En lo principal, la propuesta es aumentar las penas para el cohecho impropio a reclusión menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años); el de cohecho propio a reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo (5 años a 10 años).

Asimismo, se propone que para el delito de soborno las penas fluctúen de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio, es decir entre los 541 días hasta 15 años; mientras que para el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, eleva la pena a reclusión menor en su grado medio a reclusión mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años).

El Senador Alfonso De Urresti, uno de los autores de la moción, dijo que “esto complementa la agenda de probidad de nuestro país. Hemos avanzado en delitos funcionarios, hemos establecidos inhabilidades en cargos públicos (…) este proyecto va en la vía de aumentar las penas en soborno y cohecho y tipificar las penas en el delito de soborno entre particulares y administración desleal”.

El Senador Rabindranath Quinteros expresó que “la señal debe ser clara y contundente para todos los que han traicionado al servicio público, que son una minoría, pero que perjudican con su accionar la imagen de todos los funcionarios públicos, sean alcaldes que se desvían de su deber de atención a los más débiles, militares que arriesgan la seguridad nacional con sus negocios, políticos que traicionan la confianza que les ha depositado la gente, policías que se dejan tentar en el ambiente en que actúan o fiscalizadores que hacen la vista gorda frente a las irregularidades”.

Ahora, la iniciativa quedó en condiciones de discutirse en particular por la Comisión de Constitución, para lo cual se fijó plazo el 6 de octubre para presentarle indicaciones.