Por 29 votos a favor y ninguno en contra, la sala de sesiones del Senado aprobó una declaración leída por la senadora Isabel Allende, suscrita por diversos congresistas latinoamericanos ante la crisis generada por la política antimigratoria de “Tolerancia Cero” del gobierno de Estados Unidos:

1. La nueva política antimigratoria de “Tolerancia Cero” de Estados Unidos de América divide a las familias de inmigrantes detenidas, recluyendo a los padres en prisiones federales y a los hijos menores de edad en centros de detención temporal. Esta separación es arbitraria y afecta gravemente la dignidad de los integrantes del núcleo familiar.

2. Los bebés, niños, niñas y adolescentes se encuentran detenidos en condiciones que afectan su integridad física y psicológica. La Academia Americana de Pediatría ha rechazado esta práctica, señalando que se están generando daños irreparables a la salud de los menores.

3. Esta política antimigratoria va en contra de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la cual los Estados Unidos de América es parte. Además constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, bajo los estándares del derecho internacional.

4. La administración del presidente Donald Trump miente al defenderse de las críticas señalando que se están limitando a aplicar las leyes vigentes. Ninguna de las administraciones anteriores aplicó este tipo de medidas, contando con el mismo marco normativo. Incluso setenta y cinco ex fiscales generales de Estados Unidos han rechazado la política de “Tolerancia cero” señalando que su radicalismo es peligroso, costoso e inconsistente con los valores institucionales.

5. Los congresistas norteamericanos deben tomar acciones legislativas de forma inmediatas para acabar con esta política antimigratoria. Este no es un tema ideológico, es un tema de decencia y humanidad.

6. Los gobiernos latinoamericanos deben unirse en el rechazo a esta política inmoral, y tomar acciones conjuntas en instancias internacionales que coadyuven a su terminación. El silencio resulta inaceptable y contrario a los principios recogidos en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales somos signatarios.

19 de junio de 2018