Los diputados Daniel Melo, Daniella Cicardini, Luis Lemus llamaron al Ministro de Hacienda y al Gobierno en general, a no ceder y menos creer las amenazas catastróficas para una posible reactivación económica que estas normas pudieren provocar.
Diputados del Partido Socialista de Chile Daniel Melo, Daniella Cicardini y Luis Lemus, solicitaron al Gobierno que otorgue “sume urgencia”, para la tramitación de los proyectos de protección de glaciares y la reforma al Código de Aguas, toda vez que, según los legisladores, “ha transcurrido un plazo inaceptable en la tramitación de estas iniciativas legales”.
Al respecto, el diputado Daniel Melo señaló que “aludiendo a un error en el informe financiero, de responsabilidad del Gobierno, en el caso de glaciares, y jugando de manera muy particular con las urgencias, en el caso de la reforma en materia de aguas, han transcurrido semanas y meses sin que ambos proyectos puedan ser revisados y votados por la Sala de la Cámara de Diputados”.
“Ambos proyectos concitan un apoyo transversal de la sociedad chilena y fueron asumidos como propios por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno. En el caso de la ley de protección de glaciares incluso, fue anunciada públicamente en su discurso a la Nación el 21 de mayo de 2014, llamando a respetar este compromiso”.
En este marco la parlamentaria Daniella Cicardini recordó que “lo que es la reforma del Código de aguas, lo que es la protección de los glaciares, actualmente no tienen prioridad, ni tampoco la importancia y menos la urgencia, literalmente, que merece y debiese tener temas tan relevantes como es la protección del agua, un recurso básico para el ser humano”.
“Y en ese sentido creemos que el Estado debe garantizar el cien por ciento de la protección de los glaciares y tenemos que fortalecer la Dirección General de Aguas, terminando con este sobre otorgamiento del derecho de agua que finalmente se traduce a algunas actividades productivas irresponsables y obviamente eso va sobre la base de una voluntad política de este gobierno”.
Asimismo, Luis Lemus manifestó que “Sobre el tema económico que ha planteado el ministro Valdés. Entiendo que la minería está colocando un impedimento en torno al tema del agua del minero. Creo que ese tema fue bien resuelto en la modificación que estamos haciendo. Se necesita claramente tener un registro: saber cuánta agua ocupa la minería en este procedimiento. Queremos saber los chilenos qué pasa en las cuencas. Hoy no se tiene certeza cuánta es el agua que ocupa la minería”.
“Por otro lado, las empresas eléctricas están presentados observaciones en torno al proyecto también. Recordemos que ellos tienen concentrados los mayores derechos de agua de este país. Especulan con ello, lo ocupan cuando quieren y este proyecto les va a obligar a colocar un plazo, porque los derechos también van a poder ser caducados en caso que no se ocupen”.
Al respecto el diputado Lemus agregó que “Creo que no hay incerteza frente a estos temas. Además se les da un plazo bastante prudente para que ocupen esos derechos de agua, por lo tanto, envío un mensaje al ministro Valdés. Creo que la preocupación, no es tal. Yo lo invito a que revise el Código de Aguas para que se de cuenta de que se ha legislado con bastante madurez, en ambas comisiones en Recursos Hídricos y en Agricultura”.
Los parlamentarios señalaron que:“la sociedad chilena ha tomado conciencia y siente natural inquietud ante los inminentes efectos y consecuencias que el fenómeno del cambio climático generará en sus vidas diarias y de las de quienes los sucederán”.
Recordaron que un discurso similar se esgrimió cuando se debatió la Ley de Bases del Medio Ambiente, cuando se dictó la Ley de Bosques, la Reforma a la Institucionalidad Ambiental o la norma sobre fundiciones, sin que tras aprobarse dichas reformas se generara alguna o parte de las catástrofes que irresponsablemente anunciaron.
Los parlamentarios recordaron el compromiso presidencial adquirido para mitigar al máximo los impactos que el Cambio Climático podría generarle a la ciudadanía y, en especial, las afectaciones al uso y consumo humano del Agua que este pudiera acarrear. Al respecto precisaron que ambas propuestas proponen que sea el Estado y sus leyes -y no el mercado desregulado- quien decida cómo asignar este recurso y cómo evitar que se sigan destruyendo las escasas reservas de agua de que aun dispone el país.