La manera en que el gobierno pretende materializar estos acuerdos es mediante la creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera discrecional para hacer un trabajo pre legislativo.

El gobierno de Piñera ha llamado a alcanzar acuerdos nacionales en materias sensibles para los chilenos y chilenas como son los de infancia, seguridad pública, salud, pobreza y el conflicto en La Araucanía. Las fuerzas progresistas han manifestado plena disposición para avanzar en la solución de estas problemáticas de alta relevancia social, las que deben materializarse en políticas públicas que profundicen la igualdad y justicia social en nuestra sociedad.

La manera en que el gobierno pretende materializar estos acuerdos es mediante la creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera discrecional para hacer un trabajo pre legislativo.

Me llama profundamente la atención la ausencia de los presidentes de las comisiones de Familia y Constitución donde están ingresados proyectos que abordan la problemática de la niñez, como también el que no hayan sido convocadas todas las bancadas del parlamento.

Esto nos retrotrae a prácticas que ya no están acordes a las exigencias de transparencia que exige el debate político hoy en nuestra democracia. Hay que ser claros por el bien de nuestro sistema democrático: el lugar para debatir de manera abierta y de cara a los ciudadanos es el Parlamento. 

Creo firmemente en la necesidad de llegar a acuerdos para avanzar en la construcción de un país mejor, pero para ello no podemos vulnerar por vía administrativa la expresión ciudadana ni intentar sobrepasar el espacio institucional donde ésta se encuentra representada, que es el Congreso.

Para lograr acuerdos nacionales, el gobierno de Piñera debe reconocer las mayorías y minorías que existen en las instituciones democráticas, para allí manifestar sus prioridades y visiones de sociedad de manera transparente. De otro modo, alcanzar acuerdos se hará imposible.

Quisiera recordar que el Congreso ha abordado el problema de la infancia en los últimos años, aprobando proyectos de manera transversal desde la izquierda hasta la derecha. Las líneas de acción están claras hace bastante tiempo.

Toda iniciativa es perfectible y hay mecanismos para aquello, pero no tenemos tiempo para hacer una pausa en el camino de las soluciones. No necesitamos generar más reuniones. Necesitamos que el Gobierno le ponga suma urgencia legislativa a esta discusión y envíe las indicaciones que estime pertinente para debatirlas en el lugar que corresponde: el Congreso Nacional. 

Agradezco que se me haya considerado para participar en la comisión de infancia, pero como Presidenta de la Cámara de Diputados, estimo que mi trabajo es asegurar que logremos la mayor eficacia legislativa para la pronta implementación de las iniciativas ya en trámite, que son plenamente coincidentes con las intenciones declaradas por el Gobierno.

Mi rol es fortalecer un debate que sea abierto y transparente en la Cámara de Diputados y no mermar su institucionalidad. Valorando genuinamente la voluntad de diálogo expresada, creo que debe darse en el marco que tiene nuestro sistema democrático, que es el Congreso.

El deber del Gobierno es trabajar en conjunto con el Congreso para hacer realidad este propósito común. Esa es la tradición de nuestra República y del espíritu democrático que la fundamenta. Por ello no corresponde mi asistencia a la comisión convocada en La Moneda por el gobierno.