La Presidenta Michelle Bachelet firmó hoy el proyecto de Ley de Reforma Constitucional que establece una Nueva Carta Fundamental para Chile, y que es resultado del Proceso Constituyente iniciado en octubre de 2015.

El senador Alfonso De Urresti, presente en la ceremonia, destacó el carácter participativo que tuvo el proceso constituyente. “Este proyecto es producto de un largo proceso, donde más de 200 mil personas y pueblos indígenas participaron de los encuentros autoconvocados y de los cabildos constituyentes”, aseveró el parlamentario.

De Urresti destacó la necesidad que Chile tiene de una nueva Constitución y expresó su confianza que esta iniciativa también sea recogida por el nuevo Gobierno y sectores de la derecha. “No me cabe duda que hay sectores liberales de la derecha, dentro del gobierno, que quieren una Constitución que sea democrática, que sea discutida entre todos, no que tenga resabios de la dictadura”, subrayo el senador socialista.

Cabe recordar que entre abril y agosto de 2016 participaron 204 mil personas que dialogaron en Encuentros y Cabildos Ciudadanos. Y otras 17 mil personas que participaron en la Consulta Indígena Constituyente. El resultado de ese diálogo fue procesado sistemática y respetuosamente por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, dando lugar a las bases ciudadanas del Proceso Constituyente. A partir de esas bases, se elaboró el texto del actual proyecto de Nueva Constitución.

El legislador del PS hizo suyos los argumentos de la mandataria, quien respecto del contenido del proyecto, dijo que “propone una nueva manera de comprender los derechos fundamentales y la estructura de poderes del Estado, sosteniéndose en los valores basales de nuestra sociedad, como son los de la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos”.

De Urresti también destacó que la Jefa de Estado haya enfatizado que la propuesta constitucional “reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental de nuestro orden constitucional, debiendo el Estado promover y respetar su integridad, sus derechos y su cultura. Al mismo tiempo, se les reconoce el derecho a contar con representación parlamentaria en el Congreso Nacional y se hace cargo de nuestra deuda histórica con los pueblos indígenas, reconociendo sus derechos culturales y lingüísticos”.