PS exige al Gobierno revertir decisión de relajar medidas de aislamiento social en medio de la pandemia del Covid-19

PS exige al Gobierno revertir decisión de relajar medidas de aislamiento social en medio de la pandemia del Covid-19


Bancada socialista convocará a sesión especial de la Cámara para que ministros den explicaciones.

En relación al anuncio del Gobierno del restablecimiento del trabajo presencial de los servicios públicos y de la normalización de la actividad económica, el Partido Socialista de Chile declara:

1.- El relajamiento de las medidas sanitarias de aislamiento social es una decisión imprudente, apresurada e irresponsable que no se condice con lo que el propio Presidente Piñera ha señalado, en el sentido de que estamos entrando en las semanas más complejas de propagación de la epidemia en el país. Es especialmente grave, además, que esta decisión gubernamental no haya sido consultada con el Consejo Asesor ni tampoco informada a la Mesa Social Covid-19.

2.- El Gobierno ha cedido ante las presiones que profusamente han señalado -explícita o implícitamente- en los medios de comunicación que la actividad económica debe continuar sin restricciones, a pesar del alto riesgo para la salud de las trabajadoras, los trabajadores y la población en general. Hay quienes, incluso, con desenfado han dicho que la economía es más importante que las vidas humanas, expresiones que son absolutamente inaceptables.

3.- Si bien la actividad económica es relevante, no se puede hacer todo a cualquier precio, más aún cuando se trata de la salud y la vida de las personas. Abrir los centros comerciales, como si nada estuviera ocurriendo, es una insensatez inexplicable, más todavía considerando que se trata de una medida sanitaria cuya competencia recae en el Ministerio de Salud y no en las autoridades económicas del Gobierno, como de hecho ha ocurrido.

4.- El compromiso permanente de los socialistas es la defensa irrestricta de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias. El Estado es fundamental para ese propósito y, por ello, valoramos la labor que realizan los funcionarios de la salud y todos los que trabajan en los distintos servicios públicos, tanto de manera presencial como telemática o a distancia, en beneficio de la comunidad.

5.- Los organismos públicos han mantenido su trabajo presencial en casos de servicios esenciales. Restringir y poner término a las medidas de teletrabajo respecto de los demás funcionarios públicos es una irresponsabilidad que no sólo afecta su salud y la de sus familias, sino también la de toda la población. Por ello, el Partido Socialista se suma al llamado de la ANEF a proteger la salud y la vida de los funcionarios públicos.

6.- Las medidas anunciadas por el Gobierno destinadas a la protección social de las trabajadoras y los trabajadores, tanto formales como informales, son insuficientes. La situación ahora se torna más grave cuando se eliminan medidas sanitarias con decisiones faltas de transparencia y fundamento técnico, poniendo en riesgo la vida y la salud de nuestros compatriotas.

7.- Exhortamos al Gobierno a actuar con mayor grado de responsabilidad. La crisis sanitaria aún no ha sido superada. Por el contrario, se encuentra en plena evolución. Ahora es cuando, precisamente, debemos actuar con extrema prudencia y cuidado, dejando de lado la improvisación.

8.- Por lo anterior, rechazamos de forma categórica esta decisión gubernamental y exigimos que sea revertida. La bancada de diputadas y diputados de nuestro partido solicitará formalmente la realización de una sesión especial de la Cámara para que los ministros del Interior, Hacienda y Salud expliquen los fundamentos de esta medida. Adicionalmente, las comisiones respectivas, tanto de la Cámara como del Senado, convocarán a estos secretarios de Estado para que den cuenta de los fundamentos del anuncio.

 

MESA EJECUTIVA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

 

Santiago, 18 de abril de 2020

Senador Letelier: “Los trabajadores y trabajadoras no pueden ser quienes deban sobrellevar el mayor peso de esta pandemia”

Senador Letelier: “Los trabajadores y trabajadoras no pueden ser quienes deban sobrellevar el mayor peso de esta pandemia”


El Ministerio del Trabajo dio a conocer las cifras respecto de cartas de despidos entregadas al mes de marzo. Estas demuestran que la crisis sanitaria comienza a desatar una grave pandemia social marcada por despidos y la consiguiente precariedad laboral.

“Estas cifras entregadas ponen nuevamente el énfasis que exigimos hace semanas: es necesaria una intervención robusta del Estado para garantizar que a nadie le faltarán los ingresos en los meses que vienen”, planteó el senador PS y presidente de la comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier.

“El Gobierno no puede seguir quedando atrás. Debe tomar medidas más rápidas, directas y profundas. Al gobierno le ha costado asumir los problema y por lo mismo, llegar a las soluciones. Los socialistas venimos planteando una renta o ingreso garantizado desde hace tiempo para quienes no estan obteniendo ni obtendrán ingresos en los próximos meses”, agregó el parlamentario.

Las cifras entregadas por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, indican que en marzo se llegó prácticamente a 300 mil cartas de despidos, lo cual comienza a demostrar el mayúsculo y dramático problema para el empleo que afectará a las familias chilenas.

Letelier planteó la necesidad urgente de iniciar un apoyo efectivo. “Y no solo anuncios” a los municipios, los cuales aún no han recibido nada sustantivo.

“Los trabajadores y trabajadoras no pueden ser quienes deban sobrellevar el mayor peso de esta pandemia; entre el abuso de las isapres; las pérdidas millonarias de las AFP; y la creciente precariedad laboral, es el Estado el que debe salir a garantizar una Protección Social”, añadió el presidente de la comisión de Trabajo, finalizando que “todos estaremos dispuestos a trabajar en esa dirección”.

Declaración de la Comisión Económica del PS frente al segundo paquete de medidas del Gobierno

Declaración de la Comisión Económica del PS frente al segundo paquete de medidas del Gobierno


Diferentes organizaciones están emitiendo sus opiniones respecto a las políticas sanitarias y económicas de Gobierno y bienvenidas sean. Es necesario que estas opiniones sean emitidas y escuchadas. Estamos frente a una situación inédita, donde no hay verdades absolutas. Esto no lo resuelve sólo un Presidente y un par de Ministros, menos en situaciones de baja confianza del Gobierno. Se requiere de las ideas, de la acción colectiva y también, de más participación real de los directamente involucrados: alcaldes, Colegio Médico, especialistas sanitarios, representantes de trabajadores -como la CUT y otras- y de empresarios de distintos tamaños de empresa, organizaciones políticas y de la sociedad civil. Sentimos gran ausencia de aquello, como  asimismo, que pasan los días,  y se sigue privilegiando lo económico por sobre lo sanitario, sin que  se perciba un rumbo claro en las políticas, ni la agilidad requerida en la implementación de las soluciones prioritarias.

 LA ESTRATEGIA SANITARIA ES CONFUSA Y POCO ÁGIL

La dimensión sanitaria debe presidir el enfoque de la crisis por sobre lo económico, que en estos momentos debe ponerse al servicio de lo primero.   La estrategia del Gobierno -en el supuesto que exista- con la enigmática definición de cuarentenas parciales por áreas territoriales, con flexibilizaciones de comunas que entran y salen, parece errática y de gestión lenta, siendo desconocida por la población. No se sabe a que apunta. La información requerida no es transparente ni lo suficientemente abierta y disponible, especialmente para las comunidades científicas cuyo aporte en estos momentos es muy necesario para un virus desconocido a nivel global.

Existe un cierto “tufillo triunfalista” que no se condice con la realidad de los números: Chile alcanzó a 36 días de la pandemia la suma de 5.546 contagiados de Covid-19 e Italia a los mismos días tenía 3.858 contagios y sabemos adónde ha llegado. Con el agravante que ellos entran a una época cálida y nosotros al invierno.

La CEPS   frente a esta situación propone la puesta en marcha de un plan de shock estricto y ágil que a lo menos incorpore los siguientes elementos:

a) Gratuidad total de los exámenes PCR con subsidios del Estado (la información disponible actual para tomar medidas tiene fuertes sesgos);

b) Protección del personal sanitario y de todo el personal que funciona en la red de abastecimiento, con estándares básicos, a cargo de los empleadores (rol de la DT y las Mutuales);

c) Control o banda de precios de productos básicos para la crisis;

d) Reducción del uso del dinero en efectivo, fomentando las transacciones on line, complementado con la extensión de la cuenta RUT para transacciones, sin cobro por transacción por parte del BancoEstado;

e) Reconversión inmediata del aparato productivo nacional para enfrentar la producción de insumos para la crisis y de las innovaciones relacionadas (ventiladores, etc.) con el apoyo directo de CORFO, SERCOTEC y BancoEstado;

f) Fomentar la conexión on line y gratuidad temporal de las comunicaciones para sectores mas vulnerables;

g) Sanciones ejemplificadoras a transgresiones de la cuarentena, abusos de precios y acaparamientos.

h) Prever posibles situaciones de fallecimientos masivos y su gestión; e

i) Implementación de una adecuada política de ingresos, continuidad del empleo y endeudamiento. Este último tema, por el rol sustantivo que juega en la complementación de cualquier estrategia sanitaria, se trata con mayor detalle a continuación.

NO SE ESTÁ GARANTIZANDO UN INGRESO MÍNIMO A LOS MÁS VULNERABLES

 El primer paquete de medidas económicas del Gobierno ni el segundo, resuelven, adecuadamente, el sostenimiento de los ingresos de los sectores más vulnerables. El primero resuelve “parcialmente” la situación de los asalariados formales y al resto, le otorga un bono de aproximadamente $50.000 por una vez (que aún no se distribuye). En el segundo paquete se habla vagamente sobre el tema, sin precisar medidas, diciendo que se asignaran US $2.000 millones de reasignaciones presupuestarias (“desvestir un santo para vestir a otro”), presupuesto que ya está sufriendo reasignaciones por el 2% constitucional para los requerimientos del sector salud en primer paquete económico, lo que es totalmente insuficiente. El sostenimiento de los ingresos de los sectores vulnerable es es un aspecto demasiado importante en el tratamiento de las crisis para tratarlo de esa forma, además, requiere destinar recursos frescos para ello.

 Los sectores vulnerables sin una respuesta adecuada son: los trabajadores cuentan propia, los asalariados informales, los cesantes, los jubilados con pensiones precarias. Estamos hablando del orden 5, 4 millones de personas, de los cuales 1,6 millones son adultos mayores, población en riesgo.

Es preciso una política clara al respecto con: bases de una solución para estos sectores bien definidos, soluciones que sean reales, conocidas por toda la población, así como sus mecanismos de distribución. No debe prestarse para clientelismos en épocas de urgencias. Los riesgos sociales de no abordar bien esta situación son muy altos (aumento de la delincuencia, asaltos a supermercados, hambre). Es urgente, se requiere implementar ya. Este es uno de los eslabones más débiles de la estrategia.

La CEPS, como otras organizaciones, han sido insistente en una Renta Básica de Emergencia temporal para estos sectores, con base en líneas de pobreza de los hogares y su número de integrantes, usando el mecanismo de los municipios. El Registro de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, con información de aproximadamente el 80% de los hogares, posibilita hacerlo rápidamente y es una información por compartir con los Municipios para su rápida implementación.  Complementariamente, la situación de los jubilados con pensiones precarias se puede solucionar transitoriamente, concentrando los incrementos que estaban pensados para tres años en 2020 y con una ley corta que complemente transitoriamente las jubilaciones precarias autofinanciadas con APS.

Cabe señalar que otros países están destinando entre 12 y 20 puntos del PIB para enfrentar la pandemia. Chile está destinando en torno a los 2,5 a 3 puntos de recursos frescos del PIB con estos fines. El resto son reasignaciones, créditos temporales tributarios, etc.  Se puede hacer bastante más.

EL SISTEMA FINANCIERO DEBE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN Y EL ENDEUDAMIENTO REQUIERE DE SOLUCIONES REALES

Es bienvenido en el segundo paquete económico del Gobierno la presencia de recursos para engrosar el sistema de garantías y facilitar el involucramiento de la banca en la emergencia, aminorando el riesgo que debe traducirse en baja de tasas y aumento de disponibilidad de crédito. Sin embargo, produce grandes dudas la falta de resguardos en materia de tasas de interés de éste y la apertura a empresas grandes en su utilización en su utilización (hasta 1 millón de UF de ventas, la definición de MIPYMES van hasta 100 mil UF), que puede llevar a que el esfuerzo del Banco Central de bajas tasas termine en manos de grandes empresas con financiamiento barato y las MIPYMES sigan con problemas de financiamiento a tasas altas.  Las autoridades financieras y la banca deben entender que estamos en tiempos de emergencia y que no caben ciertos comportamientos para “la normalidad”.

No es lo mismo una pequeña empresa sin financiamiento, que, en quince días o un mes, quiebra; respecto a una gran empresa, frente a esa misma situación, que tiene espaldas financieras y capacidad de resistencia mucho mayor. La oportunidad, agilidad y pertinencia del financiamiento juegan un rol relevante para que las empresas puedan pasar la crisis, sostener el empleo y reemprender posteriormente.

Nuestra propuesta para incorporar liquidez y apoyo al sostenimiento y recuperación productiva se orienta:

– Segmentar por tramos de tamaño de empresa el uso de garantías con condicionantes de tasas máximas y montos de crédito, no sólo de proporción a garantizar (que es lo que actualmente trae el Fondo).

-Concentrar los esfuerzos del BancoEstado durante la emergencia en el financiamiento a MIPYMES y a personas. Que las empresas grandes usen la banca privada.

-Complementar el esfuerzo del BancoEstado (BEME) con SERCOTEC, FOSIS, INDAP para atender unidades económicas informales.

– Revisión urgente de la normativa del FOGAPE, que posibilite operaciones de refinanciamiento; y garantizar carteras en lugar de operaciones individuales para dar más agilidad al proceso, con definiciones claras de las operaciones individuales a dar cobertura (tasas y montos límites de crédito, elegibilidad, etc.).

-Estandarizar algunos parámetros de las soluciones   para todos los bancos en materia de suspensión de pagos (recalendarización: hasta cuantos meses, no recargo de tasas de interés, seguros y comisiones dos veces, etc.), reprogramaciones, repactaciones, consolidaciones de crédito de distintos orígenes y nuevos créditos, para deudas de pequeño monto. Esto facilitaría mucho el automatismo del proceso y la agilidad de las soluciones.

La banca debe entender que este no es el momento de ganar plata, sino de sostener una situación durante la emergencia, para lo cual su concurso es imprescindible.

 Los recursos para enfrentar estos desafíos están, se requiere decisión, agilidad y desapego al modelo para poder hacerlo. Es necesario entender que en una situación de pandemia como la que tenemos las limitantes ideológicas en el accionar puede significar muchas vidas de diferencia. Hoy se requiere de un Estado activo que no dude en defender los intereses de la ciudadanía y que actúe con energía frente a los abusos de quienes intentan hacer ganancias ilícitas lucrando con las angustias de nuestros compatriotas.

 ¡¡Juntos le ganamos al Virus!!!

Coordinación

Comisión Económica PS- CEPS

La situación de las mujeres en tiempos de pandemia

La situación de las mujeres en tiempos de pandemia


Las mujeres hemos estado históricamente en una situación de desigualdad, lo cual se ha traducido en diferentes ámbitos de la vida cotidiana: en el sistema laboral, educacional, de pensiones y en cuanto a las víctimas de violencia, entre otros.

En el ámbito laboral, se expresa en la precarización de sus empleos, muchos de ellos se encuentran en la informalidad y son mal remunerados, sin contratos de trabajo, sin pagos de la seguridad social y sin seguro de cesantía, entre otras dimensiones. Para el caso de Chile, el trabajo informal es del 30,4%, sin embargo, si se observa según género, 26,3% son hombres y 31% mujeres. Esto demuestra que la mayor parte del trabajo informal es femenino. Por otra parte, en nuestro país la brecha salarial en función de género sigue siendo alta, alcanzando valores por el sobre el 20%.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que las mujeres son quienes, en una proporción muchísimo mayor, desempeñan las tareas domésticas en el hogar y el cuidado de terceras personas. Es importante destacar que las personas que no están trabajando por razones familiares permanentes – por ejemplo el cuidado de un enfermo- son en un 97% mujeres.

En cuanto a las pensiones, según el último informe de la Superintendencia de Pensiones, las mujeres reciben 39% menos de pensiones que los hombres. De esta manera, la jubilación promedio de las mujeres chilenas es sólo de $176.856.

Otro de los ámbitos más complejos y desoladores es la situación de violencia que viven a diario muchas mujeres. Al menos un tercio declara haber sido víctima de violencia alguna vez en su vida. Y, en el caso más extremo, como son los femicidios, en lo que va del 2020 ya son 10 los femicidios consumados y 27 los frustrados. En esta misma fecha del año pasado eran 11 los femicidios consumados, lo cual nos comprueba que la violencia de género está lejos de erradicarse.

La desigualdad que se expresa en el ámbito laboral, de pensiones y en las víctimas de violencia demuestra sólo una parte de lo que viven las mujeres a diario. Y, todas estas desiguales se han visto acentuadas con la crisis que hoy atraviesa nuestro país y el mundo a propósito de la pandemia declarada por el Covid-19.

En el caso de los trabajadores con empleos precarios, una de las labores más invisibilizadas y que han quedado en una situación de desprotección mayor, ha sido la de las trabajadoras de casa particular. Una gran parte de ellas no tiene contrato de trabajo ni seguro social, y para proteger su propia vida, no han asistido a sus lugares de trabajo desde que comenzó la pandemia. Es indudable que el Estado debe hacerse cargo de esta situación de precariedad y desprotección que afecta en gran medida a las mujeres.

Por su parte, y en el contexto del aislamiento social que estamos viviendo, muchas personas están desarrollando otras formas de trabajar, fundamentalmente mediante el teletrabajo. Sabemos que son las mujeres quienes realizan, en mayor medida, las tareas domésticas al interior de los hogares. El contexto de teletrabajo lleva consigo la precarización de las mujeres, teniendo muchas veces que lidiar con las labores domésticas al interior del hogar, el cuidado de terceros y el mismo teletrabajo.

Finalmente, y lo más complejo de la situación de precariedad que viven las mujeres en el mundo, y particularmente en nuestro país, es la realidad de las víctimas de violencia al interior de sus hogares. El aislamiento social y el “quédate en casa”, para muchas mujeres, se ha convertido en un infierno, en la convivencia a diaria con su agresor. La ONU ya se pronunció por el aumento de la violencia doméstica ante el escenario del coronavirus e hizo un llamado a los gobiernos a mirar detenidamente el alza de las denuncias a propósito de la violencia al interior de los hogares. Ante esto, el Ministerio de la Mujer debe actuar rápido y reforzar las medidas que vayan en el sentido de proteger a las mujeres que hoy están siendo víctimas de violencia de género. Para esto, al menos, se deben tomar las siguientes medidas: aumentar la inversión en los servicios de ayuda en línea y facilitar la comunicación con las mujeres víctimas de violencia; establecer sistemas de alertas; reforzar las casas de acogida para que las mujeres no tengan que convivir con su agresor; ampliar las campañas comunicacionales dirigidas a prevenir la violencia y a informar los canales que tienen las mujeres para hacer denuncias seguras.

Los costos de esta pandemia no la deben pagar las y los trabajadores, no la pueden pagar los más pobres, no la pueden pagar las mujeres que hoy viven un infierno en el lugar que debiera ser el más seguro para ellas, sus casas. Nuestro imperativo ético mínimo es forzar a que el Estado otorgue bienestar y asegure dignidad para quienes hoy pasan momentos difíciles.

Juventud Socialista realiza diálogos sobre derechos en contexto de crisis

Juventud Socialista realiza diálogos sobre derechos en contexto de crisis


Frente a la cuarentena por coronavirus decretada en diversas comunas del país, la Juventud Socialista comenzó un ciclo de conversatorios en línea para mantener el contacto directo con la militancia y entregar un espacio de difusión a los temas que más preocupan a la población por estos días.

La primera actividad fue en torno al “Derecho al Trabajo en contexto de crisis”. En la instancia participó la abogada laboral y militante del Partido Socialista Wendoling Silva, quien durante una hora conversó con la vicepresidenta de la JS, Evelyn Pino, para resolver inquietudes de las y los militantes sobre sus situaciones laborales.

El conversatorio, que contó con más  de 100 espectadores en línea, se desarrolló en el marco del polémico dictamen de la Dirección del Trabajo en el que señalaban a los empleadores que se habilitaba la posibilidad de suspender el pago de remuneraciones, debido a que en el contexto de la cuarentena no se podía entregar el trabajo convenido.

La abogada Wendoling Silva criticó la medida y advirtió que las y los trabajadores deben estar muy atentos durante este período de emergencia sanitaria ante temas como los despidos. Por otra parte, la Juventud Socialista declaró que la determinación de la DT “se aleja totalmente de la protección que debería ofrecer el Derecho del Trabajo, poniendo el costo del abuso y el sacrificio patrimonial del lado de las trabajadoras y trabajadores de Chile”.

El segundo conversatorio abordó el “Derecho a la Salud” y contó con la participación de la ex ministra Soledad Barría, quien resolvió inquietudes de las y los jóvenes sobre prevención y cuidados ante el contagio del coronavirus. En el espacio se relevó la importancia de defender este derecho en una Nueva Constitución, que contemple un seguro universal y solidario de salud que asegure el acceso a una atención de calidad para todas las personas.

Finalmente, la ex ministra enfatizó en que muchos de los problemas sociales que deja en evidencia la crisis sanitaria, deberán abordarse en una Nueva Constitución para el país.

Los conversatorios sobre derechos en contexto de crisis se seguirán realizando durante el tiempo que permanezcan activas las cuarentenas y serán anunciados a través de las redes sociales de la Juventud Socialista.