Senadores Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla y Rabindranath Quinteros presentaron proyecto de ley de reforma constitucional que busca consagrar por primera vez en forma explícita los derechos de los consumidores en la Carta Fundamental.

La iniciativa, presentada esta semana, establece que “es deber del Estado garantizar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, en especial, el derecho a la libre elección de los bienes y servicios, a recibir información veraz y oportuna, a un trato equitativo, a no ser discriminado arbitrariamente, a la seguridad y calidad en el consumo de bienes y servicios y a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños causados por el incumplimiento”

“Esta iniciativa busca modificar la Constitución, creando un mandato claro de protección y un verdadero deber sobre el legislador para proteger a los consumidores y usuarios frente a los abusos que algunos proveedores pueden cometer”, planteó el senador Alfonso De Urresti.

A juicio de los legisladores,  tan importante como el crecimiento, defender la protección de los consumidores es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de toda economía moderna. No es posible pensar en la sociedad actual, sin los resguardos mínimos para el buen funcionamiento de los mercados.

Con ocasión de la sentencia dictada por el TC respecto del SERNAC queda de manifiesto que “a falta de un mandato claro y explícito, la Constitución puede ser interpretada de un modo en que termina siendo un obstáculo para que el legislador establezca los instrumentos de política pública necesarios para corregir de manera adecuada las imperfecciones de mercado y los desequilibrios y  desigualdades que afectan a los consumidores y usuarios”, expresa el proyecto de reforma.

El senador Rabindranath Quinteros agregó que la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso SERNAC  “cercenó las facultades que había dotado al Servicio Nacional del Consumidor para proteger de modo eficaz a los consumidores. Esta reforma tiene por objeto respaldar las facultades de órganos del Estado competentes para proteger a los consumidores”.

“Los consumidores no pueden quedar en la indefensión. Este proyecto es la respuesta ante los fallos del TC, que se ha convertido en el guardián del abuso. Instamos al Gobierno a apoyar esta iniciativa, para ser consecuente con su permanente retórica de defensa de la clase media”, manifestó el senador Álvaro Elizalde.

El proyecto destaca también el componente educacional. “La idea es que el Estado promueva  la información y educación de consumidores y usuarios, fomentará sus organizaciones  y las oirá en cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca”, cierra el proyecto.