Columna de Opinión del senador y jefe de bancada de senadores PS, Alfonso De Urresti.

La despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales marca un hecho histórico para nuestra sociedad.

Pero hay un último paso dentro del trámite legislativo, que hemos visto reflejado en diversas declaraciones en la prensa que nos preocupa. Me refiero a la objeción de conciencia y su eventual ampliación. He fijado mi posición en diversas oportunidades, pero quiero reafirmarla. Creo que no debiera haber objeción de conciencia para la interrupción del embarazo en estas tres causales que hemos aprobado, que son extremas y ojalá nunca ocurrieran a ninguna mujer, pero que existen en nuestra vida diaria.

En mi opinión, ni el médico, ni el equipo que realiza un procedimiento, debería tener la posibilidad de objetar un procedimiento de aborto en el ámbito del sector público.

La intención de la derecha, ahora que sus requerimientos han sido rechazados por parte del Tribunal Constitucional, han estado enfocados en establecer la necesidad de que hospitales y clínicas privadas puedan optar a la objeción de conciencia.

Por mi parte, presenté una indicación muy específica: dicha objeción es de carácter personal y en ningún caso puede ser invocada por una institución.

Reitero mi posición de que en un Estado laico no debe existir lugar a objeción de conciencia en los establecimientos de salud públicos ni en aquellos que reciban cualquier tipo de financiamiento del Estado. Es por eso que declaraciones como las que hemos visto en diversos medios de comunicación por parte del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, cuya posición contraria al aborto es respetable como la de cualquier chileno o chilena, no puede ser una posición institucional que vaya en contra de la legítima decisión que se toma en un estado de derecho.

Una institución no tiene conciencia, pero sí está obligada a respetar la ley, aunque no le guste. Hay gente a la que puede no gustarle pagar impuestos, pero debe hacerlo por el bien común de toda la sociedad. En este caso, una institución confesional puede tener una visión diferente, pero la sociedad en su conjunto, a través de un ejercicio legislativo democrático, tramita, discute y promulga una ley de la república, obligatorio para todos.

La ampliación de la objeción de conciencia, además, sólo aumenta la brecha que enfrenta una mujer de una comuna con múltiples opciones para atenderse por su embarazo, versus mujeres de cientos de pequeñas localidades de nuestro país, que cuentan con estándares mínimos de infraestructura y de personal médico, lugares en los cuales la objeción de conciencia puede transformarse en la dictadura de la objeción.