Los datos de la evolución de la pandemia muestran el rotundo fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno. Las propuestas económicas y sociales no pueden ignorar esta dramática urgencia. Llamamos a actuar inmediatamente para asegurar que el confinamiento sea posible; para lo que es fundamental que las necesidades básicas de la familia estén cubiertas. De mantenerse la situación actual, las cuarentenas que hoy nos rigen no serán efectivas y no se podrá controlar la pandemia. Una nueva ley de ingresos de emergencia debe aprobarse a inicios de la próxima semana. Llamamos a legislar de inmediato sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE), y concordar un marco fiscal y de reactivación que pueda ser profundizado en las semanas venideras, por lo cual planteamos nuestras propuestas. No podemos hacer esperar más a las familias que, por no tener ingresos, exponen su vida y la de sus vecinos al Covid.

1) Ingreso Básico de Emergencia (IBE). Como decíamos, un IBE suficiente y oportuno es parte fundamental de la estrategia de contención de los contagios y las consecuentes muertes. Por otra parte, su costo no tiene una incidencia demasiado significativa en el marco fiscal y las políticas de reactivación, por lo que se le puede separar de esas decisiones. Para la elaboración de la ley proponemos los siguientes criterios.

a. Monto y cobertura: Es indispensable explicitar que beneficiará a todos aquellos hogares cuyos ingresos no alcancen a la línea de pobreza, aportándoles lo que requieren para llegar a ella sin discriminación alguna, esto es: igualdad de apoyo frente a iguales condiciones de vulnerabilidad, independiente de la fuente de ingresos previa a la pandemia.

b. Elegibilidad: El criterio de elegibilidad es el nivel de ingreso del hogar para aquellos que pertenecen al 80% más pobre según criterios ISE y que estén inscritos en el RSH. Las actualizaciones que se realicen no deben ser un obstáculo para entregar los beneficios a quienes ya cumplen los requisitos. Las personas a quienes les corresponda recibir beneficios, producto de un cambio en su realidad, deberán tener un mecanismo expedito para actualizar su información y solicitar los aportes, los que deberían ser otorgados tan pronto esto fuera reportado, si bien habrá de comprobarse la validez de ésta con posterioridad a la entrega de la renta de emergencia. En todo caso, la actualización de la realidad de ingresos sólo será para acoger aquellos hogares que hubieran visto caer sus ingresos.

c. Automatización: Los hogares no requerirán postular a la renta básica de emergencia. Esto significa que el beneficio se entregará a todos los hogares que cumplen los requisitos de estar en el 80% de ISE y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

d. Temporalidad: El ingreso de emergencia será recibido por todas las familias que califiquen durante los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente y según la realidad sanitaria lo indique, se verá la necesidad de prorrogar su vigencia o iniciar gradualmente la disminución de su entrega para transitar hacia la reinserción laboral.

e. Simplicidad: El ingreso de emergencia se depositará en la cuenta RUT de algún miembro (beneficiario) de la familia que corresponda, preferentemente por la mujer del hogar. Para quienes no tengan cuenta RUT se debe normar la posibilidad de que el Banco Estado abra automáticamente cuentas a quienes acceden a este beneficio. Complementariamente a esta alternativa, puede además implementarse la entrega directa del ingreso mensual de emergencia a dichos hogares por parte del IPS.

f. Transparencia: El gobierno debe dar a conocer el universo potencial de beneficiarios e informar regularmente sobre los que efectivamente lo reciben. La información actualmente disponible indica un universo potencial menor al real elegible, siendo especialmente preocupante la situación en el 40% de mayor vulnerabilidad.

Proponemos además que se complementen los ingresos de las municipalidades para que puedan asumir adecuadamente las tareas que se le han asignado para controlar la pandemia. También que la ley de Protección del Empleo rija mientras dure la pandemia y acelerar la promulgación de la “Ley Corta que modifica la Ley Nº21.227 sobre protección al empleo” en materia de fuero maternal.

2) Marco para la reactivación y generación de empleo. Proponemos concordar los títulos generales que comprenderá el acuerdo marco de reactivación y, posteriormente sus detalles. Aunque tenemos diferencias con algunas de las propuestas oficiales, creemos que lo más importante es incluir en el plan las siguientes consideraciones:

a. El impulso fiscal durante el año en curso debe ser muy significativo, en magnitudes que detallamos más adelante. Esto es fundamental para contener el espiral recesivo en que actualmente nos encontramos y preparar el inicio de la reactivación. Por lo mismo, creemos necesario postergar el inicio de la necesaria consolidación fiscal que seguirá a este esfuerzo, hasta el año 2022. La reactivación de la economía, además, será diferenciada, en función de la duración de la pandemia y la diversidad de situaciones sanitarias por región. Coexistirán, por tanto, a lo largo del país situaciones de reapertura gradual y progresiva con otras más representativas de un escenario post-pandemia. Estrictos protocolos sanitarios serán necesarios hasta no contar con la vacuna.

b. La reactivación segura requiere apoyo estatal en financiamiento y asistencia técnica para dotar a las pymes de protocolos sanitarios y asegurar la sobrevivencia de la mayor cantidad posible. Por ello en anexo 1 proponemos una sere de medidas.

c. La inversión debe ser una gran palanca de reactivación y generación de empleo. Para ello proponemos en anexo las medidas a tomar, incluyendo medidas para una reactivación sustentable.

d. Apoyo a liquidez de grandes empresas. El eventual apoyo debiera ser caso a caso, asegurando criterios de transparencia, probidad y estricta condicionalidad en retención de utilidades, inversiones fuera del giro, pago de remuneraciones a altos ejecutivos, ausencia de vínculos con paraísos fiscales y compromiso con normativa laboral y ambiental. Las empresas deberán ceder, temporalmente, acciones y proveer al estado de adecuados colaterales a fin de cautelar el patrimonio público.

e. Apoyo temporal a la contratación de mujeres y jóvenes del 60% más vulnerable; para todo trabajador contratado y para trabajadores reincorporados por empresas acogidas a ley de Protección del Empleo; asociado a un Programa de capacitación masiva de carácter público para las y los trabajadores, focalizados en materia sanitarias y en tecnologías de información.

3) Marco Fiscal. La propuesta de marco fiscal realizada por el Ministro Ignacio Briones es insuficiente. Nos parece imprescindible destinar al menos US$12 mil millones para enfrentar la emergencia Covid, cuidando, además, que esos fondos no provengan de meras subejecuciones del presupuesto regular, a fin de mantener el necesario impulso fiscal. Si bien consideramos apropiada la idea un fondo extrapresupuestario para garantizar flexibilidad y oportunidad de los gastos, su gobernanza debe ser cuidadosamente definida en línea con las ideas que proponemos más abajo.

En efecto, desde el punto de vista de estímulo macroeconómico, lo relevante es la suma de la ejecución del presupuesto legislado y de este fondo. Eso implica que es crítico hacer un seguimiento y tener compromisos de ejecución presupuestaria, y que ellas sean verificables oportunamente.

El Gobierno no ha transparentado adecuadamente las cifras de ejecución presupuestaria; esto es indispensable para construir un acuerdo sobre esta materia. Creemos que el presupuesto del 2020 debe crecer entre 12 y 16% respecto del presupuesto originalmente aprobado, para atender adecuadamente las necesidades de la pandemia. Este, a la vez, debe mantener en 2021 el déficit estructural proyectado para 2020, calculado este como la suma de la ejecución del fondo Covid por al menos US$ 4000 millones y la ejecución del presupuesto actualizado a junio con, a lo más, una subejecución de US$ 2000 millones. Subejecuciones mayores deben ser reasignadas a otros gastos de corto plazo o, alternativamente, sumadas al presupuesto del próximo año (por encima de la propuesta).

4) Transparencia y Observatorio Ciudadano. Habida cuenta que la ejecución del presupuesto de 2020 y la propuesta de creación del fondo Covid como facilidad extrapresupuestaria constituyen, en conjunto, el marco macroeconómico con que la política fiscal apoyará la actividad económica en este crítico período, la efectividad, flexibilidad y transparencia de su gestión nos parecen esenciales. Identificar con claridad las acciones más directamente vinculadas al control de la pandemia en el fondo Covid podría permitir una mejor comunicación con la ciudadanía respecto de las actividades realizadas. Sin embargo, desde el ángulo del apoyo a la actividad económica, es tan importante la acción de este fondo como la ejecución regular del presupuesto.

Haría una enorme diferencia desde el ángulo de la actividad económica que la acción del fondo Covid se financiara con recursos frescos versus mediante la subejecución del presupuesto regular. Por lo anterior nos parece imprescindible la creación de un observatorio de ejecución fiscal durante la pandemia, compuesto por representantes no gubernamentales designados mediante una fórmula a convenir que, provistos de la información oportuna de ejecución de las diferentes partidas, pueda garantizar a la ciudadanía la adecuada consecución de los objetivos perseguidos por este acuerdo. Entendemos la flexibilidad que requiere el ejecutivo para ir asignando fondos conforme las urgencias que se vayan presentando, pero la contracara de aquello debe ser la transparencia frente a la ciudadanía y los sectores que contribuyeron a otorgarle tal flexibilidad.

Heraldo Muñoz V.
Presidente, Partido Por la Democracia

Álvaro Elizalde S.
Presidente, Partido Socialista

Carlos Maldonado C.
Presiente, Partido Radical

Fuad Chahin V .
Presidente, Partido Demócrata Cristiano

Catalina Pérez S.
Presidenta, Revolución Democrática

Luis Felipe Ramos
Presidente Partido Liberal

Anexo 1 Medidas para la Pymes

I. Constitución de un Comité Público de Apoyo y Reactivación de las Pymes donde concurran Bancoestado, Corfo, Sercotec, Fosis, Inap, Enami, en estricta coordinación con Seremis respectivos, de modo de asegurar la dimensión territorial del despliegue productivo, en función del potencial productivo y de las realidades sanitarias.

II. Mesa Público-Privada de Apoyo y Reactivación de las Pymes donde el citado Comité interactúe con las organizaciones de las Pymes. Objetivo: rescatar el mayor número posible de Pymes viables. A ese efecto, dicha mesa deberá tener pleno y oportuno acceso al monto y distribución de las garantía estatales que se hayan concedido y a los criterios detallados de acogida y rechazo; asimismo podrá sugerir modificaciones a efectos de hacer más pertinentes dichos criterios.

III. Fortalecer programa de apoyo a pymes mediante créditos y subsidios, de acuerdo a situaciones específicas de tamaño, liquidez-solvencia, deuda y perspectivas sectoriales.

IV. Ampliar cobertura programa Covid-Fogape, agilizando procedimientos y eliminando el deducible de la garantía estatal y sin expandir su cobertura a empresas de mayor tamaño.

V. Programa especial de apoyo a sectores más golpeados: turismo, restaurants, establecimientos educacionales, salas cuna, jardines infantiles, esparcimiento y cultura.

VI. Ampliar la postergación del pago de IVA y de PPM hasta el fin de la pandemia; postergar el pago de patentes comerciales que vencen a fines de julio próximo; extender reprogramación de contribuciones de bienes raíces.

VII. Programa masivo de capacitación digital vía Sence, Sercotec y Ministerio de Educación.

VIII. Profundizar el Plan de Compras Públicas hacia las Mipymes

Anexo 2. Medidas para acelerar la inversión

I. Detectar, viabilizar y acelerar inversiones públicas de rápida implementación e intensiva en mano de obra: vivienda social, OO.PP; privilegiando el impacto regional

II. Acelerar concesiones; aplicar recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad para reducir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión; reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos, asegurando estricto cumplimiento de normativas ambientales.

III. Diseñar un Plan de Infraestructura de mediano plazo que incluya conectividad digital, infraestructura pública para turismo, hospitales, aeropuertos, embalses, regadío, agua potable rural, combate a la sequía, plantas desalinizadoras, defensas fluviales y costeras, logística, trenes de cercanía. El Plan debe reforzar la alianza público-privada y privilegiar los desafíos de mitigación- adaptación al cambio climático y carbono-neutralidad en estricta observancia con los compromisos internacionales adquiridos por Chile al respecto.

IV. Delinear una estrategia nacional de banda ancha ultra-rápida; red de fibra óptica de alta calidad, resiliente y de gran capilaridad.

V. Recoger propuestas del Consejo de Políticas de Infraestructura, activando el Fondo de Infraestructura. Agilizar las decisiones para el Puerto de Gran Escala.

VI. Expandir los Centros de Desarrollo de Negocios y de Transferencia Tecnológica en las regiones, entidades donde participarían organizaciones gremiales de las Pymes.

VII. Los planes de recuperación deben tener un acento verde; esto es considerar la protección ambiental de personas y entornos y contribuir a frenar el calentamiento global y la escasez hídrica.

VIII. Apoyo a inversión privada: instrumentos financieros que faciliten la recapitalización de empresas, asegurando cumplimiento de normativas laborales, ambientales y regulatorias.