Por Carlos Montes, presidente del Senado.
El deterioro de la confianza en las instituciones y en la democracia representativa es un problema que afecta, casi sin excepciones, a todo el mundo occidental. Entre sus causas hay fenómenos globales, como la separación del poder y la política y también asuntos más locales, como las características de nuestra transición y situaciones irregulares.
Los parlamentarios somos representantes de la ciudadanía. No tenemos otra función ni otro respaldo. Por ello es que el desafecto ciudadano debe motivarnos una profunda reflexión y la adopción de medidas concretas que ayuden a revertirlo.
Al Congreso Nacional, como el órgano más simbólico de la democracia, no puede serle indiferente esta apatía y distancia de la gente. No podemos seguir funcionando como si el Parlamento fuera exclusivamente una fábrica de leyes. Nuestra responsabilidad es mayor.
Una de nuestras misiones fundamentales es formar, contribuir a aumentar la cultura cívica de los chilenos y al conocimiento de la labor de los distintos órganos. Para ello debemos reenfocar los esfuerzos de los medios de comunicación con que contamos, como el canal de televisión, la página web y las redes sociales.
Asimismo, tenemos que abrir espacios y oportunidades para que los ciudadanos conozcan la función parlamentaria. En ese sentido, me he propuesto sentar las bases para que las sedes del Congreso Nacional sean un centro cultural de formación cívica para el país y, fundamentalmente, para los jóvenes.
Estos inmuebles debieran paulatinamente contar con una oferta permanente de cursos de educación cívica para profesores, estudiantes y ciudadanos en general, interesados en estas materias. Asimismo, esperamos disponer de un ciclo de charlas, talleres o seminarios destinados a dar a conocer los alcances de algunas leyes, de particular interés para grupos o personas.
La conmemoración de los 50 años de la primera ley de Juntas de Vecinos, por ejemplo, debiera ser una oportunidad para repensar la participación social y su relevancia y advertir las falencias en la actual normativa que la dificultan.
Por último, el Senado debe ser, también, un espacio donde se mire el país y sus desafíos. Temas como la situación de nuestros niños, el modelo de desarrollo productivo que queremos, la gestión de nuestros recursos hídricos o las perspectivas de la explotación de recursos naturales relevantes, como el litio, deberían debatirse en estas salas, con la participación de especialistas destacados.