Salvar vidas es nuestra primera prioridad. Por eso, antes de avanzar en otros acuerdos creemos indispensable que el gobierno genere las condiciones necesarias para controlar la pandemia y, paralelamente, asegurar un ingreso básico para todas las personas. Si estas dos cosas no van de la mano, no hay solución a la crisis que sólo vemos empeorar.

Para controlar la pandemia es necesario incrementar las capacidades de testeo, aprovechar la red de atención primaria y la capacidad de los municipios para hacer rastreos a todos quienes han tenido contacto con infectados, y multiplicar la capacidad de aislamiento (llegando a 40.000 camas).

Para asegurar un ingreso que permita respetar la cuarentena a todas las familias del país, debemos elevar el monto a un nivel superior a la línea de pobreza definida por el Ministerio de Desarrollo Social (por ejemplo, $370 mil para una familia de 3 personas y $450 mil para una de 4 personas). Aquellas familias registradas en el Registro Social de Hogares (76% del total de las familias) cuyos miembros del hogar no reciban ingresos o trabajen en el sector informal, recibirían de forma automática el total del Bono que les corresponda, transfiriéndoseles a través de la Cuenta RUT de Banco Estado.

Aquellas familias que reciban alguna forma de apoyo (pensión, seguro de cesantía, u otro), pero cuyo ingreso familiar no alcance al nivel básico establecido, se les complementará la diferencia de manera automática. Finalmente, para aquellos que aún no estén inscritos en el RSH, se les pedirá lo hagan a la mayor brevedad (el trámite se completa en línea y en breves minutos) y se confiará en la información que provean, transfiriéndoles los recursos que correspondan. Posteriormente se comprobará la validez de esta información, multándose a quienes la hayan falseado, interrumpiéndose la entrega de dicho ingreso.

La segmentación del apoyo económico a las familias es un procedimiento innecesario y que retarda la ayuda a la gente en un momento de emergencia.

A través del procedimiento que proponemos, todas las familias que lo requieran podrán disponer de los recursos que urgentemente necesitan en el curso de los próximos días. Por esta vía, también, se centralizará toda la ayuda monetaria a través de un solo instrumento de rápida aplicación. No será necesario continuar con la engorrosa experiencia de las cajas de alimentos, ni prorrogar el seguro de cesantía más allá de los tres meses considerados que, por lo demás, para muchos están prontos a vencer.

A la urgencia respondamos con urgencia.

Álvaro Elizalde S.

Presidente Partido Socialista

Heraldo Muñoz V.

Presidente Partido Por la Democracia

Santiago, 03 de junio de 2020

El 27 de mayo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que beneficia a los trabajadores independientes que trabajan por cuenta propia (“boletean”), ante la caída de ingresos por Covid-19, consistente básicamente en:

• Un préstamo a 3 años frente a una caída de los ingresos de más del 20% de éstos, con respecto al promedio mensual del año anterior.
• Estaría destinado a trabajadores independientes que en los dos años anteriores hayan emitido a lo menos 8 boletas a honorarios o en el último año, 4 boletas y que hayan cumplido con la obligación de realizar los pagos previsionales mensuales de 10,75%.
• El beneficio considera tres prestaciones continuas o discontinuas, con un límite superior de $500.000/mes como monto máximo. Para ingresos con un promedio mensual el año anterior menores a $320.500 el beneficio será del 70% de la caída de ingresos. Para un ingreso mayor a esa cifra, el porcentaje se calcula con un coeficiente cuya fórmula tiene como límite un resultado de $ 500.000 y está relacionada con la caída de ingresos.
• La devolución del préstamo se hará contra las retenciones de los años 2021, 2022 y 2023 en una proporción de 20%, 40% y 40%. Esto aumentará la tasa de retención de los honorarios en 2%.
• Para ello se considera un aporte fiscal extraordinario de US$ 300 millones para un potencial de beneficiarios de 1,2 millones. Lo anterior significa en promedio $200.000/beneficiario (aproximadamente $67.000/mes por beneficiario).

Sin duda, la idea de defender los ingresos de los trabajadores independientes es justa y positiva, sin embargo, la CEPS tiene una serie de reparos en cuanto al diseño y alcances del instrumento.

1. Goteo o fragmentación. Se requiere una política integral de sostenimiento de Ingresos

El Gobierno insiste con este proyecto de ley en su política de fragmentación de los apoyos, entregando beneficios distintos e insuficientes a diferentes sectores de trabajadores. Así, hay trabajadores que recibirán el subsidio de cesantía, otros el bono Covid-19, otros el subsidio IFE y ahora, este nuevo proyecto de ley apunta a la situación de los trabajadores independientes. Frente esa situación reiteramos la necesidad de una Política Integral de Sostenimiento de Ingresos para el 70 a 80 % de la población del país -que sufre los embates de la actual crisis sanitaria, económica y social- y que acompañe adecuadamente la contención del contagio de la población.

2. No nos parece conveniente reducirles los ingresos futuros a los honorarios, además la medida es insuficiente en monto

El monto proyectado claramente es mezquino para enfrentar esta pandemia, si se estima que el promedio es de $ 67.000/mes per cápita por prestación, situándolo muy cerca del ínfimo bono Covid de $ 50.000. Por otra parte, un monto de $ 200.000 es menor a un salario mínimo, lo que no alcanza a solventar las necesidades básicas de una familia chilena, no considerando, además, el número de sus integrantes, si ésta tiene 3, 4 o 5 personas.

Definitivamente no compartimos la modalidad de préstamo, fundamentalmente para los trabajadores independientes de bajos ingresos. De los “elegibles” el año 2019, la mediana, o sea, casi 585.000 trabajadores a honorarios, estaba en un ingreso mensual menor a  $ 225.000. ¿Esto tendrían descuentos en los próximos años de 13,75%, 14,75% y 15%? El promedio de ingresos de los 1.170.000 trabajadores a honorarios supuestamente elegibles para fines de la ley estaba en torno a los $ 500.000.

¿Cabe elevar los niveles de retención en un segmento de la población altamente endeudado?

Por último, una parte de importante de los honorarios tiene ingresos a lo largo del año bastante irregulares, por lo que mensualizar sus entradas dividiendo por 12 para determinar los montos máximos de caída ingresos para determinar el beneficio, más aún, con todas las irregularidades de los 12 meses anteriores del especial año recién pasado, no corresponde y sólo los tiende a perjudicar.

Con el mismo criterio del beneficio actual que se está usando para los sectores que han perdido sus ingresos en que estos deben ser reintegrados, el día de mañana podrían exigir que se devolviera el IFE o se pague a crédito, el valor de la canasta de alimentos.

3. Los excluidos del beneficio no son pocos. Hay problemas de cobertura y brechas de entrada.

Según la última encuesta de Empleo ENE (enero-marzo 2020) los trabajadores cuentan propia o independientes en el país ascienden en total a 1.756 mil, por lo tanto, una parte importante queda fuera. Sin embargo, a esto hay que dos condicionantes del proyecto de ley que conspiran en contra de la elegibilidad:

• Que los trabajadores independientes deberán tener mínimo 4 boletas de honorarios los 12 meses anteriores u 8 boletas, durante los últimos 24 meses. Por ejemplo, si un trabajador independiente ha sido contratado para un proyecto o un estudio de mediana duración, que implica pagos al inicio y final de éste, emite solo dos boletas al año, y queda por ese hecho fuera de este beneficio, lo cual es una cosa que no tiene sentido ni presentación alguna. Cabe señalar que esta es una situación bastante frecuente en los trabajos con el Estado o en trabajos de consultoría. En una primera aproximación habría 839.000 contribuyentes en esa situación, con menos de 4 boletas en un año.
• Que deben haber cumplido con la obligación de sus pagos previsionales previamente (10,75%). Al respecto cabe manifestar que hasta hace algunos meses atrás esto era voluntario para los trabajadores a honorarios. Todo indica que hay un grupo importante de ellos que no estaba cotizando, por la información pública existente al respecto. Valdría la pena cotejar esas cifras, para conocer a cuántos se estaría excluyendo por esta vía.

Finalmente, los trabajadores que boletean se han quedado en alta medida sin empleo. Probablemente sea una de las categorías laborales que está primero en la lista de los despedidos o “prescindibles”, cuando son dependientes encubiertos. Tanto el sector privado como el gobierno han hecho un intenso uso y abuso de esta precaria forma de contratación en los últimos años. Otros, trabajadores independientes son personas que viven al día. Son bastantes.  En general, son trabajadores que carecen de organización, con muy pocas defensas sindicales y contractuales. Es nuestro deber promover que en esta situación de crisis las medidas de protección para ellos sean realmente efectivas y oportunas, pero fundamentalmente, promovamos una política integral y realista de sostenimiento de ingresos de la población para que se contribuya eficazmente a la contención del contagio.

Coordinación

Comisión Económica PS (CEPS)

Santiago, 2 de junio, 2020.

El Ingreso Familiar de Emergencia requiere urgente refuerzo en monto y cobertura de hogares, entrega inmediata y automatización de los mecanismos de acceso. La situación de crisis no admite dilación.

El 23 de mayo el Gobierno inició la distribución a 499 mil hogares de la primera de tres cuotas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), señalando que el resto (1,2 millones) al cual se accederá mediante postulación vía Web estaría llegando el 10 de junio. En total estaría beneficiando 4,9 millones de personas.

La CEPS considera que los aportes o transferencias en dinero constituyen el vehículo más importante de apoyo económico a los hogares en situaciones de pandemia, evitando las salidas de las personas a trabajar por necesidad, posibilitando mantener la cuarentena en el período de mayor contagio (entrada del invierno).

Se hace evidente que los bancos no están llegando oportunamente con créditos a las pequeñas empresas lo que implica que sus trabajadores podrían no estar disponiendo de su salario. El sector informal que representa el 30% de la fuerza de trabajo no tiene acceso a subsidios de cesantía y crédito; mientras, el desempleo formal crece aceleradamente, con precaria cobertura.

Sabemos, además, que las transferencias monetarias activan la demanda de la economía local, mantienen el flujo de ingresos de los pequeños negocios de barrio y son sanitariamente menos riesgosas que otras medidas.  Por lo que, analizado el Ingreso familiar de Emergencia y por el importante rol que puede jugar en esta situación, estimamos que su formulación en materia de montos, cobertura de hogares, oportunidad en su entrega y mecanismos de acceso deben ser revisados a la brevedad.  Con su diseño actual no está a la altura de la situación enfrentada.

1. Cobertura insuficiente. EL IFE dice estar dirigido al 60 % de los hogares más vulnerables. Estos según la última CASEN albergan aproximadamente al 65% de la población nacional, equivalente a 12,5 millones de personas. Sin embargo, el IFE estaría llegando sólo a 4,9 millones. Existe un gran número de exclusiones previstas en la postulación que habla de una exacerbada focalización. Mientras que el Gobierno plantea una cobertura de 1,7 millones de hogares, en el 60% más vulnerable hay, aproximadamente, 4,3 millones de hogares. Se está dejando en los hechos a una gran cantidad de familias por fuera de este apoyo, que en estos momentos están realmente mal. Estimamos que se debería cubrir, a lo menos, la totalidad del 60% de los hogares más vulnerables.

2. Monto reducido y decreciente en el tiempo. El subsidio por persona va decreciendo en el tiempo, desde $ 65 mil en el primer mes a $ 45,4 mil, en el tercer mes, lo que no tienen lógica alguna ya que la situación de empleo no va a mejorar entre mayo y agosto y corresponde a los peores meses de la pandemia. No da lo mismo la oportunidad en que se entregan los recursos, las situaciones más críticas no esperan. El monto per cápita de $ 65 mil es muy inferior a una línea de extrema pobreza por persona que alcanza a $ 110 mil.  Con el agravante que con los requisitos de postulación que la autoridad calificará, sólo los hogares del Grupo 1 recibirán completamente el subsidio; los del Grupo 2, lo harán en un 50%; y los del Grupo 3, en un 61%.  Nuestro planteamiento es que el subsidio se mantenga parejo en el tiempo, durante los tres meses prorrogable, que a lo menos alcance a $ 320 mil por hogar y que no discrimine por grupos o tipologías de hogares.  

3. Mecanismos de acceso complejos. Sólo 499 mil hogares recibieron el subsidio en automático, todo el resto deberá postular hasta el 30 de mayo y sino alcanza a hacerlo durante ese corto tiempo, pierden la primera cuota (lo que parece bastante injusto para un derecho social).  El otorgamiento automático corresponde fundamentalmente a los hogares en extrema pobreza que ya recibieron el bono Covid-19. En otras palabras, el 89% de los hogares “elegibles” [1] debe postular allegando antecedentes y la postulación es sólo vía Web.  Es necesario recordar que existe más de un 40% de hogares que no tiene acceso a internet y que, entre los adultos mayores, sobre 70 años (eventuales candidatos al subsidio), la alfabetización digital es baja y también la escolaridad formal. [2] El Estado tiene gran cantidad de información en el Registro Social de Hogares y otras bases de datos administrativos y lo más probable es que la tendencia sea al deterioro de la situación registrada en la información que ya se tiene, por lo que no cabe insistir en su actualización que sólo retrasa y complejiza la postulación. Estimamos que el apoyo se debiera otorgar automáticamente al 60% de los hogares más vulnerables, sin necesidad de postulación, por los tres meses, eliminando fechas topes de postulación que hagan perder beneficios.   

La situación de crisis exige actuar ahora en proporción y con la oportunidad requerida. Los recursos están para ello, sólo se requiere voluntad política para mejorar la ayuda a los sectores más vulnerables.  

Coordinación Comisión Económica

 Partido Socialista

[1] Hasta 60% de vulnerabilidad en el Registro de Hogares

[2] El  de los mayores de 60 años 32% tiene educación básica incompleta o no tiene educación formal.

La obstinación del Gobierno cuesta vidas.

La pandemia del COVID-19 fue anunciada hace cinco meses y Chile ha tenido un tiempo para prepararse que países del hemisferio norte no tuvieron. Sin embargo, hemos asistido a un manejo que da prioridad al funcionamiento de la economía, que sólo ha buscado mitigar la propagación de la epidemia con una actitud especulativa, buscando un contagio progresivo de la población, sin prevención eficaz, centrado en lo hospitalario, subutilizando la atención primaria de salud (APS), con carencia de participación y transparencia, y con una cuestionada comunicación de riesgo.

Vemos con tristeza la explosión de contagios, el consecuente copamiento de los servicios de cuidados críticos en hospitales y clínicas en la RM, y un lamentable aumento en el número de muertes por COVID-19. Así, llegó de forma tardía la cuarentena total en el Gran Santiago y estamos presenciando medidas desesperadas de reconversión de camas de pediatría para adultos, uso de ventiladores de pabellones, órdenes de ampliación de camas en el sector privado, traslados de pacientes graves a regiones con menos presión asistencial para hacer frente a esta realidad. Todo esto es necesario, pero insuficiente. Al mismo tiempo, crecen los contagios en otras regiones del país. Vienen tiempos difíciles.

Llamamos al gobierno a implementar una estrategia para avanzar hacia la supresión* de la epidemia en todo el país, evitando contagios que son prevenibles. Llamamos a ampliar la cuarentena total a todos los centros urbanos con transmisión comunitaria del país hasta lograr controlar la epidemia según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a priorizar la protección a los equipos de salud. Así también a implementar medidas económicas y sociales necesarias para que las personas puedan quedarse en casa, evitando criminalizar a quienes hoy, por desesperación, no pueden cumplir la cuarentena total.

Junto a lo anterior, la OMS y expertos en Chile han indicado que la estrategia medular de control de la epidemia es el testeo masivo, con rastreo de contactos y aislamiento en condiciones que garantizan su cumplimiento, llamando a la Atención Primaria a asumir un rol central. Damos cuenta de la urgencia de implementar estas medidas en el país. Si bien, el testeo ha aumentado, la capacidad de escalar la respuesta ha sido tardía, a la APS no se la ha otorgado un rol central, el rastreo de contactos ha sido insuficiente, los aislamientos de casos se han vulnerado, y no se cuenta con residencias sanitarias con capacidad para recibir a todas las personas contagiadas que no tienen las condiciones para aislarse en sus hogares.

De igual forma, es urgente lograr una adecuada comunicación de riesgos que genere confianza en la población para guiar su actuar, lo cual supone transparencia de la información y trabajo colaborativo con la sociedad civil, recuperando experiencias altamente exitosas del país, como la campaña contra el cólera y la influenza H1N1. Hasta ahora la transparencia ha sido insuficiente, tanto en la entrega de datos como en los procesos de toma de decisiones, no permitiendo a la comunidad científica ni de la salud ayudar en anticipar el comportamiento local de la epidemia. En cambio, el gobierno ha centrado su actuar en búsqueda de pequeños logros comunicacionales que han terminado generando señales confusas a la población, tales como el “retorno seguro” y la “nueva normalidad”.

Interpelamos a la autoridad para asumir su responsabilidad política, reconociendo y enmendando las deficiencias en las estrategias emprendidas, implementando con humildad un liderazgo moderno y basado en un verdadero dialogo con todos los sectores sociales y políticos.

No queda tiempo. No queda margen de error

Comisiones de Salud
Partido Socialista
Partido por la Democracia
Revolución Democrática
Partido Comunista
Federación Regionalista Verde Social
Convergencia Social
PRO
Partido Humanista
Comunes
Partido Liberal
Partido Demócrata Cristiano

*Supresión, tomado del inglés “suppression” se refiere a la estrategia tal de mantener un muy bajo nivel de casos (Ro menor a 1) hasta que se genere una vacuna o tratamiento efectivo, a diferencia de una estrategia de “mitigación” que consiste en una menor intensidad de medidas, permitiendo contagios, hasta que se alcance una inmunidad poblacional (70%). Ver: Ferguson et al. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, Imperial College COVID-19 Response Team, London, 2020.

Los presidentes de los partidos de la Convergencia Progresista solicitamos al Gobierno que deje de improvisar con anuncios como la entrega de 2.5 millones de cajas de alimentos a comunas vulnerables, sin la debida planificación logística, creando demoras en la concreción de esta ayuda, y con declaraciones confusas sobre quiénes serán los destinatarios de esta ayuda de emergencia. Creemos que en el Gobierno primó el ansia de mostrar un logro comunicacional, por encima de una solución eficiente que permitiera ir en auxilio de las familias más necesitadas en cuarentena.

La alimentación no es un bien cualquiera, sino que es el piso para la vida humana. Más aún, nuestra vida en sociedad se basa en que hay mínimos requerimientos de subsistencia que deben estar cubiertos. Sin eso, empiezan a aflorar conflictos difíciles de controlar, como los que se vivieron en las comunas de El Bosque y La Pintana, tras el anuncio de las cajas y la exigencia de los vecinos por recibirlas. Hoy hay miedo al hambre en nuestro país.

Por ello, el Estado debe acudir cuanto antes a resolver esos requerimientos básicos, eligiendo las vías más eficientes, y no generando expectativas como lo que vimos esta semana pasada con la cadena nacional del Presidente de la República.

Chile tiene un prestigio internacional bien ganado en la lucha contra la pobreza. Parte de ello se basa en una focalización adecuada de los recursos, y un sistema de protección social que permite identificar a las personas más vulnerables. Dicho sistema se ha utilizado durante diversos gobiernos para ayudar a las personas, con bonos por ejemplo. El Gobierno prefirió un artefacto comunicacional en vez de utilizar la institucionalidad ya conocida, que incluye los municipios y otras instituciones que atienden a los chilenos y chilenas más necesitados.

Llamamos al Presidente a corregir cuanto antes estos errores y a preferir otro camino. Hay dos alternativas posibles que se pueden explorar. La primera es transferir fondos adicionales directamente a las familias de las personas vulnerables en cuarentena, para que no tengan que salir a buscar su sustento diario, violando el confinamiento. Una segunda alternativa es un programa de vales de alimentos o “food stamps”, consistente en transferencias electrónicas a beneficiarios de bajos ingresos, o sin ingresos, de montos que se depositan en tarjetas de los beneficiarios, para adquirir alimentos en supermercados y almacenes participantes del programa.