El mundo está atravesando una situación muy compleja no sólo por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, sino también por los efectos económicos y sociales que ha traído consigo. La prioridad para todos y todas debe ser la salud de las personas, y el Estado debe asegurar las condiciones materiales para evitar la exposición al contagio.
El estallido social de octubre de 2019 visibilizó la desigualdad estructural de nuestro país. La pandemia del Covid-19 ha reafirmado esta dura realidad, profundizando la precariedad laboral y generando pérdida de empleos, reducción de salarios e incremento de la violencia de género al interior de los hogares, entre otras situaciones que afectan cotidianamente a una gran cantidad de personas a nivel nacional.
Las medidas que ha anunciado el Gobierno, hasta el momento, siguen siendo insuficientes. Vemos con especial preocupación la desprotección en la cual han quedado las trabajadoras y trabajadores informales y de casa particular.
Por otra parte, rechazamos el relajamiento de las medidas de aislamiento social anunciadas por el Gobierno, por ejemplo, el retorno del trabajo presencial de los funcionarios públicos, la reapertura de centros comerciales y el eventual retorno a clases de los estudiantes, decisión que fue adoptada sin considerar sus consecuencias sanitarias y sin escuchar al Consejo Asesor Covid-19. Las autoridades de Gobierno parecen olvidar que la salud de las personas es lo más importante.
Para enfrentar esta crisis, que es la más relevante del último siglo, se requiere de un plan fiscal potente, de la envergadura de la crisis que estamos atravesando, y que esté dirigido a proteger a los sectores medios y populares de Chile, asegurando la dignidad de las personas. Lo que no debe ocurrir es que los costos de esta crisis los paguen las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.
Por esto, el Partido Socialista le exige al Gobierno que se tomen las siguientes medidas, que son de carácter urgente:
- En el ámbito sanitario:
- Transparencia de la información.
- No relajar las medidas de aislamiento social.
- Extremar las políticas de control y testeo para detectar los casos de Covid-19.
- Dotar a los trabajadores de la salud de toda la indumentaria e implementos para evitar su contagio.
- Establecer la gratuidad, como bien público, de los exámenes para la detección del virus en todo el sistema de salud.
- En el ámbito económico:
- Ingreso o Renta Básica de Emergencia. Se debe asegurar un ingreso mínimo a toda la población que se haya visto perjudicada en su salario, durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria. La prioridad deben ser las trabajadoras y los trabajadores de Chile, tanto formales como informales, y sus familias. El anuncio que ha realizado el Gobierno respecto al “Ingreso familiar de emergencia” es insuficiente, tanto en su monto como en la cobertura.
- Prohibir el despido de trabajadoras y trabajadores. De ser necesario, incluso, se podrá ayudar al rescate de empresas estratégicas mediante inyección de recursos a cambio de la participación del Estado en la propiedad de dichas compañías. A su vez, aquellas empresas que perciban utilidades durante el tiempo de esta pandemia, no debieran acogerse a la Ley de Protección al Empleo.
- Postergar el pago y prohibir el corte del suministro de servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria. Asimismo, postergar, sin intereses, cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras contraídas con bancos e instituciones financieras y casas comerciales.
- Fijación de precios a todos los insumos, medicamentos y bienes de primera necesidad, y sanción para la especulación y el acaparamiento. Aquellos que infrinjan esta instrucción debieran pagar hasta con penas de cárcel.
- No cerrar los programas ejecutados por el Estado y asegurar estabilidad laboral a las funcionarias y funcionarios públicos.
- Aumentar el presupuesto y las medidas que vayan dirigidas a la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado en un alto porcentaje desde que se iniciaron las medidas de cuarentena, ante lo cual el Estado deberá asegurar bienestar y protección a aquellas mujeres y niñas que hoy se ven afectadas por la violencia al interior de sus hogares. A su vez, se deberán impulsar políticas públicas y medidas específicas para que el trabajo doméstico no sea una carga exclusiva de las mujeres.
Hacemos un fuerte llamado al Gobierno para considerar las medidas que se han señalado. La salud y el bienestar de las personas deben ser la prioridad, y para eso se requiere fortalecer el rol del Estado y aumentar el gasto fiscal.
Finalmente, creemos que hoy, más que nunca, debemos seguir avanzando hacia un nuevo Pacto Social que esté basado en el respeto, la igualdad y la dignidad de las personas. Y, junto con ello, un Nuevo Pacto Económico que tenga en su base una distribución más equitativa de la riqueza de Chile.
MESA EJECUTIVA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
Santiago, 20 de abril de 2020