En estos momentos la prioridad número uno del país debiera ser cómo controlar la pandemia del COVID 19 que ya ha cobrado la vida de casi 200 compatriotas y contagiado a cerca de 14.000. A esto se agrega la importancia de aliviar el impacto económico y social del coronavirus en la clase media y en los más vulnerables.

Sin embargo, el Gobierno por razones inexplicables ha instalado en el debate público la modificación del cronograma electoral y, particularmente, la postergación del plebiscito constitucional fijado para el 25 de octubre.

No sólo resulta incoherente proponer un “retorno seguro” a una “nueva normalidad” en las próximas semanas, a pesar de las aprensiones de la comunidad médica y sanitaria, y, paralelamente, especular sobre las condiciones sanitarias de un evento electoral que se realizará en seis meses, sino que resulta preocupante que estas dudas hayan sido instaladas unilateralmente al más alto nivel político por parte del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, por el actual Ministro del Interior Gonzalo Blumel, y por el propio Presidente de la República.

Mas serio aún, es que el Presidente Sebastián Piñera haya agregado a las consideraciones sanitarias, la inclusión de la recesión económica como un factor decisivo para una eventual postergación del plebiscito. Las democracias sanas no postergan sus elecciones y, por el contrario, en un contexto en que se han evidenciado las carencias del sistema actual, se hace más relevante que nunca asegurar a la ciudadanía la vigencia del proceso constitucional.

Reafirmamos nuestro respeto al acuerdo constitucional para el plebiscito para una nueva constitución, el que solo puede alterarse por decisión del Congreso. La garantía del respeto al acuerdo que reprogramó el plebiscito para el 25 de octubre otorga tranquilidad al país, para que todos podamos centrarnos en colaborar al control del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales.

En el intertanto la autoridad electoral debe planificar todos los resguardos sanitarios para que Chile tenga un plebiscito seguro.

Reiteramos que este no es el momento de debatir cronogramas electorales ya resueltos, sino de hacer todos los esfuerzos de unidad, en una perspectiva de Estado, para proteger la salud de las chilenas y chilenos, y minimizar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Carlos Maldonado

Presidente Partido Radical

Heraldo Muñoz

Presidente Partido Por la Democracia

Alvaro Elizalde

Presidente Partido Socialista

Catalina Pérez

Presidenta Partido Revolución Democrática

Fuad Chahin

Presidente Partido Demócrata Cristiano

Javiera Toro

Presidenta Partido Comunes

Luis Felipe Ramos

Presidente Partido Liberal

Gael Yeomans

Presidenta Partido Convergencia Social

La Convergencia Progresista, hace ya varias semanas, le propuso al país y al Gobierno la creación de un Seguro Familiar para enfrentar la grave crisis social y sanitaria que enfrenta el país. El Gobierno posteriormente anunció la destinación de U$ 2.000 millones para este efecto y, más tarde aún, el otorgamiento de un Ingreso Familiar de Emergencia en sintonía con lo que propusiéramos.

Si bien los anuncios son positivos y coherentes con nuestros planteamientos, tienen una cobertura y montos inferiores a lo requerido. Junto con lamentar su retraso, llamamos al Gobierno a hacer un esfuerzo mayor para lograr el objetivo de proteger a las familias más vulnerables. Expresamos nuestra disposición a aprobar con celeridad un proyecto de ley que cumpla con dos condiciones básicas:

1. Asegurar que los ingresos lleguen sin más dilación a las familias. En nuestra declaración anterior señalamos que ello se puede lograr con la información e instrumentos que ya tiene el Gobierno, haciéndolo a través del registro social de hogares y la cuenta RUT de Banco Estado. La distribución del escuálido bono de $ 50.000 demuestra que es posible. 

2. Asegurar que los ingresos permitan satisfacer las necesidades básicas de la familia y, por ello, crear condiciones para que resguarden su salud. En nuestro comunicado anterior ya señalamos que este ingreso debía ser proporcional al número de miembros del hogar: $126.000 por cada miembro. Dado que la familia promedio en Chile tiene 3.1 miembros y el ingreso promedio que requiere cada uno es de $126.000, el monto promedio por familia sería de $390.000 al mes. Estimamos que alrededor de 1.700.000 hogares debían recibir el seguro familiar, por lo que su costo mensual sería de U$ 790 millones aproximadamente. 

Este monto debe ser recibido por todas las familias cuyo ingreso provenga de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato de trabajador/a en casa particular. Así, estas familias, que son las más vulnerables, podrán atender adecuadamente sus necesidades económicas y sanitarias. Este instrumento, además, permitirá sobrellevar de mejor manera la crisis económica que ya afecta el país ya que generará poder de compra para mantener activa la economía y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas.

Heraldo Muñoz

Presidente, Partido Por la Democracia

Carlos Maldonado

Presidente, Partido Radical

Álvaro Elizalde

Presidente, Partido Socialista

El Partido Socialista de Chile manifiesta su más categórico rechazo al convenio de colaboración y coordinación entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename), que ha sido dado a conocer. Compartimos la preocupación expresada por la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Para la Transparencia respecto de dicho acuerdo, por cuanto:

1.- Los niños, niñas y adolescentes que integran la red del Sename, ya sea que ingresen por vulneración de derechos o por infracciones de ley, son víctimas de las carencias y desigualdades de nuestra sociedad contra las que nuestro partido ha luchado históricamente por erradicar.

2.- De acuerdo a la Convención Sobre Derechos del Niño, el Estado de Chile tiene una obligación de garante, la cual se torna especialmente intensa respecto de todos los niños, niñas y adolescentes integrantes de la red Sename, quienes están precisamente al cuidado del Estado por haber fallado los mecanismos sociales de protección de sus derechos fundamentales.

3.- El convenio en cuestión viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el principio del interés superior del niño, pretendiendo convertirlos en una amenaza para la seguridad nacional.

4.- Si bien en virtud del principio de colaboración y coordinación resulta normal la celebración de convenios interinstitucionales entre los órganos de la Administración, en este caso estimamos que se trata de un acto que viola frontalmente los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, la Constitución Política de la República y la ley.

5.- Respecto del Sistema de Inteligencia del Estado y de la Agencia Nacional de Inteligencia, estos tienen por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.

6.- Por su parte, el Sename es el encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal.

7.-  En consecuencia, y atendido el principio de legalidad, los órganos del Estado deben actuar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, lo cual ha sido incumplido gravemente por la ANI y el Sename.

8.- Exigimos al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera dar pie atrás a este convenio ilegal, que vulnera, revictimiza, estigmatiza y discrimina arbitrariamente a los niños, niñas y adolescentes integrantes de la red Sename.

9.- Finalmente, el Partido Socialista de Chile se encuentra evaluando todas las acciones, administrativas y judiciales, que puedan corresponder en defensa de la niñez de nuestro país.

MESA EJECUTIVA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 23 de abril de 2020

El mundo está atravesando una situación muy compleja no sólo por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, sino también por los efectos económicos y sociales que ha traído consigo. La prioridad para todos y todas debe ser la salud de las personas, y el Estado debe asegurar las condiciones materiales para evitar la exposición al contagio.

El estallido social de octubre de 2019 visibilizó la desigualdad estructural de nuestro país. La pandemia del Covid-19 ha reafirmado esta dura realidad, profundizando la precariedad laboral y generando pérdida de empleos, reducción de salarios e incremento de la violencia de género al interior de los hogares, entre otras situaciones que afectan cotidianamente a una gran cantidad de personas a nivel nacional.

Las medidas que ha anunciado el Gobierno, hasta el momento, siguen siendo insuficientes. Vemos con especial preocupación la desprotección en la cual han quedado las trabajadoras y trabajadores informales y de casa particular.

Por otra parte, rechazamos el relajamiento de las medidas de aislamiento social anunciadas por el Gobierno, por ejemplo, el retorno del trabajo presencial de los funcionarios públicos, la reapertura de centros comerciales y el eventual retorno a clases de los estudiantes, decisión que fue adoptada sin considerar sus consecuencias sanitarias y sin escuchar al Consejo Asesor Covid-19. Las autoridades de Gobierno parecen olvidar que la salud de las personas es lo más importante.

Para enfrentar esta crisis, que es la más relevante del último siglo, se requiere de un plan fiscal potente, de la envergadura de la crisis que estamos atravesando, y que esté dirigido a proteger a los sectores medios y populares de Chile, asegurando la dignidad de las personas. Lo que no debe ocurrir es que los costos de esta crisis los paguen las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.

Por esto, el Partido Socialista le exige al Gobierno que se tomen las siguientes medidas, que son de carácter urgente:

• En el ámbito sanitario: 

1. Transparencia de la información.
2. No relajar las medidas de aislamiento social.
3. Extremar las políticas de control y testeo para detectar los casos de Covid-19.
4. Dotar a los trabajadores de la salud de toda la indumentaria e implementos para evitar su contagio.
5. Establecer la gratuidad, como bien público, de los exámenes para la detección del virus en todo el sistema de salud.

• En el ámbito económico: 

1. Ingreso o Renta Básica de Emergencia. Se debe asegurar un ingreso mínimo a toda la población que se haya visto perjudicada en su salario, durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria. La prioridad deben ser las trabajadoras y los trabajadores de Chile, tanto formales como informales, y sus familias. El anuncio que ha realizado el Gobierno respecto al “Ingreso familiar de emergencia” es insuficiente, tanto en su monto como en la cobertura.
2. Prohibir el despido de trabajadoras y trabajadores. De ser necesario, incluso, se podrá ayudar al rescate de empresas estratégicas mediante inyección de recursos a cambio de la participación del Estado en la propiedad de dichas compañías. A su vez, aquellas empresas que perciban utilidades durante el tiempo de esta pandemia, no debieran acogerse a la Ley de Protección al Empleo.
3. Postergar el pago y prohibir el corte del suministro de servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria. Asimismo, postergar, sin intereses, cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras contraídas con bancos e instituciones financieras y casas comerciales.
4. Fijación de precios a todos los insumos, medicamentos y bienes de primera necesidad, y sanción para la especulación y el acaparamiento. Aquellos que infrinjan esta instrucción debieran pagar hasta con penas de cárcel.
5. No cerrar los programas ejecutados por el Estado y asegurar estabilidad laboral a las funcionarias y funcionarios públicos.
6. Aumentar el presupuesto y las medidas que vayan dirigidas a la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado en un alto porcentaje desde que se iniciaron las medidas de cuarentena, ante lo cual el Estado deberá asegurar bienestar y protección a aquellas mujeres y niñas que hoy se ven afectadas por la violencia al interior de sus hogares. A su vez, se deberán impulsar políticas públicas y medidas específicas para que el trabajo doméstico no sea una carga exclusiva de las mujeres. 

Hacemos un fuerte llamado al Gobierno para considerar las medidas que se han señalado. La salud y el bienestar de las personas deben ser la prioridad, y para eso se requiere fortalecer el rol del Estado y aumentar el gasto fiscal.

Finalmente, creemos que hoy, más que nunca, debemos seguir avanzando hacia un nuevo Pacto Social que esté basado en el respeto, la igualdad y la dignidad de las personas. Y, junto con ello, un Nuevo Pacto Económico que tenga en su base una distribución más equitativa de la riqueza de Chile.

MESA EJECUTIVA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 20 de abril de 2020