por senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Alfonso De Urresti (PS)

El día miércoles 16 de mayo recién pasado, el Senado discutió en una sesión especial las atribuciones del Tribunal Constitucional y los ámbitos de competencia que le caben en el proceso legislativo.

A grandes rasgos, entendemos que el actual Tribunal Constitucional está presentando los siguientes problemas: a) ha infringido en sus últimas sentencias su rol de legislador negativo, invadiendo el ámbito del Congreso Nacional para crear legislación; b) el presidente del TC, Iván Aróstica, ha utilizado los sellos y timbres del tribunal para intervenir a través de comunicados de prensa en conflictos jurídicos donde el tribunal no ha sido requerido, a espaldas del pleno; c) por la vía de una re interpretación de su ámbito de competencia, el TC ha aumentado su ámbito de control de manera expansiva; d) el TC está siendo utilizado para paralizar causas de derechos humanos e impedir la acción de la justicia; y, e) el TC está siendo utilizado para rebajar las multas que las superintendencias imponen a grupos empresariales que no cumplen la ley (Caso Ponce Lerou y cascadas SQM), desarmando todo el sistema sancionatorio chileno.

Preocupan especialmente resoluciones como la que recayó en la ley de aborto en tres causales, donde el TC extendió el derecho de objeción de conciencia a las personas jurídicas, institución que no estaba contemplada. Independiente de la opinión política que tengamos a este respecto, el Tribunal, mediante la eliminación de palabras aisladas, creó una norma precisamente inversa a la creada por el Congreso Nacional, torciendo el alcance y sentido de la ley. Asimismo, respecto a la ley de Educación Superior, el órgano extendió el ámbito de su competencia unilateralmente a normas que no habían sido cuestionadas y terminó declarando inconstitucional un artículo que prohibía controladores de universidades con fines de lucro.

Otro tema preocupante es la dilación innecesaria de causas pendientes por crímenes de lesa humanidad en Dictadura que se paralizan con ocasión de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por ejemplo, el recurso presentado en el juicio por la muerte de Miguel Estol Mery ingresó en julio de 2016 y su sentencia fue recién dictada el 22 de mayo del presente año, es decir, estuvo casi dos años tramitándose. En el caso del juicio por la muerte de Juan Espinoza Parra su fallo demoró más de un año y tres meses de los cuales 8 meses se tomaron sólo para redactarlo, a pesar que la ley establece un máximo de 30 días. Lo grave de estos casos es que se aplaza innecesariamente la llegada de la Justicia para gente que la ha buscado por más de 40 años y hay varios otros procesos suspendidos esperando pronunciamiento.

No queremos ser malinterpretados. Creemos en la necesidad de una justicia constitucional que resguarde la Supremacía de la Ley Fundamental, pero exigimos que sea respetuosa de la institucionalidad llamada a representar la voluntad democrática en un Estado de Derecho. El TC no puede constituirse tampoco en guardián del abuso, su rol debe estar enfocado en la defensa de los valores democráticos y republicanos propios de la tradición chilena. Es inaceptable que los grupos empresariales vean en él la fórmula para arrebatar derechos a los consumidores, para rebajar las multas de empresarios infractores de ley o para garantizar el lucro en los ámbitos más variados de la sociedad. Ese no es el TC que nuestro país necesita.

El Gobierno actual ha llamado a la oposición a llegar a grandes acuerdos nacionales. Uno de ellos debería ser cómo devolvemos al TC a un cauce institucional adecuado. Para ello es necesario discutir su facultad de control preventivo y la posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros en caso de notable abandono de deberes u otros de igual gravedad.