Objeción de conciencia no debe ser institucional


Columna de Opinión del senador y jefe de bancada de senadores PS, Alfonso De Urresti.

La despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales marca un hecho histórico para nuestra sociedad.

Pero hay un último paso dentro del trámite legislativo, que hemos visto reflejado en diversas declaraciones en la prensa que nos preocupa. Me refiero a la objeción de conciencia y su eventual ampliación. He fijado mi posición en diversas oportunidades, pero quiero reafirmarla. Creo que no debiera haber objeción de conciencia para la interrupción del embarazo en estas tres causales que hemos aprobado, que son extremas y ojalá nunca ocurrieran a ninguna mujer, pero que existen en nuestra vida diaria.

En mi opinión, ni el médico, ni el equipo que realiza un procedimiento, debería tener la posibilidad de objetar un procedimiento de aborto en el ámbito del sector público.

La intención de la derecha, ahora que sus requerimientos han sido rechazados por parte del Tribunal Constitucional, han estado enfocados en establecer la necesidad de que hospitales y clínicas privadas puedan optar a la objeción de conciencia.

Por mi parte, presenté una indicación muy específica: dicha objeción es de carácter personal y en ningún caso puede ser invocada por una institución.

Reitero mi posición de que en un Estado laico no debe existir lugar a objeción de conciencia en los establecimientos de salud públicos ni en aquellos que reciban cualquier tipo de financiamiento del Estado. Es por eso que declaraciones como las que hemos visto en diversos medios de comunicación por parte del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, cuya posición contraria al aborto es respetable como la de cualquier chileno o chilena, no puede ser una posición institucional que vaya en contra de la legítima decisión que se toma en un estado de derecho.

Una institución no tiene conciencia, pero sí está obligada a respetar la ley, aunque no le guste. Hay gente a la que puede no gustarle pagar impuestos, pero debe hacerlo por el bien común de toda la sociedad. En este caso, una institución confesional puede tener una visión diferente, pero la sociedad en su conjunto, a través de un ejercicio legislativo democrático, tramita, discute y promulga una ley de la república, obligatorio para todos.

La ampliación de la objeción de conciencia, además, sólo aumenta la brecha que enfrenta una mujer de una comuna con múltiples opciones para atenderse por su embarazo, versus mujeres de cientos de pequeñas localidades de nuestro país, que cuentan con estándares mínimos de infraestructura y de personal médico, lugares en los cuales la objeción de conciencia puede transformarse en la dictadura de la objeción.

Despenalización de interrupción del embarazo en tres causales es un paso fundamental en materia de derechos de la mujer


Bancada de senadores socialistas destacó la aprobación de la iniciativa como el cumplimiento del compromiso de la Presidenta Bachelet y del programa de la Nueva Mayoría con la ciudadanía.

Celebramos la aprobación, tras dos años y medio de una intensa tramitación legislativa, y décadas de anhelo ciudadano, del proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Creemos que esta iniciativa representa uno de los pasos más importantes del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en materia de derechos de la mujer chilena frente a situaciones límites que requería de una respuesta como sociedad.
Hasta ahora, Chile era de uno de los nueve países del mundo que no sólo prohibía, sino que criminalizaba cualquier interrupción del embarazo.
Es por eso que este es un paso histórico, que cumple con una deuda fundamental. A juicio del senador y jefe de bancada Alfonso De Urresti, “esta ley no busca obligar ni imponer una visión, sólo otorga a las mujeres que estén dentro de las tres causales, la oportunidad para que en un momento tan difícil y complejo, puedan decidir”, dijo el parlamentario.
Con esta normativa se moderniza nuestra legislación y se termina con la criminalización de nuestras mujeres. El Estado se constituye ante estas causales asegurando el tratamiento de una madre en peligro vital producto de su embarazo; como garante de su derecho a elegir abortar y a recibir acompañamiento en caso de que decida interrumpir su embarazo por inviabilidad del feto; y aceptando su derecho a decidir, en caso de una violación, si desea o no abortar.
El Tribunal Constitucional ha dado su conformidad a la normativa que había sido aprobada por el Parlamento, rechazando los requerimientos de la oposición. De esta manera finaliza un debate intenso, complejo, profundo y democrático, “que representa una derrota de los sectores más conservadores de nuestro país, que trataron a toda costa de frenar este proyecto de ley, tratando de poner en cuestión la decisión del poder legislativo, así como los intereses de innumerables organizaciones ciudadanas, de género, y sociales, y el mandato de la Presidenta Bachelet”, planteó De Urresti.
La aprobación de la tercera causal, que trata sobre la violación, rompe además con el histórico doble castigo que sufrían las mujeres de nuestro país. “La violencia sexual contra las mujeres es de las acciones más deleznables que podemos sufrir, y si producto de esa relación forzada resulta un embarazo, la sociedad debe darle la oportunidad y las condiciones para que esa mujer libremente tome una decisión”, aseguró la senadora Isabel Allende.
Con esta normativa se cumple además con un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet y de la Nueva Mayoría, pues el programa de gobierno que se comprometió con la ciudadanía, se decía en forma expresa que “promoveremos políticas destinadas a reforzar la autonomía de las mujeres”, y se mencionaba explícitamente el compromiso de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto.
Hoy es un paso histórico, un cumplimiento programático y el pago de una deuda con nuestra sociedad.

Karina Delfino: “La mujer no decidió cuando la violaron, permitamos que decida sobre ese embarazo”


Al Tribunal Constitucional por recurso de inadmisibilidad de proyecto tres causales

Karina Delfino: “La mujer no decidió cuando la violaron, permitamos que decida sobre ese embarazo”

La vicepresidenta de la Mujer PS presentó el alegato de la tienda socialista en el marco de las audiencias públicas.

Como representante del Partido Socialista de Chile –en su calidad de vicepresidenta de la Mujer- expuso Karina Delfino hoy en el Tribunal Constitucional, en el marco de las audiencias públicas por el requerimiento de inaplicabilidad presentado por parlamentarios de Chile Vamos al proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

En su presentación, la dirigenta PS recalcó que “Chile es el único país sudamericano que no permite ningún tipo de aborto en su legislación y es parte de las seis naciones en el mundo que vulneran los principales fundamentos de protección de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran o se encontrarán en situaciones difíciles y complejas”.

Asimismo, acotó que “según cifras otorgadas por el Ministerio de Salud (2014), el aborto en Chile es la tercera causa de mortalidad materna, encontrándonos con un 17 por ciento de los casos asociados a interrupciones del embarazo dentro de la clandestinidad, insalubridad y negligencia”.

Junto a ello, Delfino planteó que “si bien es legítimo que se realicen consultas sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley al órgano que corresponde, es lamentable que se utilice esta fórmula con el fin de frenar proyectos cuando se ha sufrido una derrota política, luego de una larga tramitación en el Congreso Nacional”.

“Es por esto que, le solicitamos a este Tribunal Constitucional que respete las mayorías políticas y sociales que han sido expresadas en las instancias institucionales correspondientes”, complementó.

La vicepresidenta de la Mujer PS fundamentó acerca de las tres causales que despenaliza este proyecto. Respecto de la última de ellas, indicó que “para nadie es una novedad que de las tres causas que el proyecto establece, la despenalización por causa de violación ha sido la que ha generado mayor resistencia en el debate legislativo, y su aprobación es fundamental para avanzar en una sociedad más igualitaria”.

“¿Qué saca hoy una niña o una mujer de denunciar la violación que le causó el embarazo si deberá continuar con aquel embarazo? Hoy la sociedad permite que se encubra este terrible delito que tendrá gravísimas consecuencias para la niña o mujer durante toda su vida. Señores magistrados, TODA su vida. Pedimos que tenga el derecho a DECIDIR si seguir adelante o no con ese embrazo. Ella no decidió cuando la violaron, permitámosle decidir respecto a ese embarazo”, expresó.

Por último, Delfino concluyó afirmando que “el Partido Socialista de Chile luchará para que existan las condiciones mínimas para todos y todas, siendo la protección de las mujeres más vulnerables un pilar fundamental para lograr los mismos derechos y oportunidades. La violación tiene cara de niña vulnerable, y ellas no se merecen que el estado las obligue a continuar con un embarazo cuyo progenitor muchas veces es un familiar”.

 

 

Karina Delfino

Vicepresidenta de la Mujer

Partido Socialista de Chile

Avanza proyecto que permitirá a conductores con licencia A-2 manejar vehículos de mayor capacidad


Iniciativa del Senador Juan Pablo Letelier contó con la unanimidad en la sala del Senado y busca “cooperar con la falta de conductores en el transporte público especialmente de regiones”.

A segundo trámite pasó el proyecto de Ley que tiene su origen en una moción del Senador  Letelier, que busca incentivar a conductores con clase profesional A-2 a incorporar sus servicios a vehículos de mayor tamaño y capacidad, buscando con esto solucionar el déficit de conductores que afecta a varias regiones del país.

La iniciativa pretende modificar el artículo 12 de la Ley de Tránsito, en lo que respecta a la licencia profesional A-2, ampliando la capacidad de pasajeros que podrán transportar los conductores que porten este documento por dos o más años.

Letelier señaló que “hoy la licencia profesional A-2 es para conducir en forma distintiva taxis, ambulancias, vehículos motorizados de transporte público o privado de personas con una capacidad de 10 a 17 personas”.

“En el País existe la necesidad en particular para conductores de buses de más de 17 personas, pero de menos de 30 o de 33. Es decir, para vehículos como las liebres, los buses pequeños y que no tienen una extensión de más de 9 metros” agregó.

Cabe destacar que el proyecto de Ley pretende que una vez cumplidos dos años desde que el conductor obtenga su licencia A-2, podrá optar a operar vehículos de transporte público con capacidad de hasta 32 pasajeros, o de un máximo de 9 metros de largo, sin la necesidad de realizar cursos especiales.

El legislador manifestó que la idea es “generar instrumentos que permitan facilitar el acceso de personas que, con experiencia, puedan conducir estos vehículos. A nivel nacional tenemos cientos de personas aptas para conducir vehículos de mayor tamaño, pero en muchas ocasiones no acceden a ello por el alto costo de los cursos”.

Actualmente nuestra legislación establece que esta licencia (A-2) autoriza a quienes la poseen a manejar vehículos de transporte público con capacidad de entre 10 y 17 pasajeros, así como también taxis y vehículos de emergencia como ambulancias.

La iniciativa continúa ahora su segundo trámite en la Cámara de Diputados a la espera de una favorable respuesta, tal como ocurrió en el Senado.

Descentralización: más que una bonita idea


Por Rabindranath Quinteros, senador PS, columna de opinión en el Diario El Austral de Osorno.

El compromiso con la descentralización del país debe de ser una de las ideas que más se han repetido en la discusión pública durante los últimos 20 o 25 años. Desde el retorno de la democracia se han materializado adelantos importantes en tal sentido, pero ha sido en el Gobierno actual donde se ha expresado con mayor nitidez la voluntad de operar cambios profundos para dar a las regiones una nueva dirección, con autonomía, recursos y capacidad de decisión real en sus autoridades.

Pero más allá de todos los progresos institucionales, lo más relevante es el intenso cambio económico, social y cultural experimentado en estos años por las regiones. Nuevas actividades y nuevos actores han dado lugar a una comunidad cada vez más diversa, compleja y poderosa, consciente del rol que debe cumplir en la construcción de su propio desarrollo y decidida a conquistar mayores espacios para la autonomía y participación.

Ya no se podrá elegir en el presente año a los gobernadores regionales. La posibilidad de materializar los comicios respectivos en noviembre próximo había generado aprensiones por diversos motivos y, en los hechos, se convirtió en un obstáculo para el avance de la discusión, especialmente por la vinculación establecida entre la iniciativa en debate y la relativa a la transferencia de competencias, que actualmente es materia de análisis en una comisión mixta.

La fuerza y la autonomía de los gobernadores regionales elegidos popularmente constituirán una ventaja importante a la hora de ejercer el liderazgo político, avalado por el respaldo electoral del territorio. Ello, a su vez, hará posible llevar adelante un programa de trabajo en el que las materias propias de la región jueguen un rol protagónico.

Hasta ahora hemos visto cómo los intendentes, en su calidad de funcionarios del Ejecutivo, no necesariamente hacen propias las causas, los problemas y las particularidades de sus regiones, ni privilegian siempre contenidos e ideas relacionados con el desarrollo de sus territorios y el bienestar de sus habitantes. En más de un caso tampoco han logrado establecer una sintonía entre el gobierno al que representan y la realidad regional.

Confío en que el Congreso será capaz de demostrar que la descentralización es más que una bonita idea para engalanar discursos y que existe un compromiso real para dotar a las regiones de la autonomía que merecen, de los recursos que necesitan y del espacio de desarrollo que sus comunidades demandan.