que esta normativa no pudo hacerse cargo de la protección de la dignidad de Nabila, por lo cual hemos presentado, junto a otros Senadores, una moción que mejora la regulación de la transmisión de los juicios orales.

La iniciativa propuesta modificará este Código para que el Tribunal pueda restringir la publicidad de sus actuaciones, cuando se ponga en riesgo la intimidad y la privacidad de los intervinientes. La infracción a lo dispuesto por el Tribunal, podría configurar, incluso, el delito de desacato. Lo mismo en el caso de la publicidad de los juicios de familia, sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar.

En el mismo sentido, la moción busca que no se pueda divulgar información que vulnera la dignidad de la víctima de un proceso penal, siendo el mismo una figura de correcto funcionamiento de los servicios de Televisión, junto a evitar que estos servicios difundan contenidos denigratorios de la mujer.

Nuestra iniciativa pretende crear un mayor debate en torno al tema, para que las mujeres del futuro no deban ver su intimidad expuesta de esta manera a la hora de que se haga justicia por el delito del cual fueron víctimas. La justicia no puede ser al precio de que la dignidad de una persona sea puesta en riesgo, como sucedió en las últimas semanas.