El agua es un derecho humano, Chile no ha ratificado la declaración de la ONU al respecto. Los ciudadanos de Osorno en estos días han visto vulnerados sus derechos básicos. La privatización del agua y de las empresas sanitarias, así como el marco regulatorio existente no garantizan estos derechos. Este derecho se ve amenazado por el ordenamiento jurídico vigente, especialmente por la vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático con relación a sus recursos hídricos

El agua como derecho humano

• El año 2010 Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento como indispensables para una vida digna. Chile suscribió esa declaración, pero aún no la ha ratificado en su legislación interna. Este derecho va asociado a ciertos atributos indispensables: agua suficiente, saludable (libre de contaminación), aceptable (color, olor y sabor), físicamente accesible y asequible (tarifa) para su uso personal y doméstico. 

Regulación e institucionalidad del agua en tela de juicio

• La regulación e institucionalidad chilena actual, impuesta por la Dictadura cívico militar, conspira contra la plena realización del derecho humano al agua y al saneamiento, dado que no especifica las funciones del agua y tampoco establece que la prioridad de su uso debe ser para este propósito. Adicionalmente,
  • Impide un uso racional del recurso, por la privatización de los derechos de aprovechamiento de agua (DDA) otorgados gratuitamente y en forma perpetua, especialmente frente a situaciones de cambio climático que están variando sustantivamente la disponibilidad de ésta (en el territorio, en caudales y a lo largo del año);
  • El actual modelo de provisión de agua para el consumo humano no garantiza una continuidad de la operación y pronta reposición del servicio, en caso de interrupción del servicio de agua potable de empresas sanitaria privadas, por cuánto el principal principio que orienta a estas empresas -que tienen un carácter de monopolio- se basa en un modelo de negocios que obedece fundamentalmente a la rentabilidad y no convenientemente alineado con los objetivos del interés público. El marco jurídico institucional tampoco incluye un riguroso sistema de fiscalización y sanciones   que promuevan el cumplimiento de estos objetivos;
  • Establece un sistema de compensaciones voluntario a los usuarios de parte de las empresas sanitarias que no da cuenta del real daño producido a la población, en su vida cotidiana y actividad económica.
• En nuestro país. Según la última CASEN, existe más de 1.400.000 hbtes. pertenecientes a 478.308 hogares que no poseen servicios básicos de agua potable, red de alcantarillado o no tienen una llave de agua dentro de su vivienda, porque es caro proveerla para las empresas o por producto de la sequía. En varios de estos casos se está abasteciendo mediante camiones aljibes y se compite con uso del agua para agroexportación, lo que tiene que ver con gestión del recurso. Ya hay 76 comunas declaradas en situación de Escasez Hídrica por la DGA. Por otra parte, conocidas son las situaciones de múltiples cortes de agua de las empresas sanitarias en el país, de aguas contaminadas con turbulencias, arsénico, petróleo u otros tóxicos que provocan cortes, además, de aguas de saneamiento evacuadas a ríos y lagos sin el adecuado tratamiento (incluso con materia fecal) aunque se cobra religiosamente por ello en las cuentas. En 2017 se reportan más de 7700 roturas de matrices en la red, con los consiguientes cortes de agua, mayoritariamente por no hacerse las labores de reparaciones y mantenimiento previo. Los problemas mencionados en general se repiten llegando al paroxismo con el dramático caso de Osorno.       Adicionalmente, la rentabilidad de las empresas es muy elevada: en el mismo año 2017, Aguas Andinas reportó una rentabilidad sobre Patrimonio de un 22% y ESSAL, de 16%, esto sin mencionar la opacidad existente en materia de utilidades de empresas relacionadas que no están en el radar la SISS. Las tarifas del agua y saneamiento y los ingresos asociados han crecido permanentemente en la década.

El drama de Osorno

• El corte por 10 días del abastecimiento del agua de la ciudad de Osorno, para casi 200.000 hbtes. y la contaminación con hidrocarburos de los estanques de agua y del Río Rahue, dejan en total evidencia las carencias del modelo de empresa sanitaria privada para entregar un servicio básico como el agua, con continuidad de la operación y/o con rápida reposición, en caso de una contingencia y también la debilidad de la fiscalización. Si bien este caso está aún en investigación ya se constatan: fallas de transparencia, entregando información errónea a las autoridades y a la población; fallas en la gestión de la seguridad y tratamiento de los riesgos, ya que no estaban ni las inversiones realizadas ni los protocolos de seguridad frente a las contingencias; e insuficientes protocolos en materia de muestro de calidad del agua; sesgos tendientes a  privilegiar la rentabilidad de la empresa sobre el interés público del abastecimiento de agua de calidad, etc.  Esto, agravado con el historial de la empresa ESSAL que acumula 85 sanciones entre 2014 y 2018 por $3.500 millones, reflejando que prefiere pagar multas a cumplir adecuadamente con sus funciones.  Lo anterior abre signos de interrogación sobre la calidad de la fiscalización, los instrumentos y recursos de que se dispone para ello y el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios  en la defensa de la ciudadanía. ¿Son las multas suficientes? ¿Porque esta empresa estaba operando en esas condiciones? Consustancial a un esquema de empresa privada para abastecer un servicio básico está  la capacidad de fiscalización fuerte, con sanciones ejemplarizadoras y eso no se percibe en este caso.

Es hora de revisar el modelo de empresa sanitaria

• El año 1988, hace 31 años, se inició el proceso de privatización con la creación de las empresas sanitarias (DFL70), que hasta ese momento eran parte de SENDOS, el servicio nacional de obras sanitarias, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. La creación de las empresas fue considerada un primer paso hacia la privatización por los sindicatos del sector quienes manifestaron su desconfianza con el paso dado por la dictadura militar. Este proceso se profundizó en los Gobiernos de Frei, Lagos y Piñera. Dada las insuficiencias que se han develado con el transcurso de los años es una prueba contundente de que el modelo de empresas sanitarias no tiene la capacidad para responder a las necesidades básicas de abastecimiento de agua y saneamiento con continuidad y calidad y tampoco logra compatibilizar el interés público con el interés privado, supeditando el primero al segundo en un área que es estratégica para el desarrollo del país. Más aún, en el contexto de Cambio Climático que tiene entre sus amenazas fundamentales la disponibilidad hídrica, se estima que se debe revisar este modelo, su regulación y la capacidad de fiscalización.

A partir de todos estos antecedentes la Comisión Económica del PS llama a adoptar las siguientes medidas de manera urgente:

• Caducar la concesión de la empresa Sanitaria ESSAL en Osorno.
• Promover que el Estado de Chile ratifique para fines de su legislación interna el reconocimiento del agua como un derecho humano, avanzando en todas las implicaciones y ajustes regulatorios que de ello se deriva.
• Iniciar una exhaustiva evaluación y revisión del actual modelo de empresa sanitaria con el propósito de implementar un sistema que garantice el cumplimiento de ese derecho humano, en un contexto de Cambio Climático, de expansión de las ciudades, de mayor frecuencia de desastres naturales, etc. asegurando la continuidad de la operación y de pronta reposición en situaciones de contingencia.
• Establecer de manera transparente e informada un proceso de fiscalización e informar al Congreso y a toda la ciudadanía respecto de la situación de todas las empresas sanitarias del país en materia de inversiones, protocolos, mapas de riesgos y estado de planes de mitigación, etc. para responder a las contingencias.
• Analizar el modelo de fiscalización y establecer penas de cárcel efectiva a daños ambientales y sanitarios que impacten fuertemente a la población y la naturaleza.
• Establecer compensaciones obligatorias a la población y a sectores de actividad económica en consonancia con el daño infringido.

Comisión Económica

Partido Socialista de Chile

Santiago, 23 de julio de 2019