El actual sistema de pensiones, impuesto por la dictadura cívico-militar, basada en la capitalización individual y de administración privada con fines de lucro, se encuentra en crisis. El sistema ideado por los mismos que, por la fuerza impusieron el plan laboral, carece de justicia social, universalidad, dignidad y solidaridad.

Existe un gran descontento por parte de nuestros pensionados actuales y futuros, urge conducir a una transformación del mismo, dotándolo de características distintas, que apunten a la universalidad del sistema y administración de carácter mixto, que le den al Estado un Rol preponderante en la Seguridad Social del país.

En esta materia, la Presidenta de la República convocó la Comisión Bravo, que identificó, entre otros, los siguientes problemas del sistema: a) los montos de las pensiones difieren considerablemente de los ingresos percibidos durante la etapa activa; b) la enorme brecha entre las pensiones que reciben las mujeres frente a los hombres; c) la incapacidad del sistema para afiliar y mantener contribuyendo a la población en edad de trabajar; d) la baja rentabilidad de los fondos en consideración  a las altas a las comisiones que se pagan por los afiliados.

Luego, en agosto del presente año, la Presidenta -escuchando a la ciudadanía- llamó a lograr un pacto nacional sobre este tema y, apoyándose en lo planteado por la comisión Bravo, formuló una serie de medidas. Entre ellas, destaca el aumento de un 5% en la cotización, con cargo al empleador; el avance a un sistema mixto y tripartito por medio del fortalecimiento del pilar solidario; la incorporación gradual a cotizar obligatoriamente por parte de los trabajadores independientes; la regulación de las comisiones ocultas o de intermediación y el establecimiento de una tasa de mortalidad única para hombres y mujeres, y la creación de una AFP estatal.

Valoramos las medidas propuestas por la Presidenta de la República, sin embargo, el Partido Socialista declara lo siguiente:

1. A) Necesitamos transitar del sistema impuesto por la dictadura a uno generado en democracia con la participación de todos, asegurando el rol del Estado como garante de la seguridad social.
2. B) Apoyamos la idea de avanzar a la propuesta B de la comisión Bravo, donde se plantee qué seguridad social queremos, asegurando al menos pensiones desde el sueldo mínimo, con un sistema de carácter mixto donde participen trabajadores, empleadores y el Estado, tanto en la fuente de los fondos como en su administración, agregando el concepto de pilar de capitalización colectiva por medio de cuentas nominativas.
3. C) Proponemos la creación de un Administrador Previsional Público, que desde una mirada sin fines de lucro permita aumentar la competencia, avanzar en cobertura, administrar los fondos entregados por el Estado y los empleadores de manera obligatoria, y voluntaria de los trabajadores.
4. D) Debemos transitar del sistema de capitalización individual hacia uno que permita la solidaridad intergeneracional,  y entre géneros.
5. E) En el corto plazo, debemos estudiar la factibilidad y ejecución de propuestas como la de dividir la tercera edad en dos, permitiendo con ello entregar pensiones dignas en una primera etapa y cubrir con un seguro la segunda etapa.
6. F) Los aportes de 5% anunciado por la Presidenta deben ir a un pilar solidario y su administración debe ser pública y sin lucro.
7. G) Defendemos la idea de que debe haber un sistema mixto de carácter universal, que evite privilegios y distorsiones.

Finalmente, se hace urgente que las y los socialistas postulemos a un sistema universal, mixto y solidario que propenda a un concepto de seguridad social digno.

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

17 DE SEPTIEMBRE DE 2016.