En su declaración el legislador socialista indico que las situaciones que ha vivido el Alto Mando han vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la Ley Reservada del Cobre.

Considerando “lamentable que al parecer no es mucho lo que hemos avanzado” desde los casos de “comisiones ilegales” en la compra de aviones Mirage, adquiridos en 1994, el caso “pertrechos” y de coimas en la compra de tanques Leopard en 1998, el senador Alfonso De Urresti dijo que “ante las denuncias e investigaciones en curso por el caso Milicogate, el patrimonio del general Fuente-Alba y los pasaportes de los hijos del actual comandante en jefe, lo único que cabe esperar es la mayor cooperación institucional del Ejército”.

El parlamentario del PS enfatizó que “aunque esperamos que las investigaciones judiciales establezcan las responsabilidades individuales, es necesario que el Ejército y las otras ramas de las FFAA entiendan que las instituciones armadas también están bajo el escrutinio público y no pueden mantenerse al margen de los nuevos estándares de transparencia que demanda la sociedad. Ello indica que ya es tiempo de que el Ejército y las otras ramas armadas adopten todas aquellas medidas que favorezcan y refuercen la transparencia y la probidad en las compras públicas y en los actos de sus autoridades”.

De Urresti dijo que “por cierto todas estas situaciones ponen nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de la Ley Reservada del Cobre y la forma en que hasta ahora se aprueban los recursos para gasto militar. Aun en países donde el tema militar tiene una centralidad mayor, como EEUU, es el Congreso quien autoriza ese tipo de gastos. En nuestro caso la sociedad civil debe ejercer un rol sobre estos temas, reduciendo la excesiva autonomía que hasta hoy prima. Sin embargo, no perdemos de vista que cualquier modificación a la ley reservada no puede servir de caballo de Troya para iniciar una privatización de Codelco”.

El senador por Los Ríos es el autor del proyecto de acuerdo presentado con la firma de 19 parlamentarios, que fue aprobado por el Senado a fines de enero pasado y que solicita el envío de un proyecto de ley que revise y establezca nuevos mecanismos de control democrático sobre el gasto militar nacional.