Así se expresó la Presidenta del Partido Socialista de Chile, la Senadora de la Región de Atacama, Isabel Allende, en la Sesión Especial que se citó para analizar la situación de Gendarmería, y señaló que “se deben proteger los intereses de esta institución que cumple con la importante función relativa a la Seguridad Pública, ya que es la encargada del orden, seguridad y reinserción social, el cumplimiento de condenas y resguardo de los Tribunales de Justicia”.
En relación al oficio de la Contraloría que cuestionó el otorgamiento de pensiones millonarias, la Senadora Allende señaló que “como sabemos, en el día de ayer la Contraloría General de la República se pronunció respecto de los problemas suscitados con ocasión de la entrega irregular de pensiones, las que beneficiaron solo un pequeño grupo, y no tiene relación alguna con lo que perciben la mayoría de los ex funcionarios y ex funcionarias de Gendarmería”
Así continúo diciendo que “la Contraloría determinó que las pensiones fueron otorgadas de forma contraria a derecho, por lo que deben realizarse todas las investigaciones necesarias para que se sancione a los responsables y se resguarden los recursos de todos los chilenos y chilenas, incluyendo por supuesto, la situación de la señora Olate”.
Posteriormente acotó que: “En el mes de julio recién pasado, presenté un Proyecto de Acuerdo para solicitar un estudio para la implementación de la Carrera Funcionaria en todas las plantas existentes en Gendarmería de Chile. El objetivo es que se ordenara un estudio, que permitiera mejorar las muchas veces precarias condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias. Pero conforme a eso, quiero dejar en claro, que en ningún caso consistió en fomentar las pensiones irregulares, las que solo beneficiaron a un grupo muy pequeño”.
Finalmente declaró que “comprendo y comparto la indignación que existe en la ciudadanía en razón de las millonarias pensiones irregulares que se han otorgado, ya que el 79% de nuestros jubilados obtiene una pensión menor al sueldo mínimo. Es por ello que este tipo de abusos causan un comprensible y justificado reproche ciudadano, del que tenemos que hacernos cargo”.