Senadores PS y presidenciables presentan proyecto de ley para modificar denominación de normas de la dictadura


Los firmantes del proyecto son los senadores y candidatos presidenciales Carolina Goic, Alejandro Guillier , Alejandro Navarro, además de los senadores socialistas Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti.

Considerando que debe recuperarse el espíritu del código civil elaborado por Andrés Bello en 1857, en el sentido de que “la ley es una declaración de la voluntad soberana”, un grupo de senadores, entre ellos los candidatos presidenciales Carolina Goic, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, además del senador Rabindranath Quinteros, presentaron un proyecto de ley que busca corregir la denominación de las normas elaboradas en dictadura, indicó el senador y también autor de la iniciativa, Alfonso De Urresti.

El parlamentario por Los Ríos, dijo que “en lo específico, lo que el proyecto propone es que ahora en adelante toda referencia a las leyes dictadas entre el 11 de marzo de 1981 y el 10 de marzo de 1990, es decir desde la N°17.983 hasta la N°18.975, deberá utilizarse la expresión decreto ley en reemplazo de ley, con su numeración original. Creemos que es lo que corresponde, no pueden llamarse leyes normas dictadas por 4 personas, sin Congreso y sin democracia. Solo en democracia pueden debatirse y aprobarse leyes legítimas”.

Por su parte, el senador por Los Lagos Rabindranath Quinteros, autor de la iniciativa, expresó que “con este proyecto se busca promover la memoria histórica de los chilenos, a través del rescate de los valores republicanos”.

Esta propuesta afectaría a poco más de 900 leyes actuales, que incluso, pese a no haber sido elaborados en un régimen democrático, continuaron utilizando la numeración correlativa que quedó trunca el 11 de septiembre de 1973.

 

 

Presentan “Querella criminal por Genocidio y Asociación Ilícita Genocida”


Durante esta mañana y acompañados de sendos oficios que solicitan llevar adelante una serie de diligencias para aclarar la responsabilidad de los cómplices de la dictadura cívico – militar, llegaron hasta las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, el Senador Juan Pablo Letelier y el secretario Nacional de Derechos Humanos del PS, Juan de Dios Parra, quienes en conjunto a un grupo de juristas expertos en derechos humanos, materializaron la presentación de una “Querella criminal por Genocidio y Asociación Ilícita Genocida”.

En el escrito, que hace referencias históricas, se señala que:
“En noviembre de 1970 asumió la presidencia de Chile el Doctor Salvador Allende Gossens, quien, encabezando un gobierno de coalición popular, implementó un conjunto de transformaciones económicas, políticas y sociales que cambiaron sustancialmente la realidad del país. La reforma agraria, la nacionalización de la banca y del cobre, la estatización de importantes empresas productivas (la industria azucarera nacional, la Compañía de Teléfonos de Chile, la Compañía de Aceros del Pacifico, la Empresa Nacional de Petróleos, el Consorcio Seguros del Estado, la Sociedad Química y Minera de Chile) afectaron severamente los intereses de la oligarquía chilena y de las transnacionales, especialmente de aquellas dedicadas a la explotación del cobre”.

“Las acciones desestabilizadoras contra el gobierno popular, que contaron con el apoyo incondicional del gobierno de los Estados Unidos de la época, (según surge de dos informes, uno producido por el Senado norteamericano y otro por la propia CIA a pedido del Congreso de ese país), inicialmente, lejos de conseguir su objetivo, fortalecieron al Ejecutivo. En efecto, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 el gobierno amplió su base de sustentación llevando su caudal electoral a un sólido 45%. Ello motivó que la oposición, con el apoyo internacional mencionado, agudizara su confrontación con el gobierno. Infiltraron los partidos de la Unidad Popular a través de los organismos de inteligencia militar, en particular de la DINE, y secuestraron, torturaron y ejecutaron detenidos en centros clandestinos de detención. Una serie de huelgas y cierres patronales, que junto con crímenes políticos como el del ex Ministro Pérez Zujovic o del Comandante de la Marina Pedro Araya Peters, paralizaron la nación y enrarecieron el clima social generando una sensación de caos. La situación se vio agravada por un intento de sublevación militar en el mes de junio de 1973”.

Según señaló el senador Letelier, la querella criminal interpuesta es “por los delitos de genocidio y asociación ilícita genocida, contra quienes resulten responsables como autores, cómplices y/o encubridores y en particular contra quienes se señalan en el cuerpo de este escrito y en los anexos que hacen parte del mismo, en mérito a las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que se exponen en la misma”.

“Tenemos la firme convicción de que la política económica de la Junta chilena y sus resultados deben ser analizados dentro del contexto de un amplio proceso contrarrevolucionario destinado a devolver a una pequeña minoría el control político, social y económico que gradualmente había perdido durante los últimos treinta años, y especialmente, durante los años del gobierno de la Unidad Popular. La sociedad chilena se había caracterizado históricamente, hasta el momento del golpe de Estado del 11 de Setiembre de 1973, por una creciente participación de la clase trabajadora y sus partidos políticos en el proceso de dirección económica y social del país. Desde principios de siglo, a través de los mecanismos de democracia representativa, los trabajadores habían ido logrando conquistas económicas, sociales y políticas, las que culminaron con la elección de Salvador Allende como Presidente de Chile en 1970. En este proceso, los grupos internos privilegiados y los intereses extranjeros imperiales se sintieron seriamente amenazados. Pese a la fuerte presión financiera y política ejercida desde el exterior, y los esfuerzos para manipular la conciencia de la clase media a través de una verdadera guerra psicológica, orquestada por los medios de difusión que controlaban los sectores reaccionarios, el apoyo al gobierno popular de Salvador Allende aumentó significativamente entre 1970 y 1973”.

Por su parte Juan de Dios Parra, recordó que “la instalación del Gobierno Militar por la vía armada, y sustitución de las autoridades constitucionalmente electas por una Junta Militar, significó la usurpación del poder, centralizando todas las funciones del Estado, en clara violación de toda la normativa constitucional y legal vigente. El golpe de estado tuvo por finalidad abortar el proceso de cambios que se venía desarrollando, e imponer, mediante el terror, un modelo económico neoliberal, con exclusión social y control político, que garantizara los privilegios de la minoría y la marginación de las grandes mayorías”.

Por esto, la querella tiene entre sus principales argumentos, las medidas que tomó la entonces Junta Militar para el cumplimiento de sus propósitos, como por ejemplo: las autoridades auto-designadas, la persecución indiscriminada de todo el que pensaba distinto, la desaparición forzada, la privación de libertad ilegítima en campos de concentración, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y Consejos de Guerra, el extrañamiento y el exilio de miles y miles de chilenos, configurando una acción genocida contra un grupo nacional. Sólo consiguieron imponerse, pues, a través de la violencia, la deshumanización y el terror para instalar un nuevo orden en el país, a cuyos efectos adoptaron las siguientes medidas:
Disolución del Congreso Nacional y del Tribunal Constitucional (Decreto Ley Nº 27), Proscripción y receso de todos los partidos políticos (Decreto Ley Nº 77), Caducidad e incineración de los registros electorales (Decreto Ley Nº 130), Cesación de alcaldes y regidores (Decreto Ley Nº25), Interinato en la Administración Pública, exceptuando el Poder Judicial (Decreto Ley Nº 22), Imposición del Estado de Emergencia en todo el país (Decreto Ley Nº 3), Suspensión forzada de toda actividad sindical (Decreto Ley Nº 198), Intervención de las Universidades (Decreto Ley Nº 50), Cierre y clausura de los medios de comunicación, establecimiento de la censura y el control de los medios de prensa, entre otros.

Cabe destacar que mañana 12 de septiembre el Senador Letelier acompañado del abogado, Juan de Dios Parra, sostendrán una reunión con el Ministro Carroza (en sus dependencias) a las 8:30 horas, con el fin de conversar los alcances de esta querella y los pasos que debiera seguir.

A 44 años del 11 de septiembre: Los Derechos Humanos son una noción compartida por la humanidad


Como bancada de senadores socialistas lamentamos que, una vez más, un sector de la sociedad quiera apropiarse de las Fuerzas Armadas que son de todos los chilenos.

Reafirmamos, en momentos en que conmemoramos un aniversario más del golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas deben sujetarse a las leyes vigentes, que establecen su carácter no deliberante y sujetas al poder civil legítimamente constituido.

Nos parece fundamental que ex comandantes en jefe y altos mandos militares reflexionen sobre el bien común de la sociedad en su conjunto. No hay palabras de autocrítica al pasado: eso es justamente lo que evita que los traumas del ayer puedan superarse colectivamente. Los pactos de silencio por cierto tampoco ayudan en la búsqueda que han realizado por décadas organizaciones y agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Lamentablemente la globalización en Chile se expresa de mejor forma en el comercio que en otros ámbitos. La forma en cómo se resolvieron muchos episodios críticos al interior de distintas sociedades, algunas de las cuales queremos emular, no es algo que debamos imitar.

No es posible que un sector de la sociedad chilena se resista a entender que los derechos humanos surgen como una noción compartida por la humanidad y que forman parte de la convivencia democrática moderna.

Esa es nuestra opción y la del Chile que queremos, a 44 años del golpe de Estado.

Senador De Urresti cuestionó tenor de carta pública de ex comandantes de las FFAA


Lamentando que “una vez más un sector de la sociedad quiera apropiarse de las Fuerzas Armadas que son de todos los chilenos”, el senador Alfonso De Urresti salió al paso de la carta abierta publicada hoy en un diario de circulación nacional suscrita por 11 ex comandantes en jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y por 4 ex directores de Carabineros, señalando que “no parece adecuado el tenor amenazante que se lee en dicho texto, aunque se hable tanto de cerrar heridas”.

Para el parlamentario del PS es inaceptable que “se quiera insistir en la tesis de que hay discriminación ante la justicia, cuando lo único que se hace es aplicar normas nacionales y acuerdos internacionales suscritos por Chile a lo largo de muchas décadas. Y peor, aun es que se hable tanto de reconciliación y en el mismo documento se hagan amenazas veladas con aquello de poner en riesgo lo alcanzado. Las Fuerzas Armadas deben sujetarse a las leyes vigentes, que establecen su carácter no deliberante y sujetas al poder civil legítimamente constituido”.

De Urresti dijo que “es lamentable que ex comandantes en jefe se presten para publicar esta carta que solo mira hacia adentro de las instituciones militares, pero que sistemáticamente se niega a mirar el bien común de la sociedad en su conjunto. No hay una palabra de autocrítica al pasado: eso es justamente lo que evita que los traumas del ayer puedan superarse colectivamente. Los pactos de silencio por cierto tampoco ayudan”.

El legislador por la región de Los Ríos sostuvo que “lamentablemente la globalización en Chile se expresa de mejor forma en el comercio que en otros ámbitos. La forma en cómo se resolvieron muchos episodios críticos al interior de distintas sociedades, algunas de las cuales queremos emular, no es algo que se quiera imitar. No es posible que un sector de la sociedad chilena se resista a entender que los derechos humanos surgen como una noción compartida por la humanidad y que forman parte de la convivencia democrática moderna”.

Senador Letelier por proyecto que tipifica incitación a la violencia: “Presidenta Bachelet se ha propuesto cerrar las puertas al odio y la violencia”


El senador Juan Pablo Letelier valoró significativamente la firma del Proyecto de Ley que tipifica la incitación a la violencia por discriminación realizado por la mandataria.

Esta semana, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de Ley que modifica el Código Penal e incorpora un nuevo artículo que tipifica el delito de “Incitación a la Violencia por Discriminación”.

En la ceremonia, en que estuvieron presentes representantes del Parlamento, de instituciones de Derechos Humanos, de organizaciones de minorías sexuales y de diversas agrupaciones, la Presidenta Michelle Bachelet dejó muy en claro que esta Ley “castigará a quienes inciten violencia a personas por raza, origen, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión”.

“Hoy es un día importante para Chile, hoy es un día en el que estamos reivindicando los principios esenciales que sustentan nuestra democracia” señaló.

En tanto, el Senador de la región de O´Higgins, Juan Pablo Letelier, manifestó que “el mensaje que nos entrega la Presidenta es claro, es un llamado a construir un Chile sin divisiones, con más inclusión, uno que nos lleve por el camino del diálogo y que no sucumba a la violencia por causa de las ideas o el color de piel”.

Chile se ha transformado en un atractivo país para miles de inmigrantes, y si a ello sumamos los cambios internos que estamos viviendo en materia de igualdad, sin duda es un caldo de cultivo para algunos que buscan dañar, por ello señaló Letelier “no debemos dejar que en nuestra sociedad germine el odio a través de mensajes que menoscaben a ninguna persona. Con esta Ley la Presidenta lo ha dicho, se introduce un marco mínimo de responsabilidad frente a la sociedad, evitando llamados a la violencia, ya que un Chile diverso lo debemos construir con bases sólidas de respeto y tolerancia” concluyó.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INCITACIÓN AL ODIO Y VIOLENCIA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
a) La libertad de expresión goza de una amplia protección en los pactos internacionales y regionales de derechos humanos (Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
b) Sin embargo, la libertad de expresión y la proscripción de los discursos de odio y de violencia van de la mano. Lo segundo se erige como una limitación legítima, necesaria y proporcional al ejercicio de la primera. Los discursos de odio y de violencia, en consecuencia, no pueden ser analizados sin la referencia al derecho fundamental a la libertad de expresión. Los Estados democráticos deben proteger, por una parte, la libertad de expresión y, por otra, garantizar la igualdad y la seguridad de todas las personas.

c) La sanción penal se debe reservar para aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, consistan en una apología del odio que constituya una incitación de tal magnitud, que pueda desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o a un miembro de ese grupo. Para las demás hipótesis, existen mecanismos menos severos en el ordenamiento jurídico, que también constituyen un reproche legal (Ley N° 20.609).