Diferentes organizaciones están emitiendo sus opiniones respecto a las políticas sanitarias y económicas de Gobierno y bienvenidas sean. Es necesario que estas opiniones sean emitidas y escuchadas. Estamos frente a una situación inédita, donde no hay verdades absolutas. Esto no lo resuelve sólo un Presidente y un par de Ministros, menos en situaciones de baja confianza del Gobierno. Se requiere de las ideas, de la acción colectiva y también, de más participación real de los directamente involucrados: alcaldes, Colegio Médico, especialistas sanitarios, representantes de trabajadores -como la CUT y otras- y de empresarios de distintos tamaños de empresa, organizaciones políticas y de la sociedad civil. Sentimos gran ausencia de aquello, como asimismo, que pasan los días, y se sigue privilegiando lo económico por sobre lo sanitario, sin que se perciba un rumbo claro en las políticas, ni la agilidad requerida en la implementación de las soluciones prioritarias.
LA ESTRATEGIA SANITARIA ES CONFUSA Y POCO ÁGIL
La dimensión sanitaria debe presidir el enfoque de la crisis por sobre lo económico, que en estos momentos debe ponerse al servicio de lo primero. La estrategia del Gobierno -en el supuesto que exista- con la enigmática definición de cuarentenas parciales por áreas territoriales, con flexibilizaciones de comunas que entran y salen, parece errática y de gestión lenta, siendo desconocida por la población. No se sabe a que apunta. La información requerida no es transparente ni lo suficientemente abierta y disponible, especialmente para las comunidades científicas cuyo aporte en estos momentos es muy necesario para un virus desconocido a nivel global.
Existe un cierto “tufillo triunfalista” que no se condice con la realidad de los números: Chile alcanzó a 36 días de la pandemia la suma de 5.546 contagiados de Covid-19 e Italia a los mismos días tenía 3.858 contagios y sabemos adónde ha llegado. Con el agravante que ellos entran a una época cálida y nosotros al invierno.
La CEPS frente a esta situación propone la puesta en marcha de un plan de shock estricto y ágil que a lo menos incorpore los siguientes elementos:
a) Gratuidad total de los exámenes PCR con subsidios del Estado (la información disponible actual para tomar medidas tiene fuertes sesgos);
b) Protección del personal sanitario y de todo el personal que funciona en la red de abastecimiento, con estándares básicos, a cargo de los empleadores (rol de la DT y las Mutuales);
c) Control o banda de precios de productos básicos para la crisis;
d) Reducción del uso del dinero en efectivo, fomentando las transacciones on line, complementado con la extensión de la cuenta RUT para transacciones, sin cobro por transacción por parte del BancoEstado;
e) Reconversión inmediata del aparato productivo nacional para enfrentar la producción de insumos para la crisis y de las innovaciones relacionadas (ventiladores, etc.) con el apoyo directo de CORFO, SERCOTEC y BancoEstado;
f) Fomentar la conexión on line y gratuidad temporal de las comunicaciones para sectores mas vulnerables;
g) Sanciones ejemplificadoras a transgresiones de la cuarentena, abusos de precios y acaparamientos.
h) Prever posibles situaciones de fallecimientos masivos y su gestión; e
i) Implementación de una adecuada política de ingresos, continuidad del empleo y endeudamiento. Este último tema, por el rol sustantivo que juega en la complementación de cualquier estrategia sanitaria, se trata con mayor detalle a continuación.
NO SE ESTÁ GARANTIZANDO UN INGRESO MÍNIMO A LOS MÁS VULNERABLES
El primer paquete de medidas económicas del Gobierno ni el segundo, resuelven, adecuadamente, el sostenimiento de los ingresos de los sectores más vulnerables. El primero resuelve “parcialmente” la situación de los asalariados formales y al resto, le otorga un bono de aproximadamente $50.000 por una vez (que aún no se distribuye). En el segundo paquete se habla vagamente sobre el tema, sin precisar medidas, diciendo que se asignaran US $2.000 millones de reasignaciones presupuestarias (“desvestir un santo para vestir a otro”), presupuesto que ya está sufriendo reasignaciones por el 2% constitucional para los requerimientos del sector salud en primer paquete económico, lo que es totalmente insuficiente. El sostenimiento de los ingresos de los sectores vulnerable es es un aspecto demasiado importante en el tratamiento de las crisis para tratarlo de esa forma, además, requiere destinar recursos frescos para ello.
Los sectores vulnerables sin una respuesta adecuada son: los trabajadores cuentan propia, los asalariados informales, los cesantes, los jubilados con pensiones precarias. Estamos hablando del orden 5, 4 millones de personas, de los cuales 1,6 millones son adultos mayores, población en riesgo.
Es preciso una política clara al respecto con: bases de una solución para estos sectores bien definidos, soluciones que sean reales, conocidas por toda la población, así como sus mecanismos de distribución. No debe prestarse para clientelismos en épocas de urgencias. Los riesgos sociales de no abordar bien esta situación son muy altos (aumento de la delincuencia, asaltos a supermercados, hambre). Es urgente, se requiere implementar ya. Este es uno de los eslabones más débiles de la estrategia.
La CEPS, como otras organizaciones, han sido insistente en una Renta Básica de Emergencia temporal para estos sectores, con base en líneas de pobreza de los hogares y su número de integrantes, usando el mecanismo de los municipios. El Registro de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, con información de aproximadamente el 80% de los hogares, posibilita hacerlo rápidamente y es una información por compartir con los Municipios para su rápida implementación. Complementariamente, la situación de los jubilados con pensiones precarias se puede solucionar transitoriamente, concentrando los incrementos que estaban pensados para tres años en 2020 y con una ley corta que complemente transitoriamente las jubilaciones precarias autofinanciadas con APS.
Cabe señalar que otros países están destinando entre 12 y 20 puntos del PIB para enfrentar la pandemia. Chile está destinando en torno a los 2,5 a 3 puntos de recursos frescos del PIB con estos fines. El resto son reasignaciones, créditos temporales tributarios, etc. Se puede hacer bastante más.
EL SISTEMA FINANCIERO DEBE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN Y EL ENDEUDAMIENTO REQUIERE DE SOLUCIONES REALES
Es bienvenido en el segundo paquete económico del Gobierno la presencia de recursos para engrosar el sistema de garantías y facilitar el involucramiento de la banca en la emergencia, aminorando el riesgo que debe traducirse en baja de tasas y aumento de disponibilidad de crédito. Sin embargo, produce grandes dudas la falta de resguardos en materia de tasas de interés de éste y la apertura a empresas grandes en su utilización en su utilización (hasta 1 millón de UF de ventas, la definición de MIPYMES van hasta 100 mil UF), que puede llevar a que el esfuerzo del Banco Central de bajas tasas termine en manos de grandes empresas con financiamiento barato y las MIPYMES sigan con problemas de financiamiento a tasas altas. Las autoridades financieras y la banca deben entender que estamos en tiempos de emergencia y que no caben ciertos comportamientos para “la normalidad”.
No es lo mismo una pequeña empresa sin financiamiento, que, en quince días o un mes, quiebra; respecto a una gran empresa, frente a esa misma situación, que tiene espaldas financieras y capacidad de resistencia mucho mayor. La oportunidad, agilidad y pertinencia del financiamiento juegan un rol relevante para que las empresas puedan pasar la crisis, sostener el empleo y reemprender posteriormente.
Nuestra propuesta para incorporar liquidez y apoyo al sostenimiento y recuperación productiva se orienta:
– Segmentar por tramos de tamaño de empresa el uso de garantías con condicionantes de tasas máximas y montos de crédito, no sólo de proporción a garantizar (que es lo que actualmente trae el Fondo).
-Concentrar los esfuerzos del BancoEstado durante la emergencia en el financiamiento a MIPYMES y a personas. Que las empresas grandes usen la banca privada.
-Complementar el esfuerzo del BancoEstado (BEME) con SERCOTEC, FOSIS, INDAP para atender unidades económicas informales.
– Revisión urgente de la normativa del FOGAPE, que posibilite operaciones de refinanciamiento; y garantizar carteras en lugar de operaciones individuales para dar más agilidad al proceso, con definiciones claras de las operaciones individuales a dar cobertura (tasas y montos límites de crédito, elegibilidad, etc.).
-Estandarizar algunos parámetros de las soluciones para todos los bancos en materia de suspensión de pagos (recalendarización: hasta cuantos meses, no recargo de tasas de interés, seguros y comisiones dos veces, etc.), reprogramaciones, repactaciones, consolidaciones de crédito de distintos orígenes y nuevos créditos, para deudas de pequeño monto. Esto facilitaría mucho el automatismo del proceso y la agilidad de las soluciones.
La banca debe entender que este no es el momento de ganar plata, sino de sostener una situación durante la emergencia, para lo cual su concurso es imprescindible.
Los recursos para enfrentar estos desafíos están, se requiere decisión, agilidad y desapego al modelo para poder hacerlo. Es necesario entender que en una situación de pandemia como la que tenemos las limitantes ideológicas en el accionar puede significar muchas vidas de diferencia. Hoy se requiere de un Estado activo que no dude en defender los intereses de la ciudadanía y que actúe con energía frente a los abusos de quienes intentan hacer ganancias ilícitas lucrando con las angustias de nuestros compatriotas.
¡¡Juntos le ganamos al Virus!!!
Coordinación
Comisión Económica PS- CEPS