Comisión Económica llama a rechazar la idea de legislar proyecto de ley porque no responde a intereses nacionales, es regresivo, debilita la capacidad fiscalizadora del Estado y favorece fundamentalmente a los sectores de altos ingresos.

La CEPS originalmente analizó y rechazó la idea de legislar 

En agosto del 2018 la CEPS analizó el proyecto de ley y propuso rechazar la idea de legislar esgrimiendo entre otros los siguientes motivos:

• La reforma del 2014 aun no termina de aplicarse, no tiene maduración suficiente, está dando resultados (2 puntos del PIB), no existe una evaluación seria. No se justifica una reforma estructural, que para todos los fines es una Contrarreforma.
• Su clara regresividad y su no neutralidad tributaria. En sus iniciativas más importantes favorece claramente a que los sectores de mayores ingresos paguen menos impuestos. El proyecto no es neutro tributariamente, hay mayores certezas de las reducciones de impuestos y pocas certezas acerca de la mayor recaudación (boleta electrónica, etc.), lo más probable es que habrá reducción de la recaudación.
• No existe evidencia clara en el mundo de la relación entre reducción de impuestos y aumento de inversión en el país y crecimiento. Con mayor razón en nuestro país, en que la tendencia ha sido invertir fuera de Chile. Esta aparece como la principal motivación explicita que plantea el Gobierno para fundamentar el proyecto de ley y es bastante débil.
• Eliminación en la práctica de la Norma General Antielusión y debilitamiento en general de la capacidad fiscalizadora del SII, favoreciendo con esto fundamentalmente a los sectores de más altos ingresos.
• El proyecto no es pro-PYME, más bien complejiza lo alcanzado en el 14 Ter, introduciendo exigencias de contabilidad completa a un segmento de éstas y dejando la puerta abierta para nuevos regímenes presuntivos (bajo 10.000 UF) que incentivan la existencia de “falsas PYMES”, lo que es un retroceso.
• La integración y la falacia de la equidad horizontal en los regímenes integrados, especialmente para grandes empresas, dada la naturaleza distinta de los impuestos al capital y al trabajo hacen que los que ganan más tributen menos.

Las conversaciones y posibles cambios presentados por el Gobierno en estos meses no son convincentes 

Desde enero del 2019, el Gobierno con la Oposición, en el Congreso han desarrollado una serie de conversaciones e intercambio de documentos para introducir modificaciones al proyecto de ley que lleve a aprobar la idea de legislar. La Oposición planteó ocho principios como condiciones: mejorar la progresividad del proyecto y la no reducción de recaudación fiscal; mejorar régimen tributario de las PYMES; nuevos instrumentos para financiamiento de Gobiernos Regionales; fortalecimiento del combate a la elusión y evasión; fomento del crecimiento de largo plazo; eliminar del proyecto el aumento del umbral del IVA a la construcción, además valoró los avances de la Reforma del 2014 en materia de desintegración.

Las respuestas del gobierno el 18 de marzo –“Hacia un Acuerdo en el Proyecto de Modernización Tributaria”- y el día de ayer en el Congreso, no son convincentes en temas medulares y técnicamente están poco sustentadas en cifras sólidas.

Las compensaciones de la integración, como cuánto compensar y con qué instrumentos, son insuficientes. Mayoritariamente consideran aportes de impuestos indirectos que afectan a toda la población. O sea, la reducción de impuestos a los sectores del 1% más rico, la pagamos todos.  Los cálculos de quienes componen ese 1% tienen “letra chica”. Por ejemplo, Hacienda no considera en el tramo de los altos ingresos a los nietos, hijos, hermanos, cónyuges, etc. que figuran sin ingresos, participantes de las sociedades para rebajar impuestos, estableciendo un monto realmente menor a compensar. Por otra parte, el Gobierno no es claro respecto a la Norma Antielusión, tema clave en el debilitamiento de la capacidad fiscalizadora del SII  frente a las agresivas prácticas de planificación tributaria de las grande empresas para eludir y evadir. Sólo se “declara disponible a trabajar en esa dirección con la Oposición”.

En resumen, a un día de votar la idea de legislar, el Gobierno no ha logrado producir antecedentes que demuestren que este proyecto es neutro respecto a la distribución del ingreso. Por el contrario, la evidencia indica que se retrocede en progresividad (la integración del sistema integrado y la eliminación en la práctica de la Norma General Antielusión va en directo beneficio del 1% más rico) y retrocede en equidad horizontal puesto que restablece el trato preferencial de las rentas del capital. 

Visto lo anterior llamamos a rechazar la idea de legislar 

Visto los antecedentes expuestos,  la Comisión Económica llama a la bancada parlamentaria del PS y a su dirección política, asimismo a las otras bancadas parlamentarias a rechazar la idea de legislar el proyecto de Modernización Tributaria, por no reunir los requisitos mínimos de interés para la ciudadanía de este país.

Reafirmamos nuestra disposición al diálogo con el Gobierno en temas de interés para  las y los chilen@s en iniciativas legales que digan relación directa con el mejoramiento del sistema tributario de las PYMES, reducir las contribuciones a adultos mayores, etc. pero no estamos dispuestos a cruzar la raya en proyectos de ley que  reducen la tributación cuando más lo necesita el país, se la reducen  a los sectores de mayores ingresos que concentran gran parte de la riqueza, le aumentan los impuestos a toda la población para compensar  y debilitan la capacidad fiscalizadora del SII que tanto ha costado desarrollar. Esa raya toja no estamos dispuestos a cruzarla.

Comisión Económica

Partido Socialista de Chile