Por Alfonso De Urresti, senador socialista por Los Ríos

Lo del Tribunal Constitucional no es nuevo. Sus fallos casi siempre terminan estando al servicio del orden político hegemónico. Como demostración ahí está su actuación frente al proyecto de reforma laboral del anterior Gobierno, donde a partir de un requerimiento de Chile Vamos declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación.

Luego frente a la iniciativa de interrupción del embarazo en tres causales, la magistratura resolvió suprimir del párrafo del artículo 119 ter el concepto “en ningún caso”, que significó ampliar la objeción de conciencia desde el plano individual al institucional, facilitando que hoy varias clínicas y hospitales hayan comenzado a negarse a ejercer esta prestación a las mujeres que lo solicitasen.

Finalmente en el caso del Sernac, a través de un control de constitucionalidad obligatorio y rutinario, declaró al margen de la Constitución las nuevas facultades de sanción y normativa que había aprobado el Parlamento, desprotegiendo aun más a los consumidores frente al comercio y las empresas.

La actual carta magna -hecha en dictadura y que en democracia aun muchos se niegan a cambiar por una nueva- genera un TC cuya principal razón de ser es aumentar el poder de los conservadores de siempre, que buscan ganar por secretaria lo que pierden en el legítimo debate democrático que se realiza en el Congreso. Salgado y Atria lo dicen muy bien al destacar que “su finalidad no es destrabar, sino entorpecer el proceso político… para impedir que se modifiquen nuestras estructuras legales más característicamente neoliberales”.

Un grupo de senadores socialistas hemos presentado un proyecto de ley que busca eliminar la facultad de control preventivo de los proyectos de ley que hoy ejerce el Tribunal y por primera vez hacer procedente la acusación constitucional en contra de sus magistrados por infringir la Constitución.

Hoy el TC ha repuesto, en los hechos, la figura de los “senadores designados”. Lo que busca nuestra moción es rescatar el respeto a la soberanía popular alojada en los representantes elegidos para integrar el Congreso.
La nueva administración ha enfatizado su interés de avanzar en acuerdos con la oposición. Pues aquí tiene la oportunidad, apoyando esta moción, de dar una señal clara de su vocación democrática y de respeto por el soberano.