Los senadores socialistas Isabel Allende, Alfonso De Urresti y Juan Pablo Letelier presentaron una reforma constitucional para eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional. Esto, por cuanto dicha atribución vulneraría las funciones del poder legislativo, que es el representante de la ciudadanía encargado de dictar o modificar leyes.

La moción deja de manifiesto la preocupación que existe en la ciudadanía, de que una minoría parlamentaria ha recurrido constantemente a dicho Tribunal cuando su opinión “no prevalece” en el Congreso. Como ha pasado, por ejemplo, con la píldora del día después, la interrupción voluntaria del embarazo, y en el futuro fallo que restringe las facultades del Sernac.

Según los legisladores, el control constitucional de la legislación se mantendrá mediante la: “facultad de declarar un precepto legal inaplicable por inconstitucional a un caso particular”, es decir, cualquier persona podrá recurrir al Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de una norma.

Junto a esto, la moción pretende establecer mecanismos de determinación de responsabilidad sobre este órgano, ya que en la actualidad no existe mecanismo alguno. Para esto, los miembros del Tribunal podrán ser acusables constitucionalmente como cualquier otra autoridad, para reforzar los estándares democráticos de los mismos.

Por último, se pretende reducir el periodo de los miembros del TC, de nueve a cinco años, “lo que parece más adecuado al principio de responsabilidad y control sobre las autoridades en cualquier democracia”.