Los diputados socialistas son parte querellante del caso y calificaron de “mala señal para la democracia” que se intente llegar a un acuerdo que contiene delitos como cohecho, soborno y lavado de activos.

La Bancada de Diputados Socialistas concurrió hasta el Tribunal Constitucional, para presentar un requerimiento para declarar inconstitucional el acuerdo entre la Fiscalía y los procesados del Caso Penta.

Al respecto el subjefe de bancada Marcos Ilabaca, señaló que “los socialista consideramos que es tal la gravedad con delitos como cohecho, lavado de activos y soborno, que resulta esencial que lleve a cabo un juicio oral con las penas que las penas correspondientes”.

“Es una mala señal para la gente y nosotros estamos ejerciendo todas las facultades que tenemos. No podemos dejar que se consagre la impunidad en los delitos de cuello y corbata”, dijo Ilabaca.

En este marco el diputado Leonardo Soto, querellante en la causa Penta, agregó que “el acuerdo que está llegando el fiscal Guerra les va a permitir a personas acusadas de delitos graves cumplir condenas pequeñas sin cárcel efectiva”.

“Por eso  estamos presentando este requerimiento de inconstitucionalidad en contra de las normas legales que permiten al Ministerio Público llegar a este acuerdo.  Hemos estado 3 años en esta causa buscando cárcel efectiva y hasta 3 semanas atrás la fiscalía estaba en lo mismo, por eso nos parece pésimo que el fiscal Guerra cambie de criterio, al parecer preocupado de dar señales al mundo político para poder optar al cargo de Fiscal Nacional”, dijo Leonardo Soto.

Misma opinión compartió finalmente el diputado Gastón Saavedra, quien añadió que “es justo y necesario, porque la política y los políticos están con razón estamos bajo un escrutinio permanente. Por eso queremos exigirle a la justicia que se juzgue y no se privilegie a los sectores económicos más poderosos”, concluyó el diputado socialista.

Por último, el abogado patrocinante del requerimiento, Enrique Aldunate, dijo que a juicio de los diputados PS con este acuerdo “existe un juicio anticipado de lo que se puede discutir en una audiencia. Entendemos que nuestra postura con este acuerdo queda en detrimento si los hechos de la formalización son modificados, se omite alguna imputación o algunos hechos se transforman en otros delitos”.

“Por eso es que pedimos que se declare en abstracto inconstitucionales ciertos preceptos legales que debilitan nuestra posición como querellantes específicamente en este procedimiento abreviado”, dijo el abogado.