Congreso Nacional aprueba proyecto del Gobierno que desmunicipaliza la educación


La Nueva Educación Pública, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y parte fundamental de la reforma a la educación planteada por el Gobierno de la Nueva Mayoría, fue aprobado este martes en el Parlamento.

Se trata del proyecto de desmunicipalización, que esta semana fue revisado por la comisión mixta del Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado.

“Este es un momento muy importante para el país. Hace 37 años la dictadura impuso un modelo de educación que tenía como la lógica la competencia de mercado, toda una organización que terminó perjudicando y abandonando la educación pública”, manifestó el senador Carlos Montes.

El texto crea un nuevo marco institucional, que tendrá como objeto central que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, una educación pública gratuita y de calidad, laica y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad.

“Hoy día se ha aprobado un sistema alternativo al actual, un sistema que tiene otro concepto, otra forma de entender la educación, otra forma de entender la formación de las personas”, aseguró Montes.

De igual forma se extendió el plazo para la implementación de esta ley hasta el 2030 y se mantuvo la posibilidad de postergar el ingreso al nuevo sistema para los colegios con buenos índices.

“Hemos logrado aprobar la Educación Pública, retomarla, una tradición que se había perdido hace más de 37 años. Queremos rescatar lo que significa recuperar una educación pública, sobre todo de calidad, gradualmente a través de los consejos locales de educación, con amplia participación de toda la comunidad escolar. Partiremos con cuatro servicios locales, se irá ampliando hasta el tope que es en 2030”, indicó la senadora Isabel Allende.

Durante la discusión del proyecto también se estipuló que todos los municipios tendrán que pagar las deudas previsionales y de remuneraciones que se mantengan con los profesores antes del traspaso a los servicios locales.