Columna de opinión en El Mercurio de la senadora PS Isabel Allende Bussi, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión Especial de Recursos Hídricos.

La decisión del Comité de Ministros para la Sustentabilidad de rechazar el proyecto Dominga ha generado un debate entre el crecimiento versus la conservación de la naturaleza. En dicha discusión pública se ha establecido una falsa dicotomía entre la necesidad de crecer económicamente y la sustentabilidad ambiental del país.

Dicha dicotomía es falsa, ya que el verdadero progreso solo es posible cuando contempla un legítimo modelo de desarrollo que sea inclusivo, y perdurable social y ambientalmente. Esto implica pensar no solo en el crecimiento económico, sino también en eliminar la pobreza, disminuir significativamente la desigualdad y en evitar conflictos socioambientales.

En el caso de Chile, lo anterior se hace más evidente, ya que nuestro país tiene uno de los mayores niveles de desigualdad de la OCDE y de la región, además de una larga lista de conflictos socioambientales. Es por eso que necesitamos una minería virtuosa y sustentable, que sea un orgullo como motor del desarrollo del país, con respeto a las comunidades locales, y usando sosteniblemente el agua y la energía para procesar los recursos mineros.

El superciclo del cobre, que nos generó grandes rentas, al mismo tiempo tuvo una reducción del esfuerzo de innovación de las empresas y de la inversión en ciencia. Esto nos indica que hemos sido una sociedad que no ha aprovechado los ciclos de crecimiento para diversificar su economía, sino que más bien ha apostado por consumir las rentas. Por el contrario, deberíamos usar esos ingresos para generar nuevas formas de reducir los impactos de la minería, creando cadenas de valor agregado, generando propuestas efectivas de I+D, y abriendo mercados nuevos. Con ello, estableceríamos las bases de un crecimiento a largo plazo.

A su vez, para poder usar y conservar sosteniblemente la naturaleza, necesitamos una institucionalidad más sólida. Para ello es clave la pronta aprobación de algunos proyectos de ley de nuestro gobierno, en la línea recomendada por los organismos internacionales como la OCDE y la ONU. Hago un llamado a los nuevos ministros para que velen por la pronta aprobación de los proyectos que están a punto de convertirse en ley -a través de la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado-, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y la reforma al Código de Aguas.

A esto se suma la importante creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un paso fundamental en cuidar un sector que será clave para el crecimiento económico, especialmente para un país con cuantiosos recursos naturales que son fundamentales en la actual tendencia de desequilibrio ambiental global. A su vez, el próximo gobierno debería encargarse de hacer una profunda revisión para reformar nuestro débil Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de fortalecer con más presupuesto y personal a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Es urgente avanzar a la brevedad en la implementación de reformas que mejoren el funcionamiento de nuestra institucionalidad ambiental, para no seguir generando más pérdida de confianzas y certezas.

El verdadero camino al crecimiento y desarrollo es uno en que toda la sociedad obtiene bienestar de la naturaleza en un marco que busca la prosperidad integral y perdurable, es decir, sustentable. Ello solo es posible si la sociedad comprende realmente el valor que la naturaleza nos entrega. La vía al desarrollo sustentable no pasa por debatir falsamente entre crecimiento y protección del medio ambiente, sino por entender que la conservación de nuestro patrimonio ambiental potencia el crecimiento. Por lo mismo, debemos tomar decisiones estratégicas como Estado con una mirada a largo plazo, hacer grandes inversiones en ciencia y tecnología, y mejorar la institucionalidad ambiental para cuidar nuestra naturaleza.