El escrito fue elaborado por 50 abogadas y abogados constitucionalistas cercanos y militantes de las colectividades, coordinados por Francisco Zúñiga y Felipe Paroti, y considera 13 ítems.

Este jueves, en la sede del Partido Socialista, los presidentes de las colectividades que integran la Convergencia Progresista, Álvaro Elizalde (PS), Heraldo Muñoz (PPD) y Carlos Maldonado (PR), presentaron el libro “Bases y fundamentos de una propuesta constitucional progresista”.

El documento programático, de 97 páginas, fue elaborado por 50 abogadas y abogados constitucionalistas cercanos y militantes de las colectividades, coordinados por Francisco Zúñiga y Felipe Paroti, y considera 13 ítems sobre los fundamentos del Estado, la sociedad y la economía; derechos fundamentales y sus garantías; régimen político: semipresidencial; gobierno y administración del Estado; participación ciudadana; sistema electoral, y Tribunal Constitucional, entre otros.

Álvaro Elizalde, presidente del PS, aseguró que “esta propuesta es un insumo, un aporte muy relevante que contribuye mucho a la discusión que estamos desarrollando hoy en nuestro país. No es un texto oficial pero sí representa, en términos generales, nuestra visión y nuestra postura. Es algo que se hace con mucha humildad para el debate que se va a generar, pero que creo que cuenta con muchos méritos: es un texto claro, que aborda los puntos centrales y que hace propuestas concretas y específicas”.

El senador socialista agregó que “valoro el esfuerzo que han hecho estos destacados profesores, profesoras, abogados y abogadas para elaborar este documento, que hoy se pone a disposición del debate público para la elaboración de una nueva Constitución nacida en democracia”.

Heraldo Muñoz, presidente del PPD, afirmó que se trata de una “obra que es extraordinariamente útil para guiarnos a los distintos partidos, a las fuerzas políticas y a los independientes en la elaboración de una nueva Constitución. Acá estamos los presidentes de los tres partidos de la Convergencia Progresista y nos sentimos muy bien interpretados en esta obra. Este trabajo sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son una base fundamental para la nueva Constitución”.

Carlos Maldonado, timonel del PR, indicó que “este documento que tuvo un esfuerzo colectivo de un conjunto de abogadas y abogados que entregaron su aporte y esfuerzo en un debate entre ellos para elaborar un único texto que hoy ponemos a disposición del público, creo que hace un aporte fundamental, por cuanto todos sabemos lo que ha pasado en Chile desde el estallido social, cómo los partidos políticos interpretamos adecuadamente la necesidad de canalizar el descontento, la crisis social y política en un proceso constituyente, por eso impulsamos y promovimos el pacto del 15 de noviembre del año pasado que abrió el camino a un proceso inédito”.

Entre las propuestas del escrito, se menciona la instauración de un régimen semipresidencial que considere la separación de la jefatura de Estado (Presidente/a de la República) y la jefatura de Gobierno (Primer/a Ministro/a), donde el primero tenga una legitimidad democrática directa y el segundo una indirecta dependiente de la relación fiduciaria o de confianza con la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto supone, agrega el documento, “separar las funciones hoy concentradas en el Presidente de la República, para lo cual resulta forzoso una reordenación de las atribuciones administrativas y gubernativas, reservando al Presidente/a de la República la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, la representación del Estado en sus relaciones internacionales y la injerencia en el nombramiento y/o nominación de altos cargos de la administración del Estado y del sistema judicial cuando corresponda”.

Asimismo, el texto incorpora la paridad, señalando que “uno de los principales objetivos políticos que las fuerzas progresistas deben asumir en este momento constituyente consiste en apostar por la alteración de la estructura del poder que se aloja en la Constitución (…) y así lograr las reformas que permitan desconcentrar el poder, a través de la incorporación de las mujeres a espacios históricamente cooptados por hombres, sentando las bases para una democracia paritaria”.

Sobre los derechos al agua, se propone consagrarla como “el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, priorizando el consumo humano por sobre su uso como medio de producción. Se declararán las aguas terrestres como bienes de dominio público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”.

Para revisar el documento completo, visitar el siguiente link https://bit.ly/3fCPUBv