Opinión: Tribunal Constitucional pone en riesgo la democracia. Por senadora Isabel Allende

Opinión: Tribunal Constitucional pone en riesgo la democracia. Por senadora Isabel Allende


Entre los mecanismos contra mayoritarios que dispone la actual Constitución están las atribuciones del Tribunal Constitucional. La Derecha, cuando su opinión no ha prevalecido por ser minoría en el Congreso Nacional, ha tenido la práctica sistemática de recurrir a él.

Ello ha generado conflictos respecto de la distribución de la píldora del día después; la reforma al sistema Binominal; la reforma laboral; la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y, durante los últimos días, con la reforma al Servicio Nacional del Consumidor.

Este estado de cosas pone en riesgo nuestra democracia, ya que el TC cuenta con atribuciones que vulneran las funciones del Poder Legislativo, cuyo principal objeto es, justamente, la creación de las leyes.

Es por ello que hemos considerado del todo pertinente presentar una reforma constitucional para introducir dos modificaciones que tienen como propósito que el Tribunal Constitucional no afecte la legitimidad del proceso de tramitación legislativa.

Se propone eliminar la facultad que actualmente tiene el TC para ejercer el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, tanto obligatorio como voluntario.

La elaboración de las leyes debe siempre ser expresión de la voluntad soberana, manifestada mediante quienes han sido electos por la ciudadanía: los parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso Nacional y el Presidente de la República. Por ello, diez jueces no deben anteponerse a la decisión de una comunidad política.

Proponemos terminar con la absoluta falta de control sobre la conducta de los miembros del Tribunal Constitucional.

Actualmente son las únicas autoridades sobre las que la Constitución ni la Ley disponen de un mecanismo de responsabilidad alguno sobre ellos, lo que escapa de cualquier estándar democrático. Por ello, planteamos incluir a los Ministros del TC como autoridades acusables constitucionalmente.

Finalmente, planteamos reducir el período de nueve años en el ejercicio de su cargo a cinco, más adecuado al principio de responsabilidad y control sobre las autoridades en cualquier democracia.

Esperamos contribuir a un debate transversal en torno al rol que debe jugar el Tribunal Constitucional en un Estado democrático.