• En la instancia, se abordaron los diferentes mecanismos posibles para lograr una nueva Carta Magna en base a experiencias internacionales, así como los contenidos y el enfoque de género que ésta debiera tener.

“La historia constitucional chilena se ha construido sobre la base de la deslegitimación de la participación ciudadana, lo cual ha enviado siempre el mismo mensaje por parte de la elite: Chile funciona con o sin participación popular. Eso lo que se quiere revertir”, explicó Carlos Navia, abogado y asesor constitucionalista del Instituto Igualdad, quien expuso en el taller “Nueva Constitución” organizado por la Juventud Socialista.

A juicio del abogado, estas instancias de formación abren una oportunidad para potenciar y facilitar la participación ciudadana. Sin embargo, aseguró que no son un requisito indispensable, pues cualquier persona debería poder participar en el proceso constituyente que se avecina.

Navia enfatizó en que también hay un rol importante para los partidos políticos, que tiene que ver con abrirse a la posibilidad de que ciudadanos ocupen espacios que hasta ahora sólo han utilizado los partidos. “Aquí se abre por fin una alternativa para que los partidos recuperen confianza ciudadana, en el marco de lo que la gente entendió que es el proceso más trascendental de los últimos treinta años”, dijo.

Durante el taller de formación también se abordó la perspectiva de género y feminista que distintos movimientos sociales han propuesto como parte fundamental del proceso constituyente. La abogada y coordinadora del Programa de Género del Instituto Igualdad, Catalina Lagos, explicó que trabajar desde esta perspectiva le dará legitimidad tanto a la génesis de una nueva Constitución como a sus contenidos.

Al respecto, Catalina profundizó en que no sólo se deberán incluir derechos que den cuenta de las experiencias vitales de las mujeres como, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, sino que será prioritario “alterar la estructura de poder que se aloja en la Constitución, a fin de desconcentrar el poder, incorporando a las mujeres en los espacios en que históricamente han prevalecido los hombres”. Y agregó que “esto va de la mano con el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y de la relevancia del sexo para la constitución de la ciudadanía”.

En esa línea, la abogada concluyó que será prioritario que se incorpore un criterio de paridad de género en la integración final del órgano que estará mandatado a elaborar el nuevo texto constitucional. “Esta no es sólo una cuestión de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, sino que es un requisito democrático”, finalizó.