1. La realización en Chile de la COP25, cumbre mundial del Cambio Climático, representa una gran oportunidad para que nosotros, como país anfitrión, podamos manifestar con hechos concretos, nuestro compromiso con el objetivo principal que buscan en este plano Naciones Unidas, la Convención de Cambio Climático y la gran mayoría de la comunidad internacional, cual es evitar de aquí al 2030, que las emisiones de GEI (Gas Efecto Invernadero) lleven a que sobrepasemos en 1,5 ° la temperatura global del planeta, morigerando los efectos de los grandes desastres que se producirán de no materializarse estos esfuerzos a nivel mundial.

2. El actual Gobierno ha planteado un débil Plan de Descarbonización con cierre de plantas al año 2040 y teniendo como meta ser carbono neutral al año 2050, desalineado con lo señalado por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático), que requiere una reducción de emisiones del 45% al año 2030. Dicho Panel ha indicado, claramente, que para alcanzar dicha meta se requiere reducciones profundas de las emisiones provenientes del carbón y del metano, situación de la que Chile, país anfitrión de la COP25, claramente no se hace cargo con este anuncio. La propuesta del Gobierno se basa en la inercia, dejando la mayor parte de la implementación como tarea para los próximos gobiernos.

3. Es preciso destacar que ya en diciembre del 2017, los Ministros de Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Michelle Bachelet, iniciaron acciones para cerrar las primeras cuatro plantas de las 8 iniciales anunciadas, que tienen cerca de 40 años de antigüedad. Por su parte, previo al anuncio presidencial de Sebastián Piñera, estas empresas ya habían comunicado públicamente su intención de cierre.

4. Desafortunadamente, el anuncio nuevo más relevante, que es el cierre de dos de las cuatro plantas a carbón existentes en la Zona de Sacrificio de Quintero-Puchuncaví, recién está programado para el año 2024. Esto es inaceptable, esas dos plantas ya cumplieron no sólo su vida útil económica, sino también su vida útil técnica, teniendo una de ellas ya 55 años de operación, vale decir esta excedida en 15 años respecto de su vida útil técnica. Esta situación no se condice con la urgencia que representa y revela la absoluta falta de voluntad del Gobierno por cumplir con los compromisos medioambientales que el país ha suscrito y que la población requiere.

5. En general el Gobierno plantea mantener todas estas centrales térmicas abiertas, como respaldo y “pagar”, ¿con recursos públicos? los costos que significa mantenerlas en condiciones operativas. Proponemos que el Congreso revise las condiciones de estos acuerdos, ya que la experiencia reciente muestra que en las negociaciones con el sector eléctrico la ciudadanía sale bastante perjudicada.

6. La descarbonización de la matriz energética al año 2030 es absolutamente factible, como lo indican estudios disponibles y tiene costos más bajos de lo esperado, producto de la disminución de los costos de operación que significa la descarbonización. No obstante, sabemos que es un desafío y que tales costos deben ser analizados en detalle y enfrentados. Sin embargo, lo que no corresponde es lo que hace el Gobierno de tener un plan que se basa en cerrar las plantas solamente en el momento en que estas hayan alcanzado su vida útil económica. Eso no es tener plan de descarbonización, ¡ESO ES NO HACER NADA!!

7. La parte restante del Plan de Descarbonización, 2024-2050, es vaga y no se sabe si responde más a esfuerzos publicitarios que a reducir, realmente en forma sustantiva las emisiones de CO2 de Chile.

8. La CEPS y la CMPS llaman a:

• a. el Gobierno, cerrar ya las dos plantas de Quintero-Puchuncavi que han cumplido con
  creces su vida útil económica y técnica. Es una mínima respuesta concreta a toda una
  comunidad que vive y se enferma en medio de la contaminación.
• b. Los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales a exigir al Gobierno un
  Plan de Descarbonización en serio para Chile, compatible con las metas de la COP25, integral, precisando acciones, fechas, recursos, etc. que tenga el año 2030 como horizonte.
• c. A la Cámara de Diputados, a analizar los acuerdos establecidos o en proceso por parte del Gobierno con las empresas eléctricas a Carbón para mantenerse abiertas, sin cerrar, como respaldo.

COMISION ECONÓMICA Y COMISION DE MEDIOAMBIENTE PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 6 de junio, 2019.