La manera en que el gobierno pretende materializar estos acuerdos es mediante la creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera discrecional para hacer un trabajo pre legislativo. Read More
La manera en que el gobierno pretende materializar estos acuerdos es mediante la creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera discrecional para hacer un trabajo pre legislativo. Read More
El Jefe de Bancada del PS, Manuel Monsalve, criticó al gobierno luego de que este citara a una serie de personalidades a conformar una comisión para protección de la infancia. Al respecto, el legislador Socialista dijo que “el Presidente Piñera no está haciendo bien las cosas” y agregó: “Por ello, emplazamos al gobierno a colocarle urgencia a los proyectos de ley sobre infancia que están en tramitación”.
Elñ legislador PS sostuvo que “tenemos el mayor interés de avanzar rápido en los temas de infancia. Todo Chile sabe que se requiere urgencia para resolver, por ejemplo, la situación del Sename y queremos dialogar y llegar a acuerdo. Pero para que eso suceda, las cosas tienen que hacerse bien y el gobierno del Presidente Piñera está haciendo mal las cosas, impidiendo que podamos avanzar con la rapidez que el país quiere”.
Según Monsalve, “Es difícil llegar a acuerdo cuando se constituyen comisiones cuyo principio es la exclusión. Primero, no se considera a los presidentes de las comisiones de Constitución y de Familia, de la Cámara de Diputados. Si todos sabemos que los principales proyectos para resolver los temas de infancia, que son crear el Servicio Nacional de Protección para los niños vulnerados o el sistema de atención para los infractores de ley se tramitan en estas comisiones”.
“¿Qué valor puede tener una comisión donde están excluidos los presidentes de las comisiones, donde los proyectos se van a tramitar? En segundo lugar, ¿Cómo se puede llegar a acuerdo en comisiones designadas?. Es a los socialistas a quienes nos corresponde representar en esa instancia. No le corresponde al Presidente Piñera, elegir qué socialista nos representa”, recalcó el Jefe de Bancada PS.
Frente a este escenario, Monsalve afirmó: “Quiero decirle al gobierno del presidente Piñera que no hay que perder el tiempo. En el gobierno pasado se tramitó la ley que crea el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, se impulsó el proyecto para modificar las atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y crear la Defensoría de la Niñez, que durante años, se sabe que hay que reformar el Sename y ya hay dos proyectos de ley que están el Congreso”.
“Presidente: si usted quiere demostrar preocupación por los niños y quiere mostrar acuerdos, ese acuerdo se toma en el Congreso. Emplazamos al gobierno a colocarle urgencia a los proyectos de ley y en conjunto con la presidenta de la Cámara, Maya Fernández y la bancada de diputados socialistas, estamos dispuestos a que las comisiones sesionen todos los días si es necesario para tratar estos temas con la urgencia que se requiere”, comentó el parlamentario PS.
Por Isabel Allende, senadora PS por Valparaíso
Que a una institución de educación superior se le prohíba lucrar significa que la misma no podrá retirar sus utilidades o ganancias, sino que deberá reinvertir sus excedentes en fines educacionales, siendo el principal de estos, la mejora en la calidad de la enseñanza impartida.
Desde la creación del nuevo sistema de educación superior instaurado por la dictadura, las principales regulaciones del mismo (DFL N°1 de Educación de 1980, LOCE -dictada un día antes de la vuelta a la democracia en 1990- y Ley General de Educación de 2009) han establecido la obligación de que las universidades sean corporaciones sin fines de lucro.
Entonces, si es que desde 1980 toda nuestra legislación prohibía el lucro, ¿por qué dichas normas fueron infringidas por ciertas instituciones, las que generaron utilidades y ganancias que fueron a parar al bolsillo de sus dueños? Ello porque, precisamente, los controladores de dichas universidades sin fines de lucro eran sociedades de inversionistas o grandes empresas. Por consiguiente, si tenemos controladores cuyo fin es maximizar sus utilidades, es claro que los mismos invierten en educación sólo con el objeto de conseguir sus objetivos de lucro.
De esta manera, se daba la contradicción que una corporación sin fines de lucro era controlada por otra persona jurídica que sí lo tenía, configurándose con esto un conflicto de interés. Ello abrió una puerta para que la educación superior fuera vista como un negocio para diversos “emprendedores”, trayendo consigo la proliferación de universidades de dudosa calidad, la aparición de diversas carreras que no tienen un campo laboral futuro, y el endeudamiento de miles de jóvenes.
Por esto es que no puede subvalorarse -como lo hace el gobierno de Piñera y parlamentarios oficialistas- que el artículo 63 de la nueva ley de educación superior fuera eliminado por el Tribunal Constitucional, ya que es parte del corazón de la reforma, en conjunto a la calidad y la gratuidad.
Debido al fracaso de las normas que prohibían el lucro desde antaño, la nueva ley propuso un sistema regulatorio que garantizaría la fiscalización de la misma, para lo cual era elemental que los controladores de las instituciones de educación superior no tuvieran fines de lucro, y así no generar incentivos que permitiesen que se persiga el mismo, entendiéndose por controladores, quienes tienen“el poder para asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o para elegir a la mayoría de los directivos o, designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos”.
Esperaremos el fallo del TC para saber qué pasos tomar para garantizar el término del lucro. Reponer la disposición puede ser una alternativa, mejorando eso sí, la restricción de participación de toda entidad con fines de lucro en el sistema educacional, armonizándolo con la sentencia del Tribunal. Otra opción es plantear una reforma que incluya en la carta fundamental la prohibición del lucro. A su vez, no descartamos plantear nuevamente el establecimiento de figuras penales que sancionen con cárcel a quienes retiren utilidades de las universidades, lo cual se ha realizado por años, pese a que ha estado estrictamente prohibido por la anterior legislación.
Por Alfonso De Urresti, senador socialista por Los Ríos
Lo del Tribunal Constitucional no es nuevo. Sus fallos casi siempre terminan estando al servicio del orden político hegemónico. Como demostración ahí está su actuación frente al proyecto de reforma laboral del anterior Gobierno, donde a partir de un requerimiento de Chile Vamos declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación.
Luego frente a la iniciativa de interrupción del embarazo en tres causales, la magistratura resolvió suprimir del párrafo del artículo 119 ter el concepto “en ningún caso”, que significó ampliar la objeción de conciencia desde el plano individual al institucional, facilitando que hoy varias clínicas y hospitales hayan comenzado a negarse a ejercer esta prestación a las mujeres que lo solicitasen.
Finalmente en el caso del Sernac, a través de un control de constitucionalidad obligatorio y rutinario, declaró al margen de la Constitución las nuevas facultades de sanción y normativa que había aprobado el Parlamento, desprotegiendo aun más a los consumidores frente al comercio y las empresas.
La actual carta magna -hecha en dictadura y que en democracia aun muchos se niegan a cambiar por una nueva- genera un TC cuya principal razón de ser es aumentar el poder de los conservadores de siempre, que buscan ganar por secretaria lo que pierden en el legítimo debate democrático que se realiza en el Congreso. Salgado y Atria lo dicen muy bien al destacar que “su finalidad no es destrabar, sino entorpecer el proceso político… para impedir que se modifiquen nuestras estructuras legales más característicamente neoliberales”.
Un grupo de senadores socialistas hemos presentado un proyecto de ley que busca eliminar la facultad de control preventivo de los proyectos de ley que hoy ejerce el Tribunal y por primera vez hacer procedente la acusación constitucional en contra de sus magistrados por infringir la Constitución.
Hoy el TC ha repuesto, en los hechos, la figura de los “senadores designados”. Lo que busca nuestra moción es rescatar el respeto a la soberanía popular alojada en los representantes elegidos para integrar el Congreso.
La nueva administración ha enfatizado su interés de avanzar en acuerdos con la oposición. Pues aquí tiene la oportunidad, apoyando esta moción, de dar una señal clara de su vocación democrática y de respeto por el soberano.
La Bancada de Diputados Socialistas anunció que buscaran alternativas para reponer el “espíritu de la norma”, luego de que el Tribunal Constitucional decidió por 6 votos contra 4, eliminar el artículo clave que prohibía a universidades tener sostenedores con fines de lucro.
Al respecto, el Jefe de Bancada PS, Manuel Monsalve, dijo que “con el fallo del TC, yo veo que la derecha quiere gobernar por secretaría en Chile. Hay que ser francos, ahora la derecha chilena no sólo controla el gobierno, sino que también tiene mayoría en el TC y quiere cambiar la ley a espaldas de la ciudadanía”.
“No vamos a cometer el mismo error que comete la derecha, el debate debe hacerse en los espacios institucionales y la Bancada del PS evaluará la posibilidad de presentar un proyecto de ley para reponer el espíritu de la norma, que no sólo había sido aprobada por el Parlamento, sino que también fue respaldada por una serie de actores y fuerzas sociales de la sociedad chilena, dijo Monsalve”.
En esta misma línea, el parlamentario socialista agregó que “esta situación está ocurriendo en otros ámbitos como Salud, donde se modificó por decreto, la implementación de la ley sobre interrupción del embarazo en tres causales. Hoy vemos como algo parecido ocurre con este fallo del TC, donde los partidarios de Piñera tienen mayoría y han logrado echar abajo un artículo que fue aprobado democrática y mayoritariamente por el Parlamento”.
“Lo peligroso”, a juicio de Monsalve, es que “la derecha está buscando imponer su visión de la sociedad al margen de los espacios institucionales que posee la democracia chilena. Si alguien o la derecha no está de acuerdo con una ley, lo que corresponde es que el gobierno envíe un proyecto de al Parlamento para que se discuta, en forma transparente y de cara a los ciudadanos y contraponiendo los distintos puntos de vista que tienen las fuerzas políticas que conviven en Chile”, señaló el Jefe de bancada PS.
En este mismo sentido, el diputado Manuel Monsalve dijo que “querer modificar las leyes por secretaría es una conducta que hace ver a la derecha como una fuerza profundamente antidemocrática, que quiere saltarse los espacios institucionales que tiene Chile”.
Por su parte, del Diputado PS e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana, planteó que “lo que hace el fallo del TC, a nuestro juicio, es quitarle a nuestro país y a los jóvenes de Chile, la posibilidad de acceder y recibir una educación superior de calidad, para regalárselas a quienes buscan enriquecerse a costa de ellas”.
“Este es un fallo antidemocrático, que responde a una institución que ha ido permanentemente entregando opiniones sobre materias que han recibido un respaldo importante de la ciudadanía. Es por ello que esperamos saber la opinión del ministro de Educación, para saber si está con esta resolución, que devuelve el lucro a la educación o está por reponer el espíritu de la norma”, señaló el diputado por el distrito de Atacama.
De esta forma, el diputado de la Comisión de educación recalcó finalmente que “los Socialistas estamos en contra del lucro en la Educación, ya que se desdibuja el horizonte principal que es entregar educación de calidad y cuando existe lucro, el objetivo principal deja de ser ese y pasa a serla generación de ganancias para sus dueños o sostenedores y esto, los diputados y senadores del PS no lo vamos a permitir”, concluyó el diputado PS Juan Santana.