Senador Quinteros: “Enfrentemos en serio la contaminación costera”


Por Rabindranath Quinteros Lara, Senador Socialista por la Región de Los Lagos.

Resulta indispensable establecer un ámbito de protección mayor para nuestros bordes costeros urbanos y rurales, marítimos, lacustres y fluviales.

La decisión de la presidenta Bachelet en cuanto a impulsar un proyecto de ley que ponga término al uso de bolsas plásticas en las comunas con borde costero del país es, sin dudas, una buena noticia, no sólo porque da cuenta del interés real por proteger el medio ambiente sino también porque deja de manifiesto que la visión de un buen gobierno debe superar los límites de lo inmediato y lo urgente para situarse también en contextos de largo plazo.

Desde esa perspectiva, y asumiendo la positiva intención del proyecto de ley recientemente anunciado, resulta indispensable establecer un ámbito de protección mayor para nuestros bordes costeros urbanos y rurales, marítimos, lacustres y fluviales.

Preocuparnos sólo de las bolsas plásticas es bueno para nuestras costas, pero resulta insuficiente.

Es cierto que el microplástico -que son aquellas partículas microscópicas del material con que se elaboran las bolsas que, en buena cantidad, van a caer a ríos, mares y lagos- contamina el agua y por extensión a los peces e incluso a los seres humanos. Sin embargo, no es el único componente que genera impactos negativos en el entorno.

Basta observar las costas en algunos sectores del sur, donde el oleaje acarrea residuos de poliestireno extendido -el conocido plumavit- que se utiliza como flotador en la realización de faenas acuícolas, junto con restos de cordeles, envases y botellas de alimentos -todos de plástico-.

Ampliamente demostrados están también los impactos en materia de contaminación que produce la industria salmonera donde nuevamente el plástico es, precisamente, uno de los materiales más utilizados. A ello se suman residuos de alimentos, restos de balsas, redes y jaulas metálicas inutilizadas, que descansan bajo el fondo marino sin mayor control ni fiscalización.

Abordar el tema de la contaminación de nuestros bordes costeros es un propósito destacable. Y el gobierno está dando un primer paso valioso en esa dirección. Pero, para convertirse en una respuesta efectiva a los problemas que enfrentan nuestras costas, se requiere una intervención mucho mayor, que establezca límites nítidos, que asigne responsabilidades claras a actores públicos y privados, que fiscalice y sancione con severidad a quienes están contaminando uno de nuestros principales activos como país.

Senadores PS reiteran su compromiso con los derechos de los consumidores


El proyecto de fortalecimiento del SERNAC está llamado a constituirse en un importante paso para Chile en la idea de una sociedad más justa. Los episodios de vulneración a los derechos de los consumidores vividos durante los últimos años, tales como la colusión o casos de suspensión de servicios básicos, son reflejo latente de la necesidad de actualizar nuestra legislación.

Estructuralmente, esta es la reforma más relevante que se ha discutido a la ley del consumidor desde la creación del servicio, por cuanto el eje de la institución cambia en términos fundamentales. El SERNAC, hasta hoy, ha funcionado como un servicio de Estado que procesa reclamos de los consumidores por infracción a la regulación del área y que se limita a enviar cartas a los proveedores infractores solo recomendándoles que respondan y realicen enmiendas a su conducta, además de hacer estudios sobre la materia y, eventualmente, denunciar por la prensa las infracciones. Es lo que se ha denominado, un animal sin dientes, un servicio sin facultades.

Después de esta reforma, el SERNAC se transformará en un servicio con facultades sancionatorias fuertes que le permitirán resolver directamente la demanda de los consumidores que han sido vulnerados en sus derechos ante el requerimiento de éstos a la autoridad administrativa. Evidentemente, esto generará incentivos para que los proveedores mejoren sus procesos de respuesta y de post venta, para evitar exponerse a las sanciones de la autoridad. Si bien esto implicará que las empresas y proveedores dediquen más recursos en el corto plazo a corregir procesos, prestando más atención a la entrega de un buen servicio, en el largo plazo la economía ganará como conjunto y se configurará un elemento que nos distinguirá de nuestros pares en la región, en materia de calidad de servicios.

Este proyecto es de una tremenda importancia ya que los consumidores podrán acceder a una rápida respuesta a sus reclamos cuando se cometan infracciones a la ley del consumidor, con una intervención de la autoridad administrativa a bajo costo, en comparación con lo que existía hasta ahora. Y desde el punto de vista de la economía, en el mediano y largo plazo nuestro país ganará en mejores estándares de prestación de servicios.

Esperamos que en las votaciones que quedan, la derecha no vote contra los consumidores, como lo hizo durante toda la tramitación del proyecto. Necesitamos un SERNAC fuerte, con facultades para defender a los más de 17 millones de consumidores que tiene nuestro país.  Esta es una reforma buena para Chile y la defenderemos con total convicción.

Carlos Montes , Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Alfonso De Urresti, Rabindranath Quinteros

Senadores del Partido Socialista de Chile

Congreso Nacional aprueba proyecto del Gobierno que desmunicipaliza la educación


La Nueva Educación Pública, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y parte fundamental de la reforma a la educación planteada por el Gobierno de la Nueva Mayoría, fue aprobado este martes en el Parlamento.

Se trata del proyecto de desmunicipalización, que esta semana fue revisado por la comisión mixta del Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado.

“Este es un momento muy importante para el país. Hace 37 años la dictadura impuso un modelo de educación que tenía como la lógica la competencia de mercado, toda una organización que terminó perjudicando y abandonando la educación pública”, manifestó el senador Carlos Montes.

El texto crea un nuevo marco institucional, que tendrá como objeto central que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, una educación pública gratuita y de calidad, laica y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad.

“Hoy día se ha aprobado un sistema alternativo al actual, un sistema que tiene otro concepto, otra forma de entender la educación, otra forma de entender la formación de las personas”, aseguró Montes.

De igual forma se extendió el plazo para la implementación de esta ley hasta el 2030 y se mantuvo la posibilidad de postergar el ingreso al nuevo sistema para los colegios con buenos índices.

“Hemos logrado aprobar la Educación Pública, retomarla, una tradición que se había perdido hace más de 37 años. Queremos rescatar lo que significa recuperar una educación pública, sobre todo de calidad, gradualmente a través de los consejos locales de educación, con amplia participación de toda la comunidad escolar. Partiremos con cuatro servicios locales, se irá ampliando hasta el tope que es en 2030”, indicó la senadora Isabel Allende.

Durante la discusión del proyecto también se estipuló que todos los municipios tendrán que pagar las deudas previsionales y de remuneraciones que se mantengan con los profesores antes del traspaso a los servicios locales.

 

Bancada de senadores PS manifiesta su preocupación por retiro de urgencia a reforma al Código de Aguas


La bancada de senadores socialistas manifestó su preocupación por el anuncio del Gobierno en el sentido de retirar urgencia en los trámites parlamentarios necesarios para reformar el Código de Aguas.

“Nos parece inadmisible. Esperamos que el Ejecutivo rectifique esta situación y mantenga la urgencia al proyecto, que es una prioridad en materia de políticas de sustentabilidad y cambio climático”, expresó el jefe de bancada de los senadores socialistas, Alfonso De Urresti.

El anuncio fue realizó en el marco del XIII versión del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Nuestro país, según la OCDE, es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático, debido a su geografía y a sus características socioeconómicas, en particular el alto nivel de desigualdad. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 22), Chile está en el décimo puesto de los países más vulnerables y afectados por el fenómeno mundial.

“Creemos que políticas como éstas, que la Presidenta Bachelet y el Gobierno han impulsado con fuerza, deben ir mucho más allá de las coyunturas electorales”, agregó el senador Rabindranath Quinteros.

Los dos proyectos de ley que reforman el actual Código de Aguas, buscan definir que el recurso hídrico es un bien nacional de uso público de carácter multifuncional. De esta manera, el marco regulatorio debe ajustarse para responder a la nueva realidad del agua ante un escenario en el cual inciden características no tomadas en cuenta en la ley, como el cambio climático, demográfico, económico, cultural, político e hidrológico.

El agua en nuestra legislación es un bien nacional de uso público, pero la tutela del Estado es pobre en esta materia: No existe el derecho humano al agua, no se prioriza la subsistencia humana y no hay regulación en función del interés público.

La reforma al Código de Aguas busca legislar y modernizar la actual legislación, planteando que los derechos de agua no son a perpetuidad, sino que tendrán extensión temporal limitada a 30 años, prorrogable, a menos que la Dirección General de Aguas (DGA) acredite el no uso efectivo del agua.

De igual manera, las modificaciones en curso permitirán a la DGA investigar, monitorear y fiscalizar la calidad de las aguas y evitar su extracción ilegal.

En síntesis, no sólo es tutelar los derechos de los más desprotegidos, sino que el Estado garantice las condiciones de vida básica, como lo es el derecho humano al agua, la seguridad hídrica básica y evitar los conflictos socio-ambientales por el mal uso de este elemento.

 

 

Presidenta Bachelet firma histórica ley que despenaliza interrupción del embarazo en tres causales


La bancada de senadores PS reafirmó su completo apoyo a la mandataria a lo largo de todo el proceso que llevó a la promulgación de la nueva normativa.

Una vez más, el Gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, ha cumplido. Y no en una tarea fácil. Ha cumplido en un ámbito que por décadas diversos sectores de la sociedad exigieron, lucharon y se movilizaron de las más distintas formas.
Como bancada de senadores PS reafirmamos nuestro apoyo a la Presidenta de la República, quien ha promulgado hoy, en un día histórico, la ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, iniciativa impulsada por el Ejecutivo, apoyada por toda la Nueva Mayoría y aprobada en el Congreso Nacional.
Gracias a esta ley, compromiso del Gobierno en materia de derechos de la mujer, se responde en forma contundente como sociedad a una postergada demanda, despenalizando la interrupción del embarazo en caso de que una mujer se encuentre en riesgo vital, en que el feto o embrión padezca una patología congénita incompatible con la vida extrauterina, y en caso de violación.
Esto es un hecho histórico. Coincidimos con la Presidenta que con esta promulgación no sólo ganan las mujeres sino también la democracia.
Como ya lo hemos dicho, esta ley no busca obligar ni imponer una visión, sólo otorga a las mujeres en estas tres causales extremas, la oportunidad para que puedan decidir si interrumpir su embarazo.
Con esta nueva normativa modernizamos nuestra legislación y terminamos con la criminalización de la mujer. Para la historia quedará que hoy la Presidenta Bachelet y el conglomerado político que la respalda han alcanzado un nuevo derecho: el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su embarazo en tres causales.