Una Renta Básica de Emergencia digna y masiva para los hogares ahora.

Hay recursos, información y organización para hacerlo ya.

1.-Manifestamos nuestra gran preocupación por el proyecto de ley Ingreso Familiar de Emergencia, presentado por el Gobierno, en la actualidad en fase de promulgación y/o eventualmente sujeto a veto por el Ejecutivo. Este, por ser la piedra angular de los instrumentos de apoyo del Gobierno, estimamos que no se condice con la gravedad de la situación de avance de la pandemia -particularmente en las comunas más vulnerables- y las condiciones de cesantía de la población, tanto, en lo que respecta a su monto y diseño, como cobertura.

2.-En su propuesta original el Gobierno planteaba:

• Un monto per cápita del apoyo de para el 40% de hogares más vulnerable y 2/3 del mismo para el 40% a 60% de vulnerabilidad, decreciente en 3 meses. Considerando el Informe Financiero de la Ley significa un promedio $ 118 mil a 132 mil/mes por hogar, lo que es un monto totalmente insuficiente, aunque mediáticamente se habla de $ 260 mil/ mes para un hogar de 4 personas.
• Tres cuotas o pagos decrecientes en el tiempo (100%, 85% y 70%), cuando justamente los contagios del COVID-19 van en alza hacia el invierno.
• Se fija una larga lista de incompatibilidades, que dejan fuera total o parcialmente a los beneficiarios de otros programas (jubilados y otros), diferenciando, además, los hogares del 40% al 60 % más vulnerables en el monto de subsidios, situaciones que en tiempos de crisis no admiten este nivel de distinciones.
• Quien postula dentro de los primeros 10 días tiene derecho a 3 cuotas, los restantes a 2, lo que no parece compatible con un “derecho social”.
• Un mecanismo de administración, asignación y distribución poco transparente, que se presta para discrecionalidad y clientelismo, con un Indicador Socio Económico de Emergencia desconocido, cuya metodología no se han probado en la práctica y con gran protagonismo del Ministerio de Desarrollo Social en su diseño y aprobación, haciéndolo lento y engorroso para la situación y llegada efectiva a los beneficiarios. Además, que no garantiza inexistencia de aglomeraciones en su aplicación.

Es comprensible que el Congreso frente a ese tipo de propuestas haya reaccionado, haciendo valer sus puntos de vista, ya que no es su papel actuar como un mero buzón del Ejecutivo. La situación es muy delicada y requiere respuestas que estén a la altura. No es ser obstruccionista plantear con seriedad opiniones discordantes para que en estos días de crisis a todos nos vaya mejor.

3.-Estimamos que este Ingreso Familiar de los Hogares debe ser a lo menos equivalente a un salario mínimo (IMM) de $320 mil/mes por hogar, no decreciente en el tiempo, con una cobertura de la totalidad de los hogares vulnerables (60% de menores ingresos) y de los restantes hogares directamente afectados por la crisis, como trabajadores cuenta propia y desempleados, cuyos sectores de actividad estén total o parcialmente paralizados, para que se realice una efectiva cuarentena. Los mecanismos de acceso deben ser transparente para la población, considerar la información administrativa ya existente sin mayores actualizaciones, para que los apoyos lleguen oportunamente. Esa información está disponible.

4.-No compartimos las aprehensiones del gobierno y en particular del Ministro Briones, respecto a las limitaciones de disponibilidad de recursos para enfrentar esta situación con mayor esfuerzo fiscal. Además de los Fondos Soberanos que suman US$ 22.000 millones, están los Fondos de Contingencia de las FFAA de aproximadamente US$ 6.000 -y de los cuales curiosamente muy poco se habla- y la capacidad de endeudamiento interno y externo del Estado, que todavía existe. Por lo demás, sostener los ingresos de las familias además de ser una prioridad sanitaria tiene un efecto virtuoso sobre la demanda interna de la economía.

5.-Llamamos al Gobierno a no seguir con esa gran diversidad de instrumentos de apoyo -que confunde- excesivamente focalizados, de montos exiguos, con “letra chica” y que no llegan oportunamente a la población que los necesita AHORA, evitando que los (as) jefes (as) de hogar salgan a buscar dinero en trabajos precarios en los momentos que la pandemia se agudiza en sus comunas.  La salud de la población es el bien superior a proteger y cualquier otra consideración de política fiscal debe estar supeditada a ella, más aún si ésta se percibe como algo mezquina y cortoplacista para la magnitud de la crisis que se avecina.

Coordinación

Comisión Económica Partido Socialista

Santiago, 8 de mayo 2020.