Desde que el Presidente Piñera tomó la decisión de decretar el Estado de Emergencia, el viernes 18 de octubre pasado, se registraron en Chile graves violaciones a los derechos humanos. 

El reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llega a 3.193 detenidos, 1.092 personas heridas, de ellas 546 con heridas por armas de fuego y 126 con heridas oculares, y 5 personas muertas en las que se ha acreditado participación de agentes del Estado. Asimismo, el INDH ha presentado querellas por abusos sexuales y torturas y recursos de amparo. En los próximos días una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU iniciará su propia indagatoria y entregará sus conclusiones, a Chile y el mundo. 

En este contexto, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia tienen la responsabilidad de investigar cada denuncia, entregar plena certeza de que las indagatorias serán hechas con rigurosidad y prontitud y, por último, determinar todas las responsabilidades que correspondan.

Chile no merecía este grave retroceso.

De nuevo un gobierno conservador usó a las Fuerzas Armadas en la represión de un movimiento social, transfiriéndole la responsabilidad de actuar contra las demandas ciudadanas. De nuevo las alejó de la ciudadanía.

Igual y más graves son las denuncias contra Carabineros, sobre quienes pesan acusaciones de tortura, vejaciones, abuso sexual y violencia desproporcionada. No hay un auténtico y profundo aprendizaje respecto del uso de la fuerza policial que resguarde los derechos humanos y la expresión democrática.

No se trataba del manejo de una catástrofe o una emergencia inesperada, sino el intento de contener la protesta social con el uso de la fuerza. Por esa misma razón, en los primeros días fracasó la contención de los ataques violentistas, los saqueos y el pillaje, que afectaron principalmente a los sectores medios y populares del país.

Estos riesgos de violaciones a los derechos humanos no podían escapar cuando se adoptó esta decisión. Y ese foco en la represión social en vez de la represión del crimen constituye una grave responsabilidad política que el Gobierno debe asumir. 

Heraldo Muñoz, Partido Por la Democracia

Catalina Pérez, Revolución Democrática

Fuad Chahin, Partido Demócrata Cristiano

Gael Yeomans, Convergencia Social

Álvaro Elizalde, Partido Socialista

Javiera Toro, Partido Comunes

Carlos Maldonado, Partido Radical

Luis Felipe Ramos, Partido LIberal