Entre los mecanismos contra mayoritarios que dispone la actual Constitución están las atribuciones del Tribunal Constitucional. La Derecha, cuando su opinión no ha prevalecido por ser minoría en el Congreso Nacional, ha tenido la práctica sistemática de recurrir a él.

Ello ha generado conflictos respecto de la distribución de la píldora del día después; la reforma al sistema Binominal; la reforma laboral; la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y, durante los últimos días, con la reforma al Servicio Nacional del Consumidor.

Este estado de cosas pone en riesgo nuestra democracia, ya que el TC cuenta con atribuciones que vulneran las funciones del Poder Legislativo, cuyo principal objeto es, justamente, la creación de las leyes.

Es por ello que hemos considerado del todo pertinente presentar una reforma constitucional para introducir dos modificaciones que tienen como propósito que el Tribunal Constitucional no afecte la legitimidad del proceso de tramitación legislativa.

Se propone eliminar la facultad que actualmente tiene el TC para ejercer el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, tanto obligatorio como voluntario.

La elaboración de las leyes debe siempre ser expresión de la voluntad soberana, manifestada mediante quienes han sido electos por la ciudadanía: los parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso Nacional y el Presidente de la República. Por ello, diez jueces no deben anteponerse a la decisión de una comunidad política.

Proponemos terminar con la absoluta falta de control sobre la conducta de los miembros del Tribunal Constitucional.

Actualmente son las únicas autoridades sobre las que la Constitución ni la Ley disponen de un mecanismo de responsabilidad alguno sobre ellos, lo que escapa de cualquier estándar democrático. Por ello, planteamos incluir a los Ministros del TC como autoridades acusables constitucionalmente.

Finalmente, planteamos reducir el período de nueve años en el ejercicio de su cargo a cinco, más adecuado al principio de responsabilidad y control sobre las autoridades en cualquier democracia.

Esperamos contribuir a un debate transversal en torno al rol que debe jugar el Tribunal Constitucional en un Estado democrático.

Noventa días a contar del 11 de marzo tendrá el Mandatario electo, Sebastián Piñera, para dar curso a un fideicomiso ciego, el que, según anunció durante la campaña presidencial, iría “más allá” de lo que exige la normativa actual incluyendo activos fuera de Chile.

Además del Presidente electo, quienes también están afectos a esta disposición son los 23 ministros que ya fueron designados y otras autoridades.

En este escenario, senadores del PS y el PPD pidieron al futuro Gobernante y su equipo ministerial agilizar el proceso y concretar los mandatos, incluso antes de asumir la conducción de La Moneda. El senador Rabindranath Quinteros (PS) afirmó que “hay una serie de ministros que vienen del mundo privado y que están relacionados con grandes empresas. Evidentemente la opinión pública mira eso con ojos diferentes. Me parece bien que esto (fideicomiso) se haga antes de asumir los cargos. En estos casos tenemos a varios personajes: Felipe Larraín, el ministro Fontaine, Santelices, Ramón Valente. Bueno, Moreno para qué decir”.

El senador agregó que “el Presidente electo admira mucho a Trump, entonces que lo imite. Trump, antes de asumir, llegó a la Casa Blanca y mostró como 25 cajas y que ahí estaba estipulado lo que iba a hacer. Es bueno para la transparencia que la ciudadanía exige”.

Desde el PPD, el senador Jaime Quintana recordó que “al inscribir su candidatura, Sebastian Piñera prometió ir más allá de la ley en materia de fideicomiso. Espero que cumpla esa promesa, por el bien de su propio gobierno, evitando así repetir los conflictos de interés de su primera administración. Lo aconsejable es que al momento de asumir el Presidente y su gabinete tengan a disposición de la ciudadanía la respectiva declaración de patrimonio e intereses y desde luego la celebración del mandato especial de administración y la enajenación de ciertos bienes, como ordena la ley”.

En paralelo, el senador Alfonso De Urresti (PS) agregó: “Sería bueno que esto (fideicomiso) se hiciera antes, que no se repitiera la larga letanía respecto de sus bienes y su patrimonio. Esto tiene que incluir al gabinete, tiene que haber plena transparencia en esta situación”.

Según dicta la Ley de Probidad, el Presidente y los ministros “que sean titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras” que posean un valor total de más de UF25 mil, que es cercano a $670 millones, deberán optar entre dos alternativas.

La primera considera “constituir un mandato especial” o “vender las acciones y valores a que se refiere este capítulo, al menos, en lo que exceda a dicho monto”. Según señalan en el mercado de inversiones, algunos de los futuros secretarios de Estado ya habrían avanzado en las negociaciones para concretar sus mandatos (ver B2).

”Hay una serie de ministros que vienen del mundo privado y que están relacionados con grandes empresas. La opinión pú- blica mira eso con ojos diferentes”. RABINDRANATH QUINTEROS SENADOR PS

Política
El Mercurio

Con el nombramiento de su nuevo gabinete ministerial, el presidente (e) Sebastián Piñera tenía una oportunidad histórica: la de dejar atrás, de manera rotunda y definitiva, el fantasma de los conflictos de interés que lo persiguió durante los 4 años de su gobierno anterior.

El mandatario, sin embargo, optó por el camino que le pareció más cómodo. Repitió algunos nombres y nombramientos. Recurrió a los familiares, a los cercanos, a los amigos y a los leales. Y en ese tránsito, la dualidad promiscua entre negocios y política, o peor aún, entre los negocios y la administración del Estado, volvió a instalarse sin mayores contratiempos.

Algunos de los nuevos ministros dejarán sus sillones en los directorios de gremios y asociaciones para dedicarse a los temas de quienes eran, hasta ayer, un problema para esos mismos gremios y asociaciones.

Habrá que ver como Alfredo Moreno enfrenta el tema mapuche, que tantos dolores de cabeza provocaba a los socios de la CPC, ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social.

O la manera en que el nuevo ministro de Economía, José Ramón Valente, férreo defensor de las AFP (aunque no cotice en ellas), se desempeña ante materias que preocupan a los chilenos, desde el sistema previsional a la ley de Pesca, pasando por el rol del SERNAC.

Por el bien del país, nadie puede esperar que al nuevo gabinete le vaya mal. Otra cosa es creer que todos los nuevos ministros están debidamente capacitados para enfrentar los desafíos que imponen sus carteras.

Hay un evidente sello conservador en la conformación del gabinete. Es, sin duda, un equipo en varios casos más experimentado y también más político. No pocos de sus integrantes han manifestado durante estos años una férrea oposición a las reformas de Bachelet y han mostrado un discurso alineado con los valores de una derecha tradicional y conservadora, ajenos, si es que no explícitamente contrarios, a la agenda de temas que la misma sociedad chilena ha definido.

Es cosa de revisar las columnas y las entrevistas en la prensa o las opiniones en las redes sociales de los nuevos ministros. Más que un puente con la ciudadanía, creo que en no pocos casos van a constituir un verdadero muro de contención a las demandas de los chilenos y una traba a los avances en los derechos sociales colectivos e individuales hasta ahora logrados.

El presidente dejó entrever hace algunas semanas que nadie se repetiría el plato en el gabinete. Finalmente no fue así.

Más allá de los nombres, el principal reincidente es el conflicto de interés. Pudo resolver el nudo, pero prefirió repetir la fórmula. La llamada “derecha social” todavía no asoma.