En el contexto de las movilizaciones que se han realizado en el país en las últimas semanas, la Juventud Socialista convocó a un Cabildo Abierto para recibir a vecinos y vecinas que deseaban aportar a la discusión por las demandas que se levantan desde los movimientos sociales.

La actividad se realizó el pasado domingo 3 de noviembre en la sede del Partido Socialista. Hasta allí llegaron alrededor de treinta personas, quienes coincidieron en la importancia de iniciar un proceso de Asamblea Constituyente que permita proponer una nueva Constitución para Chile.

El presidente de la JS y diputado, Juan Santana, comentó que la iniciativa responde a la inquietud de los jóvenes socialistas por aportar a este proceso social, desde la apertura de espacios para el encuentro y la discusión.

Al respecto, señaló que “la salida a la crisis que vivimos en el país debe incorporar necesariamente el diálogo y la participación activa de las personas que hoy más que nunca requieren ser escuchadas. Por eso, tenemos que iniciar un proceso para replantear la Carta Fundamental”, dijo.

Además, la Juventud Socialista está trabajando en la recopilación de testimonios y denuncias de la ciudadanía por abuso de la fuerza por parte de agentes del Estado, a través de la Brigada de Abogados Socialistas, quienes ya anunciaron que presentarán acciones legales en contra de carabineros, miembros de la PDI y militares que resulten responsables de los abusos.

Camilo Rojas, encargado de Derechos Humanos de la JS, explicó que hasta ahora se han recibido denuncias por detenciones con uso excesivo de la fuerza, heridos con perdigones y acusaciones de violencia sexual en las comisarías. “No son sólo detenciones, sino también hay acusaciones graves, como que al interior de las comisarías los han obligado a desnudarse y les han propinado golpizas”, aseguró Rojas.

Rodrigo Muñoz, vicepresidente de la JS, acusó que en Chile “se aplicó una violencia de facto fuera de los límites que establece la excepcionalidad del Estado de Emergencia que se decretó en distintas ciudades del país”. Y añadió que “además de las responsabilidades políticas que debe asumir el Gobierno por abuso de violencia por parte de carabineros y militares, también se deberán asumir las responsabilidades penales por las muertes que han ocurrido en el país. Esperamos que los culpables de estas violaciones a los derechos humanos paguen con cárcel”, dijo.