El 27 de mayo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que beneficia a los trabajadores independientes que trabajan por cuenta propia (“boletean”), ante la caída de ingresos por Covid-19, consistente básicamente en:

• Un préstamo a 3 años frente a una caída de los ingresos de más del 20% de éstos, con respecto al promedio mensual del año anterior.
• Estaría destinado a trabajadores independientes que en los dos años anteriores hayan emitido a lo menos 8 boletas a honorarios o en el último año, 4 boletas y que hayan cumplido con la obligación de realizar los pagos previsionales mensuales de 10,75%.
• El beneficio considera tres prestaciones continuas o discontinuas, con un límite superior de $500.000/mes como monto máximo. Para ingresos con un promedio mensual el año anterior menores a $320.500 el beneficio será del 70% de la caída de ingresos. Para un ingreso mayor a esa cifra, el porcentaje se calcula con un coeficiente cuya fórmula tiene como límite un resultado de $ 500.000 y está relacionada con la caída de ingresos.
• La devolución del préstamo se hará contra las retenciones de los años 2021, 2022 y 2023 en una proporción de 20%, 40% y 40%. Esto aumentará la tasa de retención de los honorarios en 2%.
• Para ello se considera un aporte fiscal extraordinario de US$ 300 millones para un potencial de beneficiarios de 1,2 millones. Lo anterior significa en promedio $200.000/beneficiario (aproximadamente $67.000/mes por beneficiario).

Sin duda, la idea de defender los ingresos de los trabajadores independientes es justa y positiva, sin embargo, la CEPS tiene una serie de reparos en cuanto al diseño y alcances del instrumento.

1. Goteo o fragmentación. Se requiere una política integral de sostenimiento de Ingresos

El Gobierno insiste con este proyecto de ley en su política de fragmentación de los apoyos, entregando beneficios distintos e insuficientes a diferentes sectores de trabajadores. Así, hay trabajadores que recibirán el subsidio de cesantía, otros el bono Covid-19, otros el subsidio IFE y ahora, este nuevo proyecto de ley apunta a la situación de los trabajadores independientes. Frente esa situación reiteramos la necesidad de una Política Integral de Sostenimiento de Ingresos para el 70 a 80 % de la población del país -que sufre los embates de la actual crisis sanitaria, económica y social- y que acompañe adecuadamente la contención del contagio de la población.

2. No nos parece conveniente reducirles los ingresos futuros a los honorarios, además la medida es insuficiente en monto

El monto proyectado claramente es mezquino para enfrentar esta pandemia, si se estima que el promedio es de $ 67.000/mes per cápita por prestación, situándolo muy cerca del ínfimo bono Covid de $ 50.000. Por otra parte, un monto de $ 200.000 es menor a un salario mínimo, lo que no alcanza a solventar las necesidades básicas de una familia chilena, no considerando, además, el número de sus integrantes, si ésta tiene 3, 4 o 5 personas.

Definitivamente no compartimos la modalidad de préstamo, fundamentalmente para los trabajadores independientes de bajos ingresos. De los “elegibles” el año 2019, la mediana, o sea, casi 585.000 trabajadores a honorarios, estaba en un ingreso mensual menor a  $ 225.000. ¿Esto tendrían descuentos en los próximos años de 13,75%, 14,75% y 15%? El promedio de ingresos de los 1.170.000 trabajadores a honorarios supuestamente elegibles para fines de la ley estaba en torno a los $ 500.000.

¿Cabe elevar los niveles de retención en un segmento de la población altamente endeudado?

Por último, una parte de importante de los honorarios tiene ingresos a lo largo del año bastante irregulares, por lo que mensualizar sus entradas dividiendo por 12 para determinar los montos máximos de caída ingresos para determinar el beneficio, más aún, con todas las irregularidades de los 12 meses anteriores del especial año recién pasado, no corresponde y sólo los tiende a perjudicar.

Con el mismo criterio del beneficio actual que se está usando para los sectores que han perdido sus ingresos en que estos deben ser reintegrados, el día de mañana podrían exigir que se devolviera el IFE o se pague a crédito, el valor de la canasta de alimentos.

3. Los excluidos del beneficio no son pocos. Hay problemas de cobertura y brechas de entrada.

Según la última encuesta de Empleo ENE (enero-marzo 2020) los trabajadores cuentan propia o independientes en el país ascienden en total a 1.756 mil, por lo tanto, una parte importante queda fuera. Sin embargo, a esto hay que dos condicionantes del proyecto de ley que conspiran en contra de la elegibilidad:

• Que los trabajadores independientes deberán tener mínimo 4 boletas de honorarios los 12 meses anteriores u 8 boletas, durante los últimos 24 meses. Por ejemplo, si un trabajador independiente ha sido contratado para un proyecto o un estudio de mediana duración, que implica pagos al inicio y final de éste, emite solo dos boletas al año, y queda por ese hecho fuera de este beneficio, lo cual es una cosa que no tiene sentido ni presentación alguna. Cabe señalar que esta es una situación bastante frecuente en los trabajos con el Estado o en trabajos de consultoría. En una primera aproximación habría 839.000 contribuyentes en esa situación, con menos de 4 boletas en un año.
• Que deben haber cumplido con la obligación de sus pagos previsionales previamente (10,75%). Al respecto cabe manifestar que hasta hace algunos meses atrás esto era voluntario para los trabajadores a honorarios. Todo indica que hay un grupo importante de ellos que no estaba cotizando, por la información pública existente al respecto. Valdría la pena cotejar esas cifras, para conocer a cuántos se estaría excluyendo por esta vía.

Finalmente, los trabajadores que boletean se han quedado en alta medida sin empleo. Probablemente sea una de las categorías laborales que está primero en la lista de los despedidos o “prescindibles”, cuando son dependientes encubiertos. Tanto el sector privado como el gobierno han hecho un intenso uso y abuso de esta precaria forma de contratación en los últimos años. Otros, trabajadores independientes son personas que viven al día. Son bastantes.  En general, son trabajadores que carecen de organización, con muy pocas defensas sindicales y contractuales. Es nuestro deber promover que en esta situación de crisis las medidas de protección para ellos sean realmente efectivas y oportunas, pero fundamentalmente, promovamos una política integral y realista de sostenimiento de ingresos de la población para que se contribuya eficazmente a la contención del contagio.

Coordinación

Comisión Económica PS (CEPS)

Santiago, 2 de junio, 2020.