La bancada de senadores socialistas manifestó su preocupación por el anuncio del Gobierno en el sentido de retirar urgencia en los trámites parlamentarios necesarios para reformar el Código de Aguas.

“Nos parece inadmisible. Esperamos que el Ejecutivo rectifique esta situación y mantenga la urgencia al proyecto, que es una prioridad en materia de políticas de sustentabilidad y cambio climático”, expresó el jefe de bancada de los senadores socialistas, Alfonso De Urresti.

El anuncio fue realizó en el marco del XIII versión del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Nuestro país, según la OCDE, es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático, debido a su geografía y a sus características socioeconómicas, en particular el alto nivel de desigualdad. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 22), Chile está en el décimo puesto de los países más vulnerables y afectados por el fenómeno mundial.

“Creemos que políticas como éstas, que la Presidenta Bachelet y el Gobierno han impulsado con fuerza, deben ir mucho más allá de las coyunturas electorales”, agregó el senador Rabindranath Quinteros.

Los dos proyectos de ley que reforman el actual Código de Aguas, buscan definir que el recurso hídrico es un bien nacional de uso público de carácter multifuncional. De esta manera, el marco regulatorio debe ajustarse para responder a la nueva realidad del agua ante un escenario en el cual inciden características no tomadas en cuenta en la ley, como el cambio climático, demográfico, económico, cultural, político e hidrológico.

El agua en nuestra legislación es un bien nacional de uso público, pero la tutela del Estado es pobre en esta materia: No existe el derecho humano al agua, no se prioriza la subsistencia humana y no hay regulación en función del interés público.

La reforma al Código de Aguas busca legislar y modernizar la actual legislación, planteando que los derechos de agua no son a perpetuidad, sino que tendrán extensión temporal limitada a 30 años, prorrogable, a menos que la Dirección General de Aguas (DGA) acredite el no uso efectivo del agua.

De igual manera, las modificaciones en curso permitirán a la DGA investigar, monitorear y fiscalizar la calidad de las aguas y evitar su extracción ilegal.

En síntesis, no sólo es tutelar los derechos de los más desprotegidos, sino que el Estado garantice las condiciones de vida básica, como lo es el derecho humano al agua, la seguridad hídrica básica y evitar los conflictos socio-ambientales por el mal uso de este elemento.