Por: senador Alfonso De Urresti
El proyecto inmobiliario de la Villa San Luis es uno de los ejemplos concretos y más nítidos de integración urbana que da cuenta nuestra historia moderna.
Las 150 hectáreas del Fundo San Luis se mantenían sin ser aprovechadas viendo cómo Las Condes se convertía en una de las comunas más ricas del país. Fue en el gobierno de Salvador Allende, que el arquitecto Miguel Lawner tuvo la certera visión de construir ahí un proyecto para trabajadores y obreros, haciendo carne el objetivo de avanzar en la construcción de una sociedad con mayores niveles de igualdad.
En 1972, el presidente Allende entregó las primeras viviendas de este innovador proyecto de desarrollo urbano e integración social. En un comienzo fueron 250 departamentos -llegaron a ser más de mil- de 58 metros cuadrados, destinadas para aquellos que vivían en los campamentos del barrio alto.
En la carta de presentación al Consejo de Monumentos se destaca que “…en 1972, el gobierno del presidente Salvador Allende construyó este conjunto habitacional en el corazón de Las Condes. Sus viviendas, fueron entregadas a familias de trabajadores, en un intento por acabar con la segregación social urbana…”
Luego, la mayoría de los pobladores fueron desalojados una vez sucedido el Golpe Militar, aunque 116 familias resistieron hasta que llegó la democracia. El terreno obviamente era altamente codiciado por las inmobiliarias, de seguro ello impulsó a su actual alcalde a encabezar un proceso de demolición que sólo pudo ser detenido por la alerta de las organizaciones ciudadanas y de promoción patrimonial.
Ha sido el propio Lawner quien ha encabezado una campaña para que se reconozca a la Villa San Luis como monumento nacional y así se conserve su patrimonio histórico. El 28 de febrero se realizó la solicitud del ex Director de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), paralelamente se recogían las firmas de apoyo de 1.200 ciudadanos y la adhesión de más de 20 organizaciones sociales.
En la carta de presentación al Consejo de Monumentos se destaca que “…en 1972, el gobierno del presidente Salvador Allende construyó este conjunto habitacional en el corazón de Las Condes. Sus viviendas, fueron entregadas a familias de trabajadores, en un intento por acabar con la segregación social urbana. Las 1.038 familias beneficiadas por la CORMU, que habitaban mayoritariamente asentamientos precarios a la orilla del río Mapocho, obtuvieron de esta manera una vivienda digna en un proceso completamente regular, que incluyó ahorro previo y pago de dividendos.
Después del golpe militar, las familias fueron desalojadas de sus hogares por la fuerza de las armas, y desplazados a poblaciones marginales, en Independencia, Renca o Pedro Aguirre Cerda. Simultáneamente las viviendas de San Luis se entregaron a personal del Ejército. Los responsables de este delito permanecen impunes, mientras las víctimas no han recibido ningún tipo de reparación o reconocimiento por parte del Estado”.
En una segunda carta, el Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos ha señalado que “…la declaratoria sería un primer acto de reparación simbólica, para las víctimas de la mayor agresión social urbana de nuestra historia reciente”.
La historia es conocida: el golpe de Estado, la muerte de Allende, la persecución y las matanzas, la instalación de la dictadura y con ella el fin de los sueños políticos de toda una generación, pero también el fin de una proyecto de integración social e igualdad, que tuvo en la Villa San Luis uno de sus mejores ejemplos. Quizás su rescate como monumento nacional nos permita preservar parte de estos valores para que puedan volver a ser transmitidos a nuestros jóvenes y niños.