Por Rabindranath Quinteros Lara, Senador Socialista por la Región de Los Lagos.

Resulta indispensable establecer un ámbito de protección mayor para nuestros bordes costeros urbanos y rurales, marítimos, lacustres y fluviales.

La decisión de la presidenta Bachelet en cuanto a impulsar un proyecto de ley que ponga término al uso de bolsas plásticas en las comunas con borde costero del país es, sin dudas, una buena noticia, no sólo porque da cuenta del interés real por proteger el medio ambiente sino también porque deja de manifiesto que la visión de un buen gobierno debe superar los límites de lo inmediato y lo urgente para situarse también en contextos de largo plazo.

Desde esa perspectiva, y asumiendo la positiva intención del proyecto de ley recientemente anunciado, resulta indispensable establecer un ámbito de protección mayor para nuestros bordes costeros urbanos y rurales, marítimos, lacustres y fluviales.

Preocuparnos sólo de las bolsas plásticas es bueno para nuestras costas, pero resulta insuficiente.

Es cierto que el microplástico -que son aquellas partículas microscópicas del material con que se elaboran las bolsas que, en buena cantidad, van a caer a ríos, mares y lagos- contamina el agua y por extensión a los peces e incluso a los seres humanos. Sin embargo, no es el único componente que genera impactos negativos en el entorno.

Basta observar las costas en algunos sectores del sur, donde el oleaje acarrea residuos de poliestireno extendido -el conocido plumavit- que se utiliza como flotador en la realización de faenas acuícolas, junto con restos de cordeles, envases y botellas de alimentos -todos de plástico-.

Ampliamente demostrados están también los impactos en materia de contaminación que produce la industria salmonera donde nuevamente el plástico es, precisamente, uno de los materiales más utilizados. A ello se suman residuos de alimentos, restos de balsas, redes y jaulas metálicas inutilizadas, que descansan bajo el fondo marino sin mayor control ni fiscalización.

Abordar el tema de la contaminación de nuestros bordes costeros es un propósito destacable. Y el gobierno está dando un primer paso valioso en esa dirección. Pero, para convertirse en una respuesta efectiva a los problemas que enfrentan nuestras costas, se requiere una intervención mucho mayor, que establezca límites nítidos, que asigne responsabilidades claras a actores públicos y privados, que fiscalice y sancione con severidad a quienes están contaminando uno de nuestros principales activos como país.